El éxito electoral de Isabel Díaz Ayuso consiste en poner armas en manos de sus rivales y esperar a que se las detonen en el pie o en los sesos. Tan simple. Si el 4-M logró que hicieran una campaña centrada en criticar a los bares, ahora va camino de conseguir que la izquierda madrileña se pase dos años haciendo oposición a las madres. Fue mal recibido en este espectro ideológico el anuncio estrella de su discurso de investidura: un cheque bebé de 14.500 euros -29 mensualidades de 500- para las embarazadas menores de 30 años, que presenten una renta inferior a 30.000 euros anuales y una década de residencia en Madrid. Una medida inédita en España por su cuantía, que multiplica por seis la que puso en marcha José Luis Rodríguez Zapatero entre el verano de 2007 y el 1 de enero de 2011.

El impacto de aquel experimento no es sencillo de analizar. La fecundidad tocó suelo en España en 1996 con una tasa de 1,14 hijos por mujer y comenzó a rebotar desde entonces. Cuando el socialista accede a la presidencia en 2004, tras los gobiernos de Aznar, ese índice ya estaba en 1,32. De ahí a 2007 sube seis décimas, hasta el 1,38, momento en el que se aprueba su medida estrella en materia social. En 2008 se dispara hasta 1,44, el mismo crecimiento en sólo unos meses que en los tres primeros años de su mandato. A partir de ahí, la crisis financiera que destrozó el mercado de trabajo en España también vació los paritorios y España cerró 2010 con una tasa de 1,37 hijos por madre.

El ‘shock’ de 2008 no permitió evaluar el impacto social de una medida que parecía estar funcionando antes del hundimiento de la economía. Después se volvió insostenible, supuso un gasto de más de 1.000 millones de euros en un contexto de recortes y además levantó polvareda porque no discriminaba por estrato social: la inmensa mayoría de las familias recibían la misma cantidad, 2.500 euros, fuese cual fuese su situación económica.

Muchas de las jóvenes que dan a luz en Madrid con rentas inferiores al umbral de 30.000 euros proceden de contextos sociales desfavorecidos

En este sentido, la medida anunciada ayer por Díaz Ayuso es objetivamente más progresista y establece un límite de renta de 30.000 euros anuales para poder cobrarla. Críticas como que está diseñada para favorecer a familias del Opus Dei, millonarias y parturientas, son en su concepción absurdas. E ignoran deliberadamente que muchas de las jóvenes que dan a luz en Madrid con rentas inferiores a ese umbral proceden de contextos sociales desfavorecidos. Lo que para una parte de la clase media actuará como un estímulo para la natalidad, más o menos efectivo, en otras muchas situaciones supondrá directamente una cuantiosa ayuda contra la pobreza.

La izquierda en Madrid suele excederse en el error de mirar al pobre con gafas de rico. Fantasea con sus fantasmas y con sus prejuicios. El 4-M, la oposición pensaba en bares y sólo se le venía Ponzano, una procesión de camisas abiertas y gafas aviador. Ahora imaginan a la mamá rubita entrando en Las Ventas para ver los toros con un churumbel de cada brazo y los billetes de Ayuso hechos un fajo en el bolso de Luisvi. A las receptoras se las cruzarán escogiendo leches en el Ahorramas y no sabrán reconocerlas. Igual que siguen paseando entre tabernas de extrarradio cuestionándose quién votó a Ayuso, como un inspector cegato que llega a la escena del crimen con la pistola todavía caliente.

Sucede lo mismo con el requisito de los 10 años de empadronamiento. El umbral es elevado, opinable y criticable, pero no por los argumentos raciales que blande la oposición como un espantajo. «Es una medida destinada a las familias que tienen pedigrí», dijo Mónica García, cayendo por enésima vez en el error inexplicable de dibujar la región que aspiras a gobernar como una inmensa calle de Serrano. Llevar una década empadronado en Madrid no es un privilegio sólo al alcance de las familias que se comieron las primeras croquetas de bacalao de Casa Labra en 1860.

Las hijas de los inmigrantes latinos, magrebíes y del este de Europa de los años 1990 y 2000 son hoy madrileñas de padrón, las que más paren, las que más recibirán los cheques. También son madrileñas de «pedigrí», por supuesto, aunque se alejen de la caricatura en la que pensaba García con su declaración.

Lo censurable del umbral es que deja fuera a la chica que vino a Madrid en 2014, tras estudiar su carrera en Salamanca, y no se empadronó hasta 2016 porque prefería seguir teniendo descuento en la piscina de su pueblo. El madrileñismo ayusista no debe excluirla a ella, aunque sea por una mera cuestión estratégica, y tampoco debería detenerse en si Rufián acusará a Madrid de inventar el dumping natal. Si lo hace, tanto mejor.

Una parte del progresismo no critica que la medida de Ayuso sea perjudicial, sino que la considera tan beneficiosa que la extendería hasta a quien tenga un chamaco en Los Sims

Madrid ha tomado la iniciativa en el debate de la natalidad, situándolo en sus propios términos. Lo ha encuadrado en las menores de 30 en una región en la que la media de edad al primer parto supera ya los 33 años y creciendo. Se puede criticar que la medida no actúe sobre la mayoría de las madres, que dan a luz más cerca de los 35. Y del mismo modo se puede valorar que esa tendencia se intente corregir para evitar partos problemáticos y favorecer núcleos más amplios.

No hay nada eugenésico, nazi ni perverso en empujar desde las instituciones para que las familias tengan un hijo, mejor que ninguno, y dos hijos mejor que uno. Por lo general, los bombos siguen siendo un sinónimo social de alegría, cariño y celebración. Mejor si vienen con dinero: 2.000 madres adelantaron sus partos en diciembre de 2010 para parir antes de Nochevieja y no perder su cheque, en plena crisis.

El PP, que se abstuvo junto a CiU en la aprobación del cheque de Zapatero, ha atrapado ahora a sus rivales en un debate enrevesado. Una parte del progresismo no critica que la medida de Ayuso sea perjudicial, sino que la considera tan beneficiosa que la extendería hasta a quien tenga un chamaco en Los Sims. Otra parte cree que lo más igualitario es no darle nada a nadie, así no se discrimina.

Quien verbalice demasiado la crítica tendrá que dar explicaciones sobre qué habría hecho en el Congreso en 2007, igual que se le siguen pidiendo al Partido Popular por los divorcios, el aborto o el matrimonio homosexual. Unos pueden argumentar que han evolucionado. ¿Y los otros?