Política

El Gobierno cierra filas con Iglesias frente al Poder Judicial y urge a su renovación

Pedro Sánchez. EFE

El Gobierno de Pedro Sánchez ha respaldado este miércoles sin citarlo al vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en sus críticas a la actuación judicial, y ha aprovechado la queja del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por sus palabras para urgir a su renovación.

El Ejecutivo ha salido en defensa de Pablo Iglesias tras la declaración de la Comisión Permanente CGPJ, que ha pedido «moderación, prudencia y mesura» al vicepresidente del Gobierno tras su afirmación de que resoluciones de los tribunales europeos han dejado «en mal lugar» a la Justicia española, lo cual supone una «humillación para el Estado». Según el Gobierno de Sánchez, esas críticas se enmarcan en la libertad de expresión del vicepresidente.

En concreto, el Poder Judicial se defendió asegurando, «desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión», que esa «institución esencial en toda sociedad democrática persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho».

Tras esa queja judicial, Moncloa ha emitido un comunicado que lejos de reprender a Iglesias, cierra filas con él: «El Gobierno considera que es tiempo de dialogar y aportar acuerdos que refuercen nuestras instituciones. Es deber de todos velar por el correcto funcionamiento de la Justicia y contribuir de esa manera a poner al día sus órganos de gobierno, evitando que su acción se resienta por el bloqueo. En esa actitud de diálogo, dentro del respeto a la libertad de expresión y el derecho a la crítica, tal y como reconoce el CGPJ en su comunicado, es donde está el Gobierno y donde pedimos que también esté la oposición».

El Ejecutivo aprovecha la polémica entre el Poder Judicial y Pablo Iglesias para insistir en su estrategia de culpar a la oposición de su falta de acción. Tras conseguir la investidura y la formación de Gobierno, los dirigentes socialistas han intentado dar la vuelta a las críticas de la oposición por el nombramiento de Dolores Delgado, ex ministra del Ejecutivo socialista, como Fiscal General del Estado. Cuando PP, Vox o Ciudadanos reprochan esa «injerencia» en la Fiscalía, los socialistas les acusan de impedir la renovación de órganos parlamentarios como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo o el consejo de administración de la RTVE.

En ese guión ha insistido este miércoles el portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, que no obstante ha admitido que nadie del Ejecutivo se ha dirigido a la oposición para iniciar esa negociación. De hecho, Vox, tercera fuerza política, se ha mostrado abierto a afrontarla.

Simancas ha pedido a estos tres partidos «respeto y lealtad» por la Constitución y que abandonen la vía de «radicalidad y el sabotaje» al funcionamiento del Estado y «comportamientos matoniles», como las llamadas al transfuguismo de los diputados socialistas en la sesión de investidura.

«No preocupa la actitud de la derecha en esta legislatura que comienza» ha reiterado el portavoz socialista, que también ha defendido el «nombramiento impecable» e Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, dada sua «trayectoria intachable, solvencia incontestable y honestidad a prueba de maledicencias».

En ese río revuelto por el PSOE se ha metido el Gobierno con el comunicado en respuesta a la queja del Poder Judicial. Fuentes del CGPJ recuerdan que el Consejo no es ningún obstáculo para su propia renovación y que el presidente se ha dirigido hasta en tres ocasiones -la última el pasado 23 de diciembre- a los presidentes de Congreso y Senado instándoles a que se pongan a ello, ya que depende de los grupos parlamentarios.

Comentar ()