A la hora del café los españoles no van a discutir sobre si el contenido de una ley orgánica puede o no ser modificado a través de un decreto ley. Es un tecnicismo que se escapa al común de los votantes.

Y si se frenara la ampliación del permiso de paternidad aprobada a bombo y platillo por el Gobierno de Sánchez en uno de sus “viernes sociales”, es improbable que la discusión se centre en estas cuestiones legales. Por eso Ciudadanos arriesga mucho planteando dudas sobre la constitucionalidad del real decreto 6/2019.

Pese a ser el de Albert Rivera el grupo que más hizo por impulsar la ampliación del permiso de paternidad, que llevaba en su programa electoral, cuando Mariano Rajoy todavía estaba en el Gobierno, puede paradójicamente pasar a la memoria colectiva como el partido que frenó su entrada en vigor.

En realidad, lo que Ciudadanos cuestiona no es la necesidad de la medida sino si las apresuradas formas del Gobierno de Sánchez para aplicarla en vísperas de la campaña electoral son o no legales. Y si el decreto ley de ampliación del permiso de paternidad decae por inconstitucional, algo que deberá decidir la Diputación Permanente estudiando el informe de los letrados, en teoría sería una buena noticia para la formación naranja porque el dictamen jurídico le estaría dando la razón a Ciudadanos. Otra cosa es que el tiro del recurso le salga electoralmente por la culata porque al final lo que más cala en la opinión pública sea el fondo y no las formas.

Los decretos leyes a borbotones de los viernes sociales, esas normas estrella con las que el Ejecutivo quiere llegar al 28-A ensalzando su gestión de carácter social, pueden resultarle muy útiles a Sánchez incluso aunque ni siquiera salgan adelante.