La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido este miércoles una declaración institucional en la que pide «moderación, prudencia y mesura» al vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias, a quien insta a abstenerse de hacer una «utilización política de la justicia o cuestionar su independencia».

La declaración se produce en respuesta a una entrevista de Iglesias este martes en Antena 3, durante la que afirmó que la justicia española ha sido humillada por los tribunales europeos y salió en defensa de la futura fiscal General del Estado Dolores Delgado tras las críticas de su nombramiento surgidas en la carrera fiscal y en la judicatura. Afirmó que «todos los jueces tienen ideología».

«La Comisión Permanente apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial», se puede leer en el texto. El comunicado, que repasa y defiende la actuación judicial en el procés, ha sido suscrita por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y por todos los vocales de su Comisión Permanente: Álvaro Cuesta, José María Macías, Pilar Sepúlveda, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Rafael Mozo.

«Respeto a la libertad de expresión»

Los jueces reconocen el derecho a la «libertad de expresión» del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, pero a la vez consideran que es «imprescindible» reafirmar que «la actuación del Poder Judicial persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos de los españoles».

“Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho», afirman.

Según los jueces, «esta tarea incluye la colaboración con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), únicos tribunales europeos a lo que se subordina la jurisdicción española en el ejercicio de sus competencias, formando parte sus pronunciamientos del normal funcionamiento del sistema de derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos europeos», defienden.