El informe del Tribunal Supremo sobre las peticiones de indulto a los condenados por el procés deja al Gobierno sin margen de maniobra: adoptar la medida de gracia supondría traspasar la barrera de la decencia. La decisión tiene un fin claramente político y es contraria a derecho.

Los seis magistrados de la Sala Segunda, por unanimidad, desmontan los endebles argumentos esgrimidos para solicitar la extinción de las penas a las que fueron condenados los protagonistas de los hechos que tuvieron lugar en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2017.

Posteriormente entraré en detalle sobre ello. Pero antes hay que reseñar la argumentación que se expone en parte final del escrito, en la que se retrata a los condenados como promotores de acciones profundamente antidemocráticas. Frente a la imagen que los condenados proyectan de sí mismos y sus abogados o sus socios parlamentarios han querido difundir (se trata de personas, afirman, respetuosas de la democracia y comprometidas con sus ciudadanos, en fin, unas hermanitas de la caridad), la Sala Segunda expone con crudeza su comportamiento autoritario. Veamos:

1º Es antidemocrático mantener que «la propia conciencia y el compromiso social que cada ciudadano suscribe le autorizaría a pulverizar las bases de la convivencia, a convertir en ineficaces las resoluciones de Jueces y Tribunales de un determinado territorio, a sortear las vías legales de reforma de un sistema jurídico y, en fin, a vulnerar derechos fundamentales de aquellos otros ciudadanos que no comulguen con esos principios o esa conciencia individual».

2º No son democráticas las reuniones que «pretenden apoyar con el uso de la fuerza la pérdida de vigencia de las decisiones de quienes ejercen la función jurisdiccional en Cataluña». Ni recurrir a las vías de hecho para constituir «una nueva República».

3º No es democrático movilizar a la ciudadanía como mecanismo de presión para «declarar abolida la monarquía constitucional».

4º No es democrático presentar como «presos políticos» a quienes han sido «autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional».

Algunos de los que aspiran al indulto son líderes políticos de los partidos que sostienen al Gobierno, que es de quien depende la medida de gracia

Los condenados del procés no sólo han tratado de romper las bases de la convivencia en Cataluña, sino que no han mostrado el más mínimo arrepentimiento respecto a los hechos que provocaron su condena. Arrepentimiento que específicamente exige el artículo 25 de la Ley del Indulto.

Es más, los condenados han rechazado a priori la medida de gracia, dado que consideran que no tienen de qué arrepentirse. La representación legal de Jordi Cuixart, por ejemplo, alega que «la prioridad de un preso político no es salir de la cárcel, sino la resolución del conflicto político». En ese sentido, sólo es aceptable para él la concesión de una amnistía.

El indulto no se puede confundir con una corrección por la puerta falsa de la sentencia. No puede admitirse, como pretenden los condenados, que la medida de gracia adquiera la categoría de «rectificación de una injusticia».

El Supremo considera que la decisión del Gobierno -que ha solicitado la medida y a quien corresponde aplicarla- «llama a dejar sin efecto una sentencia firme dictada por el Tribunal Supremo».

La Sala llama también la atención sobre otro aspecto no menos relevante del significado del indulto: su fin espurio. «Algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia». No se puede decir más claro.

El Supremo no puede ni debe entrar en la consideración política que esgrime el presidente del Gobierno para justificar el indulto, esa distinción filosófica entre el «perdón y la venganza» . Supuestamente, la medida de gracia hacia los condenados del procés favorecerá la «normalización en Cataluña», según han expresado varios ministros. ¿Significa eso que deberíamos aceptar como normal lo que ha sido una constante vulneración de la legalidad vigente en Cataluña?

El retrato que hace el Supremo de los protagonistas del procés no deja lugar a dudas: se trata de dirigentes políticos genuinamente antidemocráticos. Lo más justo para ellos, según el Supremo, es mantener las penas a las que fueron condenados en la sentencia del 14 de octubre de 2019.