La primera batalla de Sánchez se va a librar sobre la Justicia

Que no nos quepa ninguna duda: a estas alturas Pablo Iglesias es ya muy consciente de que es vicepresidente del Gobierno y que cuando habla o emite una opinión está hablando en nombre del Gobierno de España. Digo esto a propósito de sus declaraciones según las cuales la "judicialización" del conflicto catalán está dañando muy seriamente la imagen de la Justicia española. Pero es que, no contento con esa apreciación, remató la jugada con un veredicto tremendo: "Eso es una humillación".

Es evidente que, como vicepresidente del Gobierno que es, hacer semejantes afirmaciones públicas supone un ataque mucho más contundente que cualquiera de los obstáculos a los que se han tenido que enfrentar los jueces españoles para lograr que España sea respetada, escuchada y respaldada ante un conflicto que en el seno de los demás países de la Unión Europea no tiene parangón y no saben encajar en sus respectivas legislaciones. Por lo tanto, los tribunales españoles deberán perseverar en sus posiciones y procurar una y otra vez que sus tesis sean tenidas en cuenta y salgan finalmente adelante.

Pero la intervención de Iglesias dio la medida de la posición que el Gobierno está dispuesto a adoptar de aquí en adelante sobre la Justicia española. No es casualidad, no puede ser ignorancia de su papel como representante del Poder Ejecutivo. Es decir, no es que a Iglesias se le haya calentado la boca ni que haya actuado con una torpeza extraordinaria. No, lo que sugieren las palabras del líder de Podemos es lo que nos puede esperar a partir de ahora.

Y esta impresión se confirma cuando desde Moncloa se emitió ayer un comunicado respaldando las palabras de Iglesias, realmente disolventes, después de que desde el Consejo General del Poder Judicial se haya reaccionado explicando al vicepresidente la realidad de los hechos y recordándole que "el Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro estado social y democrático de Derecho".

Los jueces españoles no pueden esperar de este Gobierno el apoyo que sería obligado en cualquier democracia seria

Pero desde Moncloa han contestado diciendo que "es deber de todos velar por el correcto funcionamiento de la Justicia y contribuir de esa manera a poner al día sus órganos de gobierno, evitando que su acción se resienta por el bloqueo". Y además de decir que el Gobierno está en "una actitud de diálogo, dentro del respeto a la libertad de expresión y el derecho a la crítica" pide que "también esté la oposición".

Aquí está la almendra de la cuestión o, al menos, una de las almendras, porque hay otras. El Gobierno no quiere responder al CGPJ sino a Pablo Casado. Se trata de presionar a la oposición para que se avenga a negociar la renovación de los órganos que van a resultar esenciales para afrontar la negociación con los independentistas catalanes con otro "talante" más favorable a las posiciones de Pedro Sánchez: fundamentalmente el CGPJ y el Tribunal Constitucional.

Algo a lo que se niega Pablo Casado porque piensa que por ahí se van a colar personajes de dudosa fidelidad constitucional que pueden abrir la puerta a permitir y respaldar pactos indeseables para España.

Por eso, y no por otra cosa, ha empezado el líder de Podemos a disparar sobre la Justicia española. Se trata de debilitar su crédito ante la opinión pública. Lo normal es que desde las posiciones de un Gobierno se respalde sin fisuras a cualquiera de los tres poderes del Estado pero es que aquí estamos en otra batalla en la que, como ya hemos comprobado repetidamente, no importan las reglas y tampoco se respetan los principios. Se va a obtener resultados, los que se persiguen en cada momento, y no hay barrera que no vaya a ser derribada, no importa a qué costa, si al final se consigue el objetivo.

El comunicado del CGPJ era obligado después de la puñalada que asestó el señor Iglesias en la noche del martes en su entrevista con Vicente Vallés en Antena 3. Pero la respuesta emitida desde la presidencia del Gobierno es impúdica porque muestra sin recato la intención que subyace en la intervención del líder de Podemos.

Este Gobierno se va a sumar a una operación de desgaste y descrédito de los tribunales españoles con el objetivo de que esas descalificaciones prendan en el ánimo de la opinión pública

Los jueces españoles no pueden esperar de este Gobierno el apoyo que sería obligado en cualquier democracia seria porque a Pedro Sánchez lo que le habría convenido ahora mismo es que el Tribunal Supremo hubiera sido derrotado por el TJUE -que, hay que insistir en ello, ha establecido una doctrina que hasta ese momento no había existido en las resoluciones de este tribunal- pero lamentablemente para él, no lo ha sido. Y le habría satisfecho también que el Parlamento Europeo hubiera ignorado el escrito de la Sala Segunda de modo que el señor Junqueras se hubiera sentado junto a Puigdemont y Comin como un europarlamentario más en el uso de todas sus prerrogativas.

Pero no ha sido así, de lo cual nos felicitamos todos quienes creemos que no hay democracia que se sostenga si no se basa en el imperio de la ley, a cuyo cumplimiento están obligados todos los ciudadanos. El problema urgente de Sánchez es que necesita los votos de ERC para aprobar sus Presupuestos y que, para lograr esos votos en forma de apoyo positivo o de apoyo encubierto, está dispuesto a arrasar con lo que se le ponga por delante.

Ya vimos como se comportó en su sesión de investidura ante las coces que propinaron a la democracia española y a sus instituciones las portavoces de Bildu y de ERC cuando, en lugar de pararles los pies, no dijo esta boca es mía y encima les dio las gracias y la bienvenida al "pacto de progreso". Bien, pues de esa misma manera se va a comportar por lo menos hasta que tenga los Presupuestos aprobados.

Y en ese camino los tribunales españoles, los jueces y magistrados, los fiscales y los miembros del Tribunal Constitucional son un auténtico estorbo porque lo que le exigen los independentistas no puede pasar el filtro de la ley y tampoco el de la Constitución.

En consecuencia, además de la acusación constante a Pablo Casado por negarse a negociar la renovación del TC y del CGPJ -cosa que tendría mucho sentido si no fuera porque a Pedro Sánchez ya se le han visto las intenciones y es legítimo por lo tanto intentar obstaculizar en la medida de lo posible que las haga realidad-, además de acusar a Pablo Casado, digo, este Gobierno se va a sumar a una operación de desgaste y descrédito de los tribunales españoles con el objetivo de que esas descalificaciones prendan en el ánimo de la opinión pública y sea posible entones ignorar olímpicamente las disposiciones judiciales. Estoy pensando ahora mismo en un posible indulto a los condenados.

Pero el gran objetivo inmediato de esta descalificación va a ser la actual composición del CGPJ y del Tribunal Constitucional. Esta va a ser su primera gran batalla pero yo juraría que no la va a ganar.