En vísperas de que se cierre el plazo para la publicación de encuestas electorales -una limitación que debería haber sido levantada hace ya mucho tiempo y que no tiene a estas alturas el menor sentido- seguimos como estábamos en los comienzo de esta campaña electoral que ha llegado ya a su ecuador y las incógnitas, no sobre el ganador de los comicios sino sobre los pactos posibles para conseguir una mayoría de gobierno, continúan, sin despejarse lo más mínimo.

En definitiva, lo único que sabemos con toda seguridad es que el PSOE de Pedro Sánchez va a ganar las elecciones pero  va a carecer del suficiente número de escaños como para poder garantizarse por sí solo una investidura. Y a partir de ahí se abren todas las incógnitas porque en ningún sondeo los números con Podemos, tampoco en el que publicamos este domingo del Instituto DYM para El Independiente y Prensa Ibérica, le dan la mayoría necesaria, con lo que el panorama se abre a otras opciones en mi opinión mucho más peligrosas.

Y eso es porque tanto ERC como los de JxCat ofrecen su apoyo al presidente a cambio, naturalmente, de que éste esté dispuesto a pagar una factura que, si no podría nunca ser la aceptación de un referéndum de autodeterminación porque eso va contra la Constitución española y contra la soberanía nacional, sí podría abrir la puerta a cesiones que satisficieran en parte las pretensiones de los independentistas de presentarse ante el mundo como un ente distinto de una España con la que negocian de igual a igual. O que les liberaran de la cárcel.

Lo más alarmante de esa hipótesis no es la posición públicamente expresada por Sánchez durante esta campaña en el sentido de que "nunca, nunca va a haber referéndum ni independencia" sino en la tranquilidad con la que han sido recibidas sus palabras por parte de los líderes secesionistas juzgados en el Tribunal Supremo. Escuchar a Jordi Sánchez expresar su seguridad en que al final el PSOE va a aceptar un referéndum de autodeterminación provoca un respingo de intensa alarma en la opinión pública que, en su inmensa mayoría, no suscribe la posibilidad de que el presidente termine por recurrir a los independentistas para sumar la mayoría necesaria para ser investido.

Y leer que Oriol Junqueras está dispuesto a garantizar un gobierno estable de los socialistas porque  "ni por acción ni por omisión", atentos a esta última palabra, van a  permitir los de ERC un gobierno de "extrema derecha", llena igualmente de inquietud porque, eso sí, Junqueras aclara que su disposición hacia el PSOE no debe interpretarse como un posible "regalo" a los socialistas porque su partido no renunciará en ningún caso al referéndum de autodeterminación ni a la independencia.

El poder político no tiene que posicionarse ante una sentencia judicial y mucho menos ante una condena por intentar destrozar territorialmente España y jurídicamente la Constitución

Y este es el panorama postelectoral que en principio se ofrece a los españoles tras el 28 de abril. Por eso tiene todo el sentido que los líderes del centro derecha insistan en pedirle a Pedro Sánchez lo que éste se resiste como gato panza arriba a dar: una garantía firme de que no se dispone a indultar a los procesados y juzgados por el Tribunal Supremo si se produce, como es más que probable, una condena de éstos. Lo alarmante es que no hay manera de que ningún miembro del Gobierno haya dado la menor seguridad en ese sentido. Mucho más alarmante es lo que el propio Pedro Sánchez dijo en una entrevista hace apenas diez días de que "una vez haya que sentencia, el poder político tendrá que posicionarse".

Esto es lo alarmante y hasta lo escandaloso. El poder político no tiene que posicionarse de ninguna de las maneras ante una sentencia judicial y mucho menos ante una sentencia que condene a unos presos juzgados por intentar destrozar territorialmente España y jurídicamente la Constitución. ¿Qué quiere decir el señor Sánchez con esa frase nada enigmática? Porque ni el Gobierno, ni los partidos políticos tienen nada más que hacer que acatar la sentencia que sea y la Administración poner los medios para que ésta se cumpla en todos sus términos.

De otro modo, si se diera el caso, que no lo sabemos, de que un futuro gobierno decidiera indultar a los condenados estaría arrasando de modo inmisericorde la independencia del poder judicial al dejar sin efecto de modo inmediato las penas impuestas a una serie de personas que han cometido supuestamente -y por eso están siendo juzgadas- uno de los delitos más graves contenidos en nuestro Código Penal. Eso sería tanto como reírse del Tribunal Supremo y del extraordinario trabajo que están llevando a cabo los siete magistrados de su Sala de lo Penal. Y no sólo de ellos, sino del conjunto de los españoles.

Pero que esa podría ser una medida en forma de ofrecimiento que podría estar sobre la mesa de una negociación de investidura y aun de un pacto de legislatura es una sospecha que nadie más que el Gobierno ha alentado de manera activa en los últimos meses y que el presidente concretó cuando dijo que el poder político tendría que posicionarse una vez conocida la sentencia del Tribunal Supremo.

Por eso, porque la necesidad del PSOE de contar con más apoyos que los que le van a proporcionar sus propios escaños, porque la disposición declarada de los independentistas es ofrecer esos apoyos suplementarios a Sánchez y porque ya han explicado que esos apoyos no serán en ningún caso gratis, tiene todo el sentido que Pablo Casado y Albert Rivera presionen los próximos lunes y martes al presidente del Gobierno para que despeje las dudas sobre sus auténticas intenciones.

No le va a resultar fácil a Pedro Sánchez enfrentarse y ganar en este punto el duelo por partida doble al que se va a tener que enfrentar esta semana. Se comprende que esto no sea lo que él hubiera querido.

También es verdad que todavía queda abierta la opción de un pacto PSOE-Ciudadanos que todos los sondeos, también este del Instituto DYM, dan como posible pero en ningún caso seguro y no sólo porque no haya acuerdo entre las dos formaciones sino porque la suma de escaños de ambas no baste al final para cerrar una investidura de Sánchez.

La conclusión es que todos, lo que se dice todos, ignoramos por completo lo que pueda pasar el 28 de abril.