En Cataluña los independentistas ya están preparados para dar el do de pecho en respuesta a la notificación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los dirigentes del secesionismo juzgados. Se trata de su gran -y probablemente última- oportunidad de exhibir un gran despliegue de protestas durante varios días, un despliegue que asombre al mundo, que es la gran aspiración de las cúpulas de las organizaciones sociales y de los cargos institucionales de la Generalitat.

Mientras las protestas consistan en manifestaciones, paros laborales y concentraciones callejeras, nada hay que objetar puesto que se trata del ejercicio de derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución. Otra cosa muy diferente será si esas manifestaciones derivan en altercados o ataques a las sedes de partidos, sedes de los juzgados u otras instituciones. En ese caso será el momento en que la policía autonómica tendrá que entrar a impedir los desmanes.

Y ahí se inscribe la pretensión del Sindicato de Policías de Cataluña (SPC) de que los mandos policiales y políticos no repitan lo que hicieron el 1 de octubre de 2017: esconder su responsabilidad a base de refugiarse en órdenes transmitidas verbalmente, de modo que no quedara constancia de lo ordenado. El resultado de aquella táctica es que numerosos mossos han sido llamados ante los tribunales de justicia.

Con esa petición se hace evidente que los Mossos prevén que las reacciones a la sentencia van a tener un cariz violento y por esa razón quieren proteger a los policías de a pie de las posibles consecuencias penales que pueda tener el cumplimiento de las órdenes recibidas.

Si las manifestaciones derivan en altercados o ataques a las sedes de partidos, juzgados u otras instituciones, la policía autonómica tendrá que impedir los desmanes

Otra cosa será si a su petición se responde, o no, con la promesa firme de los mandos de asumir toda la carga de las decisiones adoptadas pero lo que deja traslucir esta reclamación del SPC es el temor cierto de que las calles de Cataluña se incendien con altercados de todo calibre y que los responsables políticos vuelvan a dejar a los policías autonómicos a los pies de los caballos.

Pero esos altercados, que son muy probables pero no es seguro que vayan a producirse, a quien van a perjudicar es precisamente al movimiento independentista, que poco a poco ha ido alejándose de su versión más light y se ha adentrado en los oscuros callejones de la intimidación, el acoso y la imposición bajo amenazas y coacciones de su ideario político, o mejor dicho, de su ensoñación ideológica, a todos aquellos que no comparten su fervor secesionista.

Si después del precedente de los miembros más radicales de los CDR detenidos y encarcelados preventivamente bajo la acusación de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos, resulta que las manifestaciones de la semana que viene derivan en violencia de modo que los Mossos y la Policía y Guardia Civil se vieran obligados a intervenir con contundencia, la famosa "revolución de las sonrisas" habría firmado su sentencia de muerte en términos de presentación internacional y ya no podrá mantener ni un segundo más ante el resto del mundo sus eternas reclamaciones de respeto a sus derechos humanos supuestamente vulnerados por el Estado español.

El Gobierno tiene, por supuesto, la obligación de poner todos los medios a su alcance para impedir que la tranquilidad de las calles catalanas se vea saboteada por los independentistas. Pero hay que aclarar una vez más que la Ley de Seguridad Nacional a la que Pablo Casado apelaba recientemente para pedir al presidente del Gobierno en funcione que "tomara el control de los Mossos d'Esquadra" no permite semejante cosa. Tal como está, la ley sirve para muy poco.

Se ve que los diputados de todas las legislaturas han preferido sistemáticamente elegir la versión falaz de que la España democrática se sostiene por sí sola

Esa ley solo permite que los Mossos o cualquier otra policía autonómica contribuyan con sus recursos a la seguridad nacional. Pero ni siquiera eso está regulado porque a esta ley le falta su desarrollo normativo. Le pasa como al artículo 155 de la Constitución, que se limita a lo enunciado en el artículo sin que desde 1978 se haya legislado para desarrollar y concretar lo establecido en el articulado de la Constitución.

La Ley de Seguridad Nacional se aprobó hace ahora cuatro años justos y en su disposición adicional preveía el desarrollo de una ley que regulara la preparación y disposición de recursos a la seguridad nacional que debería haber estado presentada y aprobada por el Congreso en el plazo de un año. Pues hasta hoy: no se ha hecho nada.

Estos dos casos, el artículo 155 de la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, ambos sin desarrollar en leyes precisas y concretas que perfilen las medidas necesarias a adoptar para su adecuado cumplimiento, dan una idea de la desidia de nuestros legisladores en lo que atañe a la defensa del sistema democrático español.

Nadie se ha ocupado de poner a punto las baterías legales precisas para defender nuestra democracia, y eso a pesar de que las amenazas contra su existencia y desarrollo son bien conocidas y tienen muchos años de existencia. Se ve que los diputados de todas las legislaturas han preferido sistemáticamente elegir la versión falaz de que la España democrática se sostiene por sí sola y no necesita instrumentos para su protección.

De muy poco podría servir en caso de que la reacción de los independentistas catalanes desborde los cauces de lo admisible, cosa que no sabemos a día de hoy

La cuestión sabida es que los nacionalismos, y ahora el catalán de una manera manifiesta, lo que buscan es el derribo de la España constitucional y de su unidad como nación mientras que quienes se supone que están dispuestos a defender esa unidad y esa pervivencia de su edificio jurídico-político siguen desde hace años tumbados a la bartola con la convicción insostenible de que el edificio aguanta.

Y sí que aguanta, pero aguantaría mucho más eficazmente y con menos sobresaltos si dispusiera de más y mejores instrumentos con los que defenderse. Instrumentos que no se han desarrollado en todos estos años, y ya vamos para 41 desde que la Constitución entró en vigor.

El ejemplo más reciente lo tenemos en la Ley de Seguridad Nacional que tiene un enunciado muy pomposo y campanudo pero es muy floja en su contenido. Tuvo que venir el señor Artur Mas a propiciar que el Tribunal Constitucional delimitara el alcance de esa ley. Mas la recurrió ante el TC en diciembre de 2015, inmediatamente después de ser aprobada, porque consideraba que la ley invadía las competencias de la autonomía catalana.

El TC no le dio la razón entre otras cosas porque lo que aclara es que con la aplicación de esa ley las autoridades centrales lo más que pueden hacer es "coordinar" a los Mossos. Coordinarlos, que no es lo mismo que asumir su mando, ojo. Ése es todo el recorrido que se le puede dar a la Ley de Seguridad Nacional que, insisto, desde septiembre de 2015 no ha sido desarrollada.

De modo que de muy poco podría servir en caso de que la reacción de los independentistas catalanes desborde los cauces de lo admisible, cosa que no sabemos a día de hoy. Desde luego, con esa ley en la mano no vamos a ninguna parte, de modo que más nos vale ir pesando en otras soluciones si la situación llegara a salirse de madre.

Y no quedan muchas más aparte del 155, insisto en que sin desarrollar en leyes ordinarias, cuya aplicación, como dijo Pedro Sánchez recientemente, depende en exclusiva de lo que hagan o permitan hacer los políticos independentistas que ocupan a día de hoy el gobierno de la Generalitat.

Fuera del Código Penal, ésas son las escuálidas armas de que dispone la democracia española para defenderse de los insistentes ataques que se lanzan contra ella.