Hay muy pocas dudas, por no decir ninguna, de que la pretensión anunciada de Pedro Sánchez de nombrar presidente del Senado a Miquel Iceta, que ni siquiera es senador, es un gesto cargado de intencionalidad política y dirigido urbi et orbi a los independentistas, a su propio partido y a los partidos constitucionalistas que se han quedado en la oposición. Porque Iceta no es sólo un carácter. Es también un político con una trayectoria muy definida y cuyas opiniones sobre el conflicto catalán han hecho en múltiples ocasiones de avanzadilla de los movimientos que el Gobierno se proponía dar o que el Gobierno pretendía pulsar ante la opinión pública.

Desde luego, y aunque no lo necesite para nada porque el PSOE goza de la mayoría absoluta en el Senado, la propuesta del primer secretario de los socialistas catalanes como primera autoridad en la Cámara Alta va acompañado de la siguiente afirmación implícita: mientras yo sea presidente del Gobierno, no se volverá a aplicar en Cataluña el articulo 155 de la Constitución.

Y eso tiene una serie de derivadas por las que sin duda va a intentar transitar el nuevo Gobierno que se constituya después de que pasen las elecciones del 26 de mayo. Una de ellas es que Sánchez va a insistir en la vía del diálogo, en la que sigue creyendo aunque sólo sea como procedimiento para desactivar en la medida de lo posible las apuestas más radicales, que serán las que provengan de Waterloo de la mano de Puigdemont y su gente. Con Iceta como mascarón de proa en el Senado, Pedro Sánchez va a abordar previsiblemente los primeros pasos que puedan desembocar en una reforma de la Constitución que rehagan el famoso "encaje" de Cataluña en España y que permitan por esa vía que se pueda celebrar un referéndum en todo el país y, una vez abordado éste primero, promover  un nuevo Estatuto catalán que convoque en exclusiva a los catalanes en referéndum.

Sánchez quiere reconducir al independentismo por la senda de las cesiones que quepan en una Constitución reformada

Ése es el plan global y a largo plazo de Sánchez que ya dijo en su día que los catalanes "no han votado su Estatuto" porque lo hicieron varios años antes de que el Tribunal Constitucional modificara 14 artículos de un texto estatutario de 223 y 15 disposiciones adicionales. Bien es verdad que en otros muchos de esos artículos el Constitucional optó por aceptarlos siempre que se interpretaran en un cierto sentido y no en otro. Lo que Sánchez quiere, y por lo que sigue apostando, es por reconducir al independentismo de la sociedad, más que al de las élites gobernantes, por la senda de las cesiones que quepan en una Constitución reformada.

De momento, y antes de entrar en tales recovecos y aventuras, lo que pretende el presidente ofreciéndoles a Iceta al frente del Senado es transmitirles su voluntad de dialogar, lo que en lenguaje crudo significa negociar. Para eso el socialista catalán es idóneo porque es un personaje inteligente y dúctil que se ha abstenido en los últimos tiempos de tomar posición abierta al lado de los partidos constitucionalistas del centro derecha aunque sí asistió a aquella manifestación multitudinaria que convocó un 8 de octubre de 2017, siete días después de que se hubiera producido el referéndum fraudulento e ilegal, a una auténtica multitud que portaba banderas españolas y clamaba a favor de una España unida.

Pero ya ese día, el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, decía una vez más que su partido -que no se había sumado oficialmente a la convocatoria- era partidario de "negociar un nuevo pacto entre Cataluña y España". Y eso es lo que se va a intentar en esta legislatura una vez que el PSOE ha ganado las elecciones y que Miquel Iceta ya ha dejado abiertos en la pasada legislatura varios flancos por los que se puede deslizar el nuevo Gobierno con el propósito de amansar a aquellos independentistas que se han echado al monte hace más de dos años.

