La ministra de Igualdad, Irene Montero, parece no saber cuál es su papel institucional como miembro del Gobierno. Además de haber pergeñado dos bodrios jurídicos que, por esa razón entre otras, siguen sin ver la luz y puede que el presidente del Gobierno llegue a convocar elecciones y todavía la llamada ley del “sí es sí” y la ley trans sigan guardadas en el cajón, ahora nos sorprende haciendo el papel de juez supremo y decretando la culpabilidad de un presunto maltratador que no ha sido condenado por los tribunales.

El episodio de las declaraciones de Rocío Carrasco a la cadena Telecinco ha conmocionado a la mayor parte de los espectadores que la vieron y escucharon. Nadie tendría ningún motivo para decidir que miente pero tampoco para establecer como verdad contrastada que no lo hace o que, sencillamente, relata su experiencia en una historia de desavenencias conyugales con unos ribetes de sordidez que se prolongan desde hace años y que han sido escudriñadas y adobadas con “sentencias” en distintos sentidos, casi todas condenatorias de su persona, emitidas sistemáticamente por los medios de comunicación que se dedican a ventilar los asuntos oscuros del mundo de la farándula. 

Quiero decir que esos “jurados populares” autoconstituidos cada tarde para celebrar constantes juicios paralelos sobre las víctimas elegidas en cada ocasión han estado machacando a la señora Carrasco durante décadas sin consideración alguna a su persona y a su verdad. Ha sido una persecución permanente trufada de insultos y descalificaciones de toda índole.

Pero hete aquí que la víctima pacta colaborar para que una determinada empresa produzca y emita una serie sobre su experiencia personal e íntima de los últimos 25 años.

Y con un atrevimiento que mueve a escándalo bautizan como documental esa larga entrevista adornada, eso sí, con imágenes del pasado a pesar de que carece de todo tipo de versiones que puedan contrastar con la expresada por la protagonista y no busque el menor nivel de objetividad más allá de reproducir fielmente parte de sus declaraciones.

No se puede ser mas hipócrita ni se puede exprimir el drama de una mujer y la destrucción de una familia de una manera más inicua

Con ese material, explosivo porque hace años que se viene cargando de dinamita por esos mismos “jurados populares” que ahora giran sus cañones contra el ex marido, a quien antaño protegían y pagaban, la cadena Telecinco ha pasado la última semana hablando del asunto sin mostrar la mercancía más que un poquito nada más, calentando así a la audiencia con la intención de concitar el morboso interés de los espectadores de modo que, llegado el momento de la emisión del producto, el nivel de expectación fuese máximo. Y así ha sido. El éxito de Telecinco en ese aspecto es indiscutible.

Independientemente de la veracidad de las palabras de la señora Carrasco, sobre la que yo no tengo por que dudar ni no hacerlo, estamos sobre todo ante una operación de marketing de muy altos vuelos y de dudosa ética por lo que voy a explicar.

La productora de esa entrevista seriada, que no tiene nada que ver con un documental, eso que quede claro, lleva años contratando al ex marido de la señora Carrasco para que participe sus programas. La elaboración, montaje y posproducción de la entrevista ha durado más o menos un año, tiempo durante el cual el ex marido de la protagonista ha continuado participando y, naturalmente, cobrando de la productora cuyos directivos conocían antes que nadie el contenido de las declaraciones de la señora Carrasco.

Pero no sólo no le dijeron nada al ahora “condenado” por maltratador en este juicio paralelo sino que siguieron contratando sus servicios como tertuliano.  Y solo ahora ¡solo ahora! que se han emitido los dos primeros capítulos de la serie y se ha desatado el escándalo, la productora decide expulsarle de una manera fulminante.

No se puede ser mas hipócrita ni se puede exprimir el drama de una mujer y la destrucción de una familia de una manera más inicua con el único fin de obtener el máximo rédito económico.

Es evidente que a la productora no le ha interesado nunca establecer la verdad ni contrastar lo relatado por la entrevistada con otras declaraciones igualmente relevantes como sin duda hubieran sido las de la hija de la señora Carrasco, una joven que intentó entrar en directo en aquel aquelarre circense montado en el estudio en torno a lo visto y oído…pero no se le permitió.

No buscaban aproximarse en lo posible a la verdad, no querían escuchar otras versiones, únicamente querían audiencia, audiencia, cuanta más audiencia mejor porque eso significaba grandes cantidades de dinero proporcionado por los innumerables anuncios publicitarios que se estuvieron insertando durante la duración del programa.

¿Se puede saber entonces que hace una ministra del Gobierno de España entrando en directo a semejante montaje televisivo  para emitir su particular sentencia condenatoria para un maltratador que no ha sido condenado hasta el momento por ningún tribunal, tampoco por el Tribunal Supremo, que no admitió el recurso de la señora Carrasco porque consideró no había lugar a queja?

Irene Montero debería volver al activismo feminista desde otras instancias más acordes con su manera de comportarse

Pero ella ha entrado en el debate de frente, sin pensárselo dos veces y a pesar de haber confesado que no había visto el contenido de la declaración decretó de inmediato que la entrevistada era una víctima de maltrato y que sus palabras, que la señora Montero no había escuchado, eran una prueba irrefutable de ello. No cabe mayor frivolidad ni más grave irresponsabilidad.  

Hace unos minutos he recibido un mensaje de whatsapp en el que se reproduce el esquema de la pirámide del Poder Judicial en España y en las escalas superiores aparecen primero Mediaset y más arriba, en el vértice, Irene Montero como suprema autoridad judicial. Ella es, a lo que parece, la voz de la Justicia.

A la ministra de Igualdad le viene muy grande el cargo. Estaría bien que esas declaraciones que hizo a Telecinco las hubiera hecho como activista en defensa de los derechos de las mujeres y en esa condición le sería perdonable que se pronunciara a favor de la señora Carrasco y asegurara sin ningún género de dudas que ella dice la verdad y que su ex marido es un maltratador.

Y puede que lo sea pero en distintas instancias judiciales no se ha considerado probado, de modo que ese hecho debería haber frenado a la señora Montero a la hora de desacreditar, en tanto que miembro del Gobierno, a la independencia y honestidad de los jueces y, en definitiva, al Poder Judicial español.

Debería volver al activismo feminista desde otras instancias más acordes con su manera de comportarse porque ha demostrado no ser consciente de las altas y delicadas responsabilidades que conlleva representar al Gobierno de España. 

No contenta con su penoso comportamiento, la ministra de Igualdad nos obsequió ayer con otra perla producto de su entrada en la campaña electoral de Madrid , algo que está completamente fuera de lugar, para desvelarnos que esta Comunidad “no es segura para las mujeres”. Lamentable cosecha la de la señora Montero.                  

La ministra de Igualdad, Irene Montero, parece no saber cuál es su papel institucional como miembro del Gobierno. Además de haber pergeñado dos bodrios jurídicos que, por esa razón entre otras, siguen sin ver la luz y puede que el presidente del Gobierno llegue a convocar elecciones y todavía la llamada ley del “sí es sí” y la ley trans sigan guardadas en el cajón, ahora nos sorprende haciendo el papel de juez supremo y decretando la culpabilidad de un presunto maltratador que no ha sido condenado por los tribunales.

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