Un enardecido Pedro Sánchez explicó ayer ante un Comité Federal del PSOE en el que no estuvieron los escasos críticos que quedan (García Page y Lambán excusaron su asistencia) la política de indultos a los líderes del procés. Una medida que el presidente situó como una prueba inequívoca del «patriotismo» del PSOE.

«Los efectos de la medida ya se están notando», afirmó. Desde luego que sí. Los indultos supusieron una desautorización nítida a la Sala Segunda del Supremo, que se había opuesto en contundente escrito a la medida de gracia. Ahora le ha tocado el turno al Tribunal de Cuentas.

La cuestión se explica fácilmente. Los condenados por la declaración unilateral de independencia y el referéndum ilegal del 1-O no sólo quieren que el Gobierno decrete su excarcelación, sino que pretenden que el perdón al cumplimiento íntegro de sus penas conlleve a su vez la anulación de toda las causas que se siguen contra ellos. Quieren una especie de ley de punto final que borre todo su pasado y no sólo por las decisiones que adoptaron desde sus cargos públicos para vulnerar la Constitución y saltarse a la torera la soberanía nacional, sino también por las responsabilidades que asumieron al gastar fondos públicos de forma ilegal.

Eso es lo que nos lleva al Tribunal de Cuentas, que estimó esta semana en 5,4 millones de euros el desvío de fondos que se llevó a cabo entre 2011 y 2017 para crear embajadas y para la promoción exterior de la inexistente república catalana (Diplocat). Justo cuando el presidente del Gobierno recibía en Moncloa al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, como primer paso en esta nueva etapa de diálogo, los miembros del Tribunal de Cuentas emitieron un comunicado en el que daban cuenta de las «responsabilidades contables» de Artur Mas (2,8 millones), Oriol Junqueras (1,9 millones), Carles Puigdemont (1,9) o Andreu Mas Colell (2,8).

El Tribunal de Cuentas les ha dado quince días para depositar la fianza por esas cantidades. Si no lo hacen, sus bienes serán embargados. Y, claro, eso duele. Artur Mas tuvo la suerte de que, cuando fue condenado por el 9-N, una caja de resistencia pagó su fianza. Pero ahora esa caja está vacía.

Los independentistas la han emprendido contra el Tribunal de Cuentas con argumentos tan peregrinos como que de él forma parte un hermano del presidente Aznar. Los medios soberanistas se han apuntado gustosos a esa campaña de desprestigio. Es natural.

Lo que ya no es tan normal es que el propio Gobierno se haya sumado a la tarea de deslegitimación. De manera sonora, como suele hacer, el primero en arrojar la piedra fue el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que dijo hace unos días que el Tribunal de Cuentas estaba «empedrando» el camino para el reencuentro con Cataluña.

La ofensiva subió de tono el pasado jueves, cuando el propio presidente del Gobierno, en entrevista con Ferreras en La Sexta, afirmó que los hechos iban a ser juzgados «por una ex ministra de Aznar», y que eso era «un anacronismo».

El Gobierno ha emprendido una campaña de desprestigio contra el Tribunal de Cuentas, que exige a los independentistas que restituyan el dinero gastado en actos ilegales

En efecto, la magistrada ponente del caso por el que se les requiere a los líderes del procés 5,4 millones será Margarita Mariscal de Gante, que fue ministra de Justicia en el Gobierno presidido por José María Aznar. Se le olvidó decir a Pedro Sánchez que en la Sala del Tribunal de Cuentas que decidirá sobre los recursos hay una mayoría del PSOE (Felipe García Ortiz y María Antonia Lozano fueron propuestos por el Partido Socialista, mientras que José Manuel Suárez Robledano fue designado a propuesta del PP). También eludió el presidente que Mariscal de Gante fue nombrada hace tan sólo un mes por el Consejo de Ministros como miembro del Consejo de Transparencia. Algo que no se sé si será anacrónico, pero que sí parece contradictorio con la batalla emprendida esta semana por desprestigiarla a ella y a la institución que representa.

Los doce miembros del Tribunal de Cuentas son elegidos por una mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado y no pueden ser removidos hasta que concluye su mandato, que dura nueve años y que precisamente concluye el próximo 20 de julio. Es uno de los órganos que están pendientes de un acuerdo, cada día más lejano, entre el PSOE y el PP.

La tarea de intoxicación respecto al Tribunal de Cuentas no sólo consiste en apuntar a sus miembros como si éstos respondieran a una disciplina política de partido que no se compadece con las sentencia que se han venido produciendo a lo largo de los últimos años, sino en rebajar el nivel de sus sentencias a actos puramente administrativos.

El presidente, también en la conversación con Ferreras, dijo que el Tribunal de Cuentas «es una instancia administrativa, no judicial». Ese argumento lo repiten como papagayos los acólitos del Gobierno, como si fuera una verdad indiscutible. El Tribunal de Cuentas emitió el pasado jueves una «nota aclaratoria», que no tiene precedentes y que era la respuesta ante la ofensiva que contra su esencia se estaba llevando a cabo por tierra, mar y aire. En ella se afirma que el tribunal «ejerce su función jurisdiccional dirigida a enjuiciar responsabilidades contables para obtener la restitución de los fondos públicos ante usos indebidos de los mismos».

Esa afirmación, que contradice al presidente, no sólo es una opinión interna de los miembros del Tribunal de Cuentas. Una sentencia del Tribunal Constitucional (215/2000 de 18 de septiembre de 2000) establece que «la función jurisdiccional de enjuiciamiento contable por el Tribunal de Cuentas no es en sí mismo contrario al derecho fundamental de la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la CE), pues es la propia Constitución la que permite la atribución de funciones jurisdiccionales a dicho órgano».

Naturalmente, las sentencias del Tribunal de Cuentas pueden ser recurridas ante la propia sala o ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Y lo que pretende el presidente del Gobierno es que sea la Sala Tercera del Supremo la que reconduzca las empedradas sentencias del Tribunal de Cuentas de manera coherente con la nueva etapa de reconciliación.

Sin embargo, las maniobras que se están llevando en la Sala Tercera (justamente la que tiene que decidir sobre los recursos contra los indultos) no están saliendo todo lo bien que prometía el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y pese a los buenos oficios del magistrado Pablo Lucas.

El mismo día en el que Sánchez desplegaba sus encantos ante las cámaras de La Sexta, la Sala Primera de lo Contencioso del Supremo inadmitía el recurso presentado por Artur Mas y otros dirigentes nacionalistas contra la sentencia del Tribunal de Cuentas del 26 de junio de 2019 que les condenaba al pago de 4,98 millones de euros por los gastos de la consulta del 9-N.

En efecto, los efectos de los indultos ya se están notando. Los tribunales y la separación de poderes ya lo están sufriendo y de qué forma.

Lo malo no son los indultos en sí mismos, sino el achatarramiento de las instituciones que conlleva, labor a la que el Gobierno se está aplicando con afán para congraciarse con los independentistas.

Sin embargo, como están demostrando los miembros del Tribunal de Cuentas y del propio Tribunal Supremo, eliminar las piedras del camino de la reconciliación va a ser algo más complicado de lo que los independentistas y el propio presidente esperaban. Afortunadamente.