El aumento de la longevidad de un país y su tasa de envejecimiento, lejos de ser un problema, ha de interpretarse como un logro social, el más importante, porque se asienta sobre muchos determinantes de calidad de vida y bienestar en la sociedad.

Los españoles somos los más longevos de la UE y este aumento de la longevidad media (nuestra tasa de envejecimiento supera el 19%), ha crecido sustancialmente en los últimos años en buena parte debido al aumento del grupo de población de los más mayores, los que tienen 80 y más años. Los españoles hoy en día pueden esperar vivir unos 21,5 años más una vez alcanzada la edad de 65 años, 1,5 años más que la media de la UE. Vivir tanto hace que en muchos casos haya de “pagarse un peaje” ligado a problemas de enfermedades degenerativas, crónicas y discapacidad en la vejez.

Los españoles viven unos 21,5 años más tras los 65, 1,5 años más que la media de la UE

Así las cosas, a nadie extraña que en nuestros hospitales haya, habitualmente, una “invasión” de personas mayores ingresadas. Por no viciar el dato, y por razones obvias, con cifras provenientes de servicios de geriatría, citaré las de servicios generalistas dentro de los hospitales, como medicina interna. Según diversas publicaciones, la edad media de las personas ingresadas en servicios de medicina interna, en cualquier época del año y por cualquier motivo, sobrepasa los 76 años con un aumento en las edades medias en mujeres frente a hombres. Como muestra otro botón: en mayo de 2018 el periódico Redacción Médica titulaba una entrevista al entonces presidente de los internistas españoles, el Dr. Antonio Zapatero, “la mitad de las altas de Medicina Interna son pacientes de 80 años o más”.

En estos días de azote pandémico por COVID-19 llama -me llama- poderosamente la atención que, siendo el grupo de personas mayores el más vulnerable frente a la infección por el virus, el que más complicaciones desarrolla por efecto directo del germen o por desestabilización de otros procesos de fondo, el que más letalidad presenta (2,8% para los que tienen entre 60 y 69 años, 9,5% entre 70 y 79 años y 20% para los de 80 y más años), y el grupo poblacional que más ingresos hospitalarios presenta en cualquier época; no aparezcan al frente de las clasificaciones del mayor número de ingresos hospitalarios o de paso por la UCI. Especialmente, en esta última consideración.

Usar solo el criterio edad es reprobable desde la bioética y la legalidad

Parto de la base, porque es un sector que me precio conocer, que tenemos unos ‘criterios universales y no escritos’ para derivar o no a algunas personas mayores a hospital o para valorar un ingreso en UCI. Estos criterios excluyen de derivaciones e ingresos a personas en estadios muy severos de enfermedad con pérdida importante de capacidad funcional, demencias muy avanzadas o personas en fase final de la vida y que son subsidiarias de cuidados al final de la esta (cuidados paliativos), todo ello con independencia del momento que sea. Para el resto de personas mayores con capacidad funcional aceptable o buena que no se encuentren en las circunstancias descritas antes, no valorar la atención hospitalaria con opción de ingreso en UCI y solo usar el criterio edad, como ya están haciendo en algunas comunidades autónomas, es reprobable desde el punto de vista de la bioética (rompe el principio de equidad y alterar la discriminación positiva por circunstancias de vulnerabilidad) y el legal (altera la igualdad y discrimina por edad).

Solo actitudes nihilistas, criterios asociados a la edad y no a la valoración rigurosa de las capacidades de la persona alteradas por la infección por COVID-19 y sus perspectivas en cuanto a supervivencia, pueden justificar las indicaciones que se vienen recibiendo de no derivación a nuestros mayores al nivel asistencial que pudieran precisar, ingresos en determinadas unidades o, como debiera estar haciéndose, realizar diagnósticos seriados a la población más vulnerable y susceptible de desarrollar más compromiso vital.

¿Se aplicaría este criterio a Concha Velasco, Amancio Ortega o el Papa Francisco?

El mismo comentario merece el hecho de que se pretenda agrupar en las residencias a aquellas personas COVID-19 positivas con personas ‘sospechosas’ de padecerlo, en vez de realizar un diagnóstico correcto a esos casos posibles. Sin duda, si reunimos a unos y otros (positivos y dudosos), se disiparán las dudas y terminarán siendo todos positivos.

La vulneración de algunos principios básicos de ética como la igualdad o el derecho a la presunción de salud, si no realizamos los diagnósticos de forma certera, solo contribuirán a que se siga engrosando las más dolorosa de las listas, la de fallecidos.

No se trata de edad, solo de capacidades a preservar, de valorar el estado previo y luchar para que se mantenga.

Me pregunto si el criterio edad al que se invoca en muchos sitios,  ¿se aplicaría a todos los octogenarios? ¿También, pongo por caso, a Concha Velasco, Amancio Ortega, Papa Francisco, o al mismísimo Jordi Pujol?

José Antonio López Trigo es médico geriatra y ex presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.