Durante las semanas previas al cambio de Gobierno, desde Moncloa y también desde las terminales de los dos partidos de la coalición, se desató una guerra de filtraciones encaminadas a condicionar el resultado final de la crisis.

Uno de los damnificados de esa batalla de desinformación fue el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. José Luis Escrivá era un objetivo a abatir por la facción podemita del Ejecutivo. Pero la maniobra no surtió efecto: su nombre nunca llegó a estar sobre la mesa de los candidatos al cese.

Hemos hablado ya en esta columna de algunos elementos para interpretar los cambios de Gobierno como la salida de Iván Redondo o el ascenso de Oscar López. Ahora toca abordar el asunto que, desde el momento en que Pedro Sánchez decidió remodelar el Ejecutivo para afrontar la segunda mitad de la legislatura, condicionó todo lo demás: asegurar la percepción de los fondos europeos que garantizarán, al menos en teoría, una fuerte recuperación económica.

Ese condicionante supremo blindó desde el primer momento a dos personas: Nadia Calviño y José Luis Escrivá. Se sabía que los llamados frugales (los países de la UE reticentes a dar ayudas sin garantías a los países del sur) iban a poner el acento para dar luz verde a la liberación de fondos en la ortodoxia de la política económica, que implica el compromiso a partir de 2022 de reducir el déficit y la deuda, y en la puesta en marcha de un plan creíble para que las pensiones en España sean sostenibles a medio plazo.

Escrivá, meteduras de pata al margen, ha tenido que lidiar con las presiones dentro del propio Gobierno para que la Seguridad Social siguiera asumiendo costes que no tienen que ver con las pensiones -como el ingreso mínimo vital-; bregar con la facción de Podemos, antes encabezada por Pablo Iglesias, ahora por la no menos combativa Yolanda Díaz, que pretende descafeinar la reforma de las pensiones; con los agentes sociales, cada uno con sus intereses; con los grupos políticos en el Congreso y, naturalmente, con la UE, que mira con lupa todo lo que le llega desde España.

Hasta ahora, Escrivá ha salido vivo de un intento en el que otros fracasaron estrepitosamente. Los varapalos que le han llovido desde derecha e izquierda, desde la patronal a los sindicatos, desde el PSOE o desde los autónomos, no le han movido de su objetivo fundamental. No le duelen prendas si tiene que rectificar (como en el caso de los recortes a la llamada generación baby boom) y sabe que cuenta con el respaldo del presidente. Aunque eso dura lo que dura.

La idea que se ha extendido, con la inestimable colaboración de una parte del Gobierno y de las entidades financieras, es que la Seguridad Social está al borde de la quiebra y que hay que cobrar la pensión cuanto antes porque el sistema es ya insostenible.

Desde fuentes cercanas al ministro señalan, sin embargo, que la cosa no es para tanto. El coste de las pensiones en España se sitúa en el 12% del PIB, mientras que en países de nuestro entorno, como Francia o Italia, llega hasta el 16%.

La Seguridad Social tendrá que ahorrar casi 40.000 millones para garantizar el cobro de las pensiones de los que se jubilen entre 2025 y 2050

En realidad, el coste total de la Seguridad Social se eleva al 14% del PIB. Pero esos dos puntos extra (que suponen más de 22.000 millones de euros) se corresponden con gastos que no tienen que ver con las pensiones, como, por ejemplo, las políticas activas de empleo, las tarifas planas y cosas por el estilo.

Escrivá ha conseguido que ya en el Presupuesto de este año casi 14.000 millones de ese gasto pase de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado. Su idea es añadir el próximo año otros 4.000 millones