Indultos: un error histórico

Cualquier ciudadano español de cierta edad, más aún si es vasco o catalán, sabe bien que el argumento de Pedro Sánchez para indultar a los golpistas es el mismo que se emplea desde hace cuarenta años para responder al problema nacionalista: hay que integrar a los nacionalistas. Y es que nuestro país lleva cuatro décadas integrando a los nacionalistas, y fracasando una y otra vez,  a pesar de haber construido una de las democracias más avanzadas y más descentralizadas del mundo. Cuarenta años intentado resolver el problema con la misma solución, y de nuevo ahora, cuando hasta los futuros indultados y sus partidos afirman públicamente que volverán a delinquir y que el indulto ni les integrará ni resolverá el problema, su problema.

Allá por los años ochenta y noventa, la izquierda también decía que era preciso integrar a los vascos que votaban al brazo político de ETA. Esos vascos aplaudían los asesinatos, los secuestros y la persecución de ETA, sí, cierto, reconocía la izquierda, pero eran muchos y había que integrarlos. Y si la izquierda decía esto de los violentos, aún con más pasión lo aplicaba a los nacionalistas desleales hacia la Constitución, poco escrupulosos con el Estado de Derecho, y reacios a respetar el pluralismo en Cataluña y País Vasco. Así se fue construyendo una cultura política en la que a los vascos o catalanes que exigíamos Estado de Derecho, Constitución y respeto al pluralismo nos tildaban de radicales e intolerantes, mientras que quienes se saltaban las bases de la democracia eran rebeldes dignos de atención y de respeto hacia sus interminables exigencias.

La teoría del apaciguamiento nacionalista, dominante en España en estos cuarenta años, es de nuevo argumento central del Gobierno de Pedro Sánchez para indultar a condenados por el Tribunal Supremo. Joaquín Almunia y otros veteranos socialistas la han defendido así en una tribuna en El País: “Tal medida (el indulto) podría ayudar al apaciguamiento del llamado conflicto catalán y, con ello, a la inauguración de la política como medio de resolución de conflictos”. El problema de la teoría anterior es no solo el fracaso de esa fórmula durante cuatro décadas. Aún más grave, el apaciguamiento ha contribuido a debilitar la legitimidad de nuestro sistema democrático y de nuestro Estado de las Autonomías.  

Si el Gobierno de Pedro Sánchez finalmente concede los indultos, volverá a comunicar a los españoles que la burla a la ley y a la Constitución tiene premio

El apaciguamiento como solución a un conflicto puede ser útil cuando las dos partes del conflicto tienen una legitimidad comparable. Pero cuando ocurre, como es el caso, que España se encuentra entre las democracias más avanzadas y más descentralizadas del mundo, equiparar a los ciudadanos respetuosos con las reglas democráticas con quienes se las saltan es una manera directa de cuestionar dichas reglas. Si unos y otros son igualmente respetables, y si, además, el sistema político premia a quienes cuestionan las instituciones, las bases de su legitimidad quedan seriamente dañadas. Tanto del sistema democrático como del modelo territorial. De ahí el malestar de una parte significativa de los ciudadanos con un sistema autonómico en el que la deslealtad, y también la ilegalidad, sigue siendo premiada.

Si el Gobierno de Pedro Sánchez finalmente concede los indultos, volverá a comunicar a los españoles que la burla a la ley y a la Constitución tiene premio, que hasta el golpismo es tolerable en la democracia española si viene de los nacionalistas. Con la diferencia respecto a épocas anteriores del enorme hartazgo de la sociedad española con el permanente chantaje nacionalista y la irritación por la debilidad de nuestra democracia para afrontarlo. Incluso la mayoría de los votantes socialistas se opone a los indultos, como muestran las encuestas. Quizá estemos asistiendo a un punto de inflexión en la respuesta de la sociedad española al insaciable y desleal nacionalismo. La cuerda nacionalista, y con ella la de Sánchez en el Gobierno, puede estar a punto de romperse.

Edurne Uriarte. Diputada del PP y catedrática de Ciencia Política