El Gobierno, tras su decisión del pasado martes de aprobar los indultos parciales a nueve de los condenados del procés, actúa como si la medida de gracia no tuviera marcha atrás. Como si fuera un hecho irreversible.

Ahora sólo le preocupa la propaganda. El presidente del Gobierno defendió el viernes tras el Consejo Europeo la «utilidad» de los indultos, cuando antes lo útil era el castigo, afirmó sin sonrojarse. El aparato de Moncloa se afana en lograr adeptos a la nueva doctrina del perdón. Se esgrime como un éxito sin precedentes los apoyos de dirigentes empresariales (Círculo de Economía de Cataluña, Fomento y, con matices, CEOE), e incluso de la Conferencia Episcopal, dos ámbitos tradicionalmente afines a doctrinas conservadoras, pero que ahora se han sumado a las tesis de la reconciliación.

Especialmente activo está el ministro de Justicia. Juan Carlos Campo no sólo aparece en medios de comunicación dando explicaciones, sino que se está reuniendo en cenas discretas con jueces y magistrados de todas las tendencias para defender su argumento (porque es suyo) de la «utilidad pública» para justificar la excarcelación de los condenados por delitos sedición y prevaricación.

El ministro de Justicia está en campaña. En sus reuniones discretas con jueces y magistrados defiende que los indultos «garantizan la unidad de España»

Campo hace proselitismo, convencido de que él y el presidente tienen razón, y va aún más allá cuando expone frente a alguno de sus boquiabiertos interlocutores que la medida del indulto «garantiza la unidad de España».

Ahora, dicen en Moncloa, toca «ganar la batalla del relato», explicar el por qué de una medida que se sabía que iba a provocar el rechazo de una parte importante de la opinión pública. La dialéctica se traslada a un tablero netamente político: el progresismo, encabezado por Pedro Sánchez, contra la España más ultramontana, capitaneada por Pablo Casado.

Parece como si nadie tuviera en cuenta que el recorrido judicial de los indultos aún no ha terminado. Los recursos se dirimirán, no lo duden, en el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Aunque hay consenso entre los magistrados sobre el rechazo a la medidas cautelares que han solicitado Vox y Ciudadanos, se duda de la capacidad de éste partido y del PP para recurrir ante esta Sala. Pero lo que casi nadie cuestiona en el seno del Supremo es la capacidad del partido de Santiago Abascal para actuar en una causa de la que fue parte como acusación ante la Sala Segunda.

¿Podría el Pleno de la Sala Tercera revocar la medida de gracia, que implicaría el inmediato ingreso en prisión de los indultados? Por más que esa posibilidad parezca ahora ciencia ficción, la respuesta es «sí». Está en su capacidad el hacerlo. De hecho, según fuentes de la propia Sala el equilibrio de fuerzas en estos momentos estaría ligeramente a favor de la admisión del recurso y de entrar en el fondo de la decisión del gobierno. Diecisiete magistrados serían partidarios de revocar la medida de gracia mientras que quince estarían a favor de ratificarla, rechazando el recurso.

Hay una ligera mayoría de magistrados (17 frente a 15) favorable a entrar en el fondo de la cuestión: determinar si la «utilidad pública» que esgrime el Gobierno está suficientemente motivada

Los contrarios a revocar la medida de gracia estiman en su mayoría que la Sala Tercera no puede fiscalizar actos propios del Gobierno, como los indultos. Creen que la deliberación de la Sala debería limitarse al cumplimiento de los requisitos formales de la medida por parte del Ejecutivo. Sin embargo, sus oponentes opinan que la Sala Tercera puede, perfectamente, entrar en la motivación de la medida. Es decir, en valorar si la «utilidad pública» que esgrime el ministro de Justicia en sus escritos como aval del indulto está bien justificada.

La Sala Tercera ya entró en el fondo de la cuestión -la justificación de la medida- en el famoso ‘caso del kamikaze’, cuyo indulto fue rechazado 19 votos contra 17 en un varapalo sin precedentes al ponente, Carlos Lesmes, hoy presidente del Tribunal Supremo. Lesmes nunca olvidó el revolcón que le dio la Sala Tercera, presidida por José Manuel Sieira, que, cuando llegó el momento de su renovación en la presidencia de la Sala se encontró con la férrea oposición del que había mordido el polvo, pero que, con el tiempo, llegó a tener un poder incontestable entre los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial.

La Sala Tercera del Supremo es una especie de élite judicial (sus miembros, especialistas en cada una de las materias de lo contencioso administrativo, tienen que hacer una oposición complementaria, además de la propia de la judicatura para acceder a ese sancta santorum ). Sus propios miembros se autodenominan el «West Point de la Justicia», para resaltar su carácter de casta superior dentro de esa familia de elegidos que conforman el Tribunal Supremo.

Aunque el presidente de la Sala Tercera, César Tolosa, trate, como es natural, de alcanzar un consenso entre los miembros del Pleno, los 32 magistrados que lo componen no se van a dejar pastorear fácilmente. Entre sus responsabilidades, no lo olvidemos, está la de juzgar los actos del Gobierno, como son los indultos, y a ninguno de ellos le va a temblar el pulso si está convencido de su criterio, perjudique o no a la nueva situación política creada tras la salida de prisión de los condenados.

Eso no quiere decir que la Sala Tercera sea impermeable a la situación que se viva en Cataluña cuando llegado el momento de decidir si los indultados deben o no ingresar de nuevo en prisión. «Si la negociación avanza y no hay amenaza seria de ruptura de la Constitución por parte de los independentistas será más difícil tumbar los indultos; ahora bien, si hay crispación y los líderes independentistas vuelven a las andadas, entonces habrá muchas posibilidades de que la Sala Tercera adopte una medida que supondría la vuelta a prisión de los condenados», confiesa un destacado miembros del Supremo. Hay una salida intermedia: que la Sala entienda no suficientemente justificada la «utilidad pública» y dé al Gobierno un plazo para vuelva argumentar con razones de peso. Pero, incluso esa posibilidad, ya de por sí supondría un varapalo para la decisión que acaba de adoptar Sánchez.

En todo caso, el Gobierno hace mal en ningunear las posibilidades que tiene la Sala Tercera de tumbar los indultos. La Justicia ya ha sido suficientemente vapuleada (la resolución de la Asamblea del Consejo de Europa ha causado estupor en el mundo judicial, como puso de manifiesto el comunicado unánime del CGPJ) como para dar por hecho que los recursos presentados ante la sala de lo Contencioso Administrativo serán rechazados sin más. El Estado de Derecho funciona -de momento- y eso es algo que el Gobierno no debe olvidar.