El fiscal superior de Cataluña ha ordenado a los Mossos D’escuadra para que identifiquen a los responsables de los centros designados como colegios electorales para tomarles declaración como testigos, a fin de que hagan entrega de la documentación que posean y para apercibirles de su obligación de no ceder las instalaciones para la celebración del referéndum de autodeterminación y de comunicar cualquier tipo de amaneza o coacción.

En una instrucción fechada este lunes, José María Romero de Tejada pide a la Policía de la Generalitat que se persone en los centros educativos o administrativos que harían las funciones de colegio electoral en la consulta del 1 de octubre -suspendida por el Tribunal Constitucional– para que pregunten si han recibido alguna comunicación del departamento de Enseñanza solicitando su colaboración en la celebración del referéndum e intervengan todo material electoral que hayan recibido (papeletas, urnas, listados de votantes y ordenadores, entre otros efectos).

La orden del Ministerio Fiscal se produce tras tener conocimiento a través de «distintas fuentes del ámbito de educación» de que desde el Govern han contactado con la dirección de los centros para pedirles que introduzcan las llaves y la contraseña de la alarma de seguridad del edificio dentro de un sobre y lo depositen en alguna de las 10 oficinas de los servicios territoriales este viernes, dos días antes del 1-O.

Los directores de colegios tienen la obligación de comunicar si reciben amenazas o coacciones

En este sentido, los Mossos tienen la indicación expresa de informar a los responsables de los centros educativos que la entrega de llaves o claves de seguridad de los locales a cualquier persona privada o pública -incluida la Administración educativa- podría ser considerado un acto de colaboración en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, «dando lugar a responsabilidad penal y civil por tales infracciones».

En el supuesto de que las llaves estuvieran ya entregadas por un duplicado o la Generalitat dispusiera ya de una copia, «se le advertirá de su obligación de impedir la apertura sin su autorización, así como la de denunciar sin demora a la policía la presencia en su centro de personas ajenas al mismo».

«Sin fundamento legal»

El fiscal aprovecha su escrito para recordar que «es rotundamente falsa y sin fundamento legal cualquier comunicación administrativa que le garantice que la entrega del control del local del que es legalmente responsable le exima de responsabilidad en delitos derivados de la organización del referéndum».

Los directores de los centros educativos también la obligación de poner «inmediatamente» en conocimiento del Ministerio Público o a través de los Mossos de cualquier tipo de amenaza, coacción o presión que reciban para que ceden los locales, a fin de que se puedan ejercer las acciones oportunas.