La pretensión de dilucidar las responsabilidades de los responsables políticos que han gestionado la situación de crisis de la Covid-19 en sede penal, en mi opinión, es una nueva expresión de un derecho penal expansivo, falaz solución y respuesta a todos los problemas. La creciente y continuada tendencia a derivar al juzgado penal toda incidencia o alteración del trascurrir ordinario de la vida social, cuando incluye alguna cuestión ajena al limitadísimo campo de las conductas que llevan asociada responsabilidad penal, provoca el bucle de la insatisfacción recurrente. La denuncia abre grandes expectativas en la opinión pública y una tan intensa como inútil actividad del juzgado que se prolonga en el tiempo y, dentro de no sé cuántos años, termina en un juicio fallido.

Para poder acceder a este y otros contenidos debes de ser suscriptor.

Opciones de suscripción

¿Todavía no estás seguro? Consulta aquí todas las ventajas de suscribirte a El Independiente.

¿Ya eres usuario Premium?

Identifícate