Fue Iceta quien defendió por primera vez la posibilidad de que, tras la sentencia del Supremo, el Gobierno pudiera indultar a los condenados

Fue él el que defendió por primera vez la posibilidad de que, tras la sentencia del Tribunal Supremo, el Gobierno pudiera indultar a los condenados. Esto lo hizo durante la campaña de las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017, las que convocó Rajoy después de haber aplicado al artículo 155.  Su intervención provocó un terremoto que le costó al PSC un buen puñado de votos en unas elecciones que ganó Ciudadanos. Pero esa semilla de la discordia entre constitucionalistas quedó sembrada y hoy continúa estando viva y activa. La sombra de un posible indulto no ha sido despejada nunca por el propio Pedro Sánchez con el argumento insostenible de que el Poder Ejecutivo no se debe pronunciar hasta que el Poder Judicial haya emitido sentencia.

Un planteamiento inadmisible porque el Gobierno no tiene que pronunciarse en absoluto ante una decisión del Tribunal Supremo si no es para poner los medios de modo que se pueda cumplir la sentencia en todos sus términos. Pero la duda y la discusión sigue ahí, más abierta que nunca. Y fue Miquel Iceta quien la abrió antes que nadie.

También ha sido él quien ha defendido  la necesidad de encontrar "un instrumento que permita votar a los catalanes", es decir, la necesidad de encontrar la vía para que se pueda celebrar un referéndum pactado. Y también quien habló en primer lugar de la conveniencia de contar con un mediador -aunque nunca usó ese término- en las conversaciones con los independentistas que el anterior gobierno se proponía acometer en una mesa de partidos al margen del Parlamento nacional y del parlamento autonómico. La vicepresidenta Carmen Calvo, ahora en funciones, intentó sin éxito suavizar el escándalo que produjo la aceptación de ese formato y de esa figura. Pero ahí quedaba la voluntad de Pedro Sánchez de continuar manteniendo la "vía del diálogo" que entre la oposición de PP y Ciudadanos siempre se ha interpretado como una "vía de cesión".

Ya pueden ir tomando nota Casado y Rivera, condenados a clamar en el desierto en el que siempre quedan confinadas las minorías

Pero el PSOE ha ganado las elecciones y por lo tanto, va a mantener la estrategia que quedó cercenada cuando ERC le negó el apoyo a los Presupuestos y Sánchez se vio en la necesidad de disolver las Cortes. Ahora va a intentar que el partido republicano entienda que su propósito de poner a Iceta al frente del Senado es una manera de abrir la puerta a un acercamiento entre el socialismo y el independentismo que pueda explorar caminos que no desborden la Constitución, pero cuya reforma para el mejor "encaje de Cataluña en España" este nuevo PSOE está dispuesto a abordar.

De momento ERC se resiste a nombrar por designación autonómica a un Miquel Iceta que no es senador y que sólo podría acceder a la Cámara Alta por esa vía. Y, como siempre, exige algo a cambio: que los socialistas se pronuncien a favor de que el Supremo pida al Congreso el suplicatorio que, por otra parte, es muy improbable que el Alto Tribunal vaya a pedir.  Lo que buscan es que Sánchez se comprometa a provocar la suspensión del juicio en el TS y eso no lo va a hacer el presidente en funciones. Entonces, si ERC se mantiene en sus trece, la llegada de Iceta al Senado dependería de lo que vote Ciudadanos en el Parlament.

Lo probable es que finalmente Pedro Sánchez tenga éxito en su intento porque, en caso de fracasar en esto, ya estará claro que su relación con el primer partido del independentismo catalán va a ser mucho más espinosa de lo que él ha pretendido con una estrategia de la que Iceta es una pieza principal. Pero la intención del presidente ha quedado ya meridianamente clara: va a hacer todo lo que esté a su alcance para atraer al independentismo al terreno de una negociación asumible para él. Ya pueden ir tomando nota Pablo Casado y Albert Rivera, condenados a clamar en el desierto en el que siempre quedan confinadas las minorías.