Ya está hecho. Los cinco minutos escasos que el presidente del Gobierno empleó ayer para explicar a los españoles las razones de la concesión de este indulto, que es general aunque se haya querido eludir la expresa prohibición de la Constitución a esa forma el ejercicio de gracia elaborando un expediente a cada uno de los nueve condenados por los hechos de septiembre y octubre de 2017, han hurtado intolerablemente a la ciudadanía el conocer los motivos reales de esta decisión del Gobierno.

Apelar, como ha apelado Pedro Sánchez, a la «concordia» y al «reencuentro» sin aportar la más mínima prueba que respalde su afirmación constituye un engaño en toda regla a la población porque lo que está expresando el presidente con esas frases es la formulación de un deseo suyo, de una pretensión, pero en ningún caso la expresión de una certeza.

No hay, por tanto, ninguna razón de peso constatable de que esta medida vaya a apaciguar a los independentistas favorecidos con ella. Al contrario, lo que estamos viendo y escuchando una vez y otra, y otra, y otra, es el fortalecimiento de las actitudes de los secesionistas que, lejos de agradecer los indultos, los han despreciado y los han interpretado de la manera más gravemente perjudicial que la democracia española puede soportar: afirmando que estas excarcelaciones son la prueba de que el Gobierno de España reconoce hoy que las condenas sufridas fueron injustas.

Y eso no lo dice un independentista ignorante o fanatizado hasta el extremo, no. Lo dice nada menos que el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Y con él, serán los dos millones de catalanes que votan a los partidos independentistas los que asumirán esa versión perversa y profundamente dañina y destructora de nuestro Estado de Derecho.

Lo que estos señores dicen, en definitiva, es que el Poder Ejecutivo ha dejado sin efecto una sentencia del Poder Judicial porque tiene, y ha ejercido, la potestad de entrometerse en sus decisiones. Como si este país fuera la Venezuela de Maduro y en lugar de una democracia en la que rige la separación de poderes fuera una dictadura o un régimen democráticamente degradado hasta lo más hondo.

Éste es el inmenso daño que el Gobierno ha infligido al prestigio de España, a su reputación y a su propia autoestima poniendo al Estado a los pies de quienes se sabe que tienen el objetivo de destruirlo para que lo pisoteen como lo están haciendo cuando desprecian la concesión del indulto y gallean exigiendo a continuación la amnistía y la celebración de un referéndum de autodeterminación.

La amnistía para dejar claro que no han cometido delito alguno y demostrar que han sido juzgados por unos jueces prevaricadores que los han condenado de manera injusta, que es lo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha venido ahora a enmendar. ¿Pero dónde ve el presidente del Gobierno en estas declaraciones del independentismo el «reencuentro» y la «concordia», dónde los ve?

Dice Sánchez que «sacando a nueve personas de la cárcel, sumamos a los cientos de miles de personas que las siguen» al proyecto común que el Gobierno propone. Pero si piensa insensatamente que la población que vota a los partidos independentistas se va a ablandar en vista de la buena voluntad exhibida por el Gobierno español demuestra estar más ciego de lo que suponíamos.

La desinflamación de la que se habla en el Gobierno no se va a producir de ninguna manera. Va a suceder todo lo contrario»

Los líderes recién indultados y todos los dirigentes secesionistas lo que van a hacer a continuación es dirigirse a sus bases y, con este triunfo en la mano, explicarles que, ganada la primera batalla, ahora están en condiciones de empujar con mayor fuerza aún para conseguir lo que pretenden: primero la amnistía para que los fugados de la Justicia regresen en loor de santidad; al mismo tiempo la anulación de todos los procesos judiciales en curso, y sobre todo y por encima de todo, el ejercicio de la autodeterminación que llevará inexorablemente a la independencia.

No son unos idiotas los dirigentes secesionistas, de modo que ya se ocuparán ellos de impedir que sus bases le compren ni por asomo al Gobierno su receta del «reencuentro». Y lo harán a base de enardecerlas con lo ya conseguido -dejar sin efecto una sentencia «injusta»- con lo que supone de premio conquistado gracias a su contumaz rebeldía, en la que se ratificarán en vista de los buenos resultados, y con la promesa reiterada de una inminente victoria. Esto es evidente para cualquiera menos, parece, para este Gobierno.

La desinflamación de la que se habla en el Gobierno no se va a producir de ninguna manera. Lo que va a suceder es todo lo contrario. No me estoy inventando nada. Recojo aquí lo que han han formulado en el día de ayer tanto los indultados como quienes les apoyan. Ahí tenemos a Joaquim Forn escribiendo «Ni un solo día de renuncia. Seguiremos luchando contra la represión, por el retorno de los exiliados y la independencia de Cataluña». Y eso es lo que van a hacer a partir de ahora todavía con más ahínco después de haber doblado, por intermediación del Gobierno, los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo con la palanca que Pedro Sánchez les ha puesto en las manos.

Pero hay algo más y todavía más grave si es que eso es posible: El presidente Sánchez en su actuación en el Liceo de Barcelona invitó a los independentistas a participar en la «construcción de un nuevo proyecto de país» porque, dijo, «la democracia está abierta a multitud de proyectos».

La mesa de diálogo no es más que una intolerable anomalía en una democracia consolidada como es la española

De sus palabras se deduce que está dispuesto a rediseñar España de la mano, atención, de quienes no tienen otro objetivo que destruirla. Y pretende perpetrar semejante fechoría ni siquiera planteándola ante el Parlamento español sino participando en una llamada Mesa de Diálogo en la que se sentarán los independentistas. Los que ellos decidan, además, porque se suponía que era una negociación entre Gobiernos pero ahora no se descarta en absoluto que se siente también Oriol Junqueras, el que acaba de decir que los indultos son la prueba de la debilidad del Estado.

¿Es que está dispuesto el señor Sánchez a pactar en una mesa de negociación con los independentistas una modificación del modelo territorial que existe hoy en España? Eso es más de lo que en este momento estamos en condiciones de considerar verosímil aunque visto lo que estamos viendo no sólo no podemos descartar esa posibilidad sino que tendremos que estar muy atentos a lo que se cocine en esa mesa de diálogo que no es, al fin y al cabo, más que una intolerable anomalía en una democracia consolidada como la española.

Hay que esperar que se haga público por una u otra vía el contenido de todos los expedientes enviados al Tribunal Supremo – hasta ahora no suministrados a los medios por el Gobierno- en los que se argumentan los motivos de «utilidad pública» por los que se indulta a unos señores que han cometido uno de los delitos más graves contra la integridad territorial del país violando la Constitución, el Estatuto de Cataluña y el ordenamiento jurídico en su conjunto; que no se retractan de lo cometido; que declaran que lo volverán a intentar en cuanto tengan la oportunidad política de llevarlo a cabo y que, tras ser indultados, inmediatamente han exigido la amnistía y la autodeterminación.

Muy contundentes tendrían que ser esas razones para justificar lo injustificable: el haber puesto al Estado a los pies de quienes no pretenden otra cosa que destruirlo.