El indulto a los presos del procés, decisión que llevará a cabo el Gobierno inmediatamente después de las primarias del PSOE en Andalucía, ha vuelto a trasladar el foco del debate político a Cataluña. Nada nuevo bajo el sol.

Partidos, asociaciones, intelectuales y tertulianos se alinean a uno y otro lado con entusiasmo, como si fuera la primera vez. A pesar de que para la mayoría de los ciudadanos el tema resulte cansino y repetitivo, conviene hacer un repaso del argumentario que desde Moncloa se insufla con fruición a la opinión pública.

Para empezar vamos a descartar la brocha gorda. Aquellos que sostienen que la defensa de los indultos es igual a una traición a España; o, a sensu contrario, la de los que afirman que defender el cumplimiento de las penas sólo conviene a los que quieren un enfrentamiento entre territorios, algo propio de la extrema derecha nostálgica de otros tiempos.

Así que este artículo no trata de dar gusto a ninguna de las dos hinchadas, lo que intenta es analizar el relato que ha elaborado el equipo de Iván Redondo para justificar la decisión de indultar.

1º La valentía. Este argumento lo usó la semana pasada el propio jefe de Gabinete del presidente del Gobierno en el Congreso y ayer fue el eje de la intervención de la vicepresidenta primera Carmen Calvo en RNE. Indultar es sinónimo de valentía. Por tanto, la defensa del cumplimiento íntegro de las penas es un acto de cobardía. ¿Por qué? La asunción de un riesgo se produce tanto si se conceden los indultos como si no. En el primer caso, el Gobierno se enfrenta al rechazo de la oposición; mientras que, en el segundo, la bronca es con la Generalitat, que está gobernada por partidos cuyos dirigentes están en prisión. Así que, desde el punto de vista del valor, tiene menos coste para el Gobierno indultar que no hacerlo.

2º Utilidad pública. Se trata de un concepto jurídico -contemplado en la Ley del Indulto de 1870- que tiene también una vertiente política. Se trataría de justificar la medida de gracia por los beneficios que tendría para la convivencia y para lograr la paz social. Esos elementos tienen incluso mayor peso que el arrepentimiento para la concesión del indulto y será objeto de análisis por la Sala Tercera del Supremo, cuando se produzcan los recursos a la medida de gracia. Pero la «utilidad pública» hay que demostrarla. Por ejemplo, en el caso de Jordi Cuixart sería muy difícil de justificar, toda vez que el condenado ha reiterado que no pretende el indulto, ya que lo más importante para él no es salir de prisión, sino lograr sus objetivos: la independencia de Cataluña, a lo que no renuncia.

Sostiene Pedro Sánchez que los indultos «no tienen coste». Olvida que la inmensa mayoría de los ciudadanos está en contra y el cisma que la medida de gracia ha provocado en su propio partido

En el plano político, la teoría que maneja el Gobierno es que, ahora sí, el independentismo está dispuesto a cambiar. Aunque no lo diga. Se habla de las divisiones de JxC, de la soledad de Puigdemont y de la voluntad firme de ERC (sobre todo de Aragonès) para entrar en una fase de negociación con Madrid y renunciar de manera definitiva a la vía unilateral.

Hasta ahora, todos los intentos que se han hecho desde el Gobierno han devenido en fracaso. Resulta difícil sostener una medida como los indultos sobre la base de la convicción de que el independentismo está dispuesto a replegarse, aunque, de puertas afuera, siga diciendo lo mismo que hace cuatro años. Es una prueba evidente de voluntarismo.

González indultó a los cabecillas del 23-F y Aznar a los de los GAL. Este argumento es tan ruidoso como falso. Hay que situarlo en la categoría de la despistología. Cuando no se sabe muy bien cómo defender una posición, se saca uno de la manga que otros hicieron lo mismo y no hubo ningún escándalo. Voy a dedicarle sólo un párrafo a este despropósito. Lo primero que hay que decir es que González nunca indultó a Tejero. Sí lo hizo con Armada, pero después de solicitarlo cinco veces y cuando habían transcurrido siete años del golpe del 23-F. Por cierto, que el general mostró «arrepentimiento y lealtad a la Corona», según refleja el escrito del Supremo. Si el independentismo fuera un reducto minoritario, como lo era el golpismo a finales de los años 80, el indulto a los presos del procés estaría justificado. Por otro lado, Barrionuevo y Vera no fueron condenados por organizar los GAL, sino por el secuestro de Segundo Marey. Es evidente que cuando Aznar tomó la decisión de excarcelarles, ninguno de los altos cargos de Interior estaba en posición de repetir su hazaña.

4º El indulto no tiene que ver con el apoyo de ERC al Gobierno. Ese argumento no se lo creen ni los magistrados de la Sala Segunda del Supremo que, ya en su escrito de rechazo, apuntaron la curiosa coincidencia de que algunos de los que se pretende indultar son dirigentes de partidos que apoyan al Gobierno. Es verdad que reconocer que se va a indultar a los líderes de ERC y de JXC -cierto en el caso de los primeros, dudoso en el de los segundos- para mantener la exigua mayoría parlamentaria queda mal. Por eso el Gobierno recurre a razones más grandilocuentes, algo que quede para la historia. Dijo ayer Pedro Sánchez que lo que pretendía con la medida era «transitar de un mal pasado a un futuro mejor». Y añadió que cuando habla de indulto no piensa en los afectados, «sino en los millones de catalanes y españoles que quieren vivir en paz».

El presidente confiere a los indultos una capacidad transformadora difícil de justificar. La puesta en libertad de Junqueras y los otros once condenados sería algo así como el punto de inflexión en el conflicto entre Cataluña y España. Recuerda esta reflexión al lema que usó el mundo afín a ETA durante años, antes de su derrota definitiva: «Paz por presos».

El Gobierno cae en la trampa que, de forma recurrente, ha utilizado el independentismo: mezclar el plano jurídico con el político. Así que de la «judialización de la política» pasamos a la «politización de la justicia». Los jueces tiene que aceptar que la ley debe someterse al fin superior de la concordia.

5º Los indultos no tiene coste político. Este último argumento, manejado ayer por el presidente del Gobierno, es el más endeble de todos. «Ayudar a resolver un problema -afirma Sánchez- no representa ningún coste. El coste sería dejar las cosas como están». ¿Cómo que no tiene coste? ¿Acaso no representa un coste tener al 80% de la población en contra de la decisión que se va a adoptar?

¿Es que Sánchez no ve desgaste en la fractura que han provocado los indultos en el seno del PSOE, con figuras tan relevantes como González manifestándose abiertamente en contra?

¿Es acaso baladí que toda la oposición de derechas haya decidido movilizarse contra su decisión?

En el fondo, este último argumento es el que define mejor la esencia política de Sánchez. No tiene en cuenta que, para tomar una decisión tan arriesgada, debería haber intentado al menos un acuerdo de mínimos con la oposición. Si quiere cerrar heridas debería hacerlo contando con el partido que puede sustituir al PSOE en el Gobierno. Pero el presidente mira a todo el mundo desde su atalaya y cree que va a solucionar de un plumazo un problema que, con altibajos, lleva siglos formando parte de nuestra historia.

Seguro que en Moncloa afinan el tiro y, de aquí a que se produzca la medida de gracia, tendrán nuevo arsenal teórico para machacar a la oposición y convertirla en responsable de su más que posible fracaso. No bajaremos la guardia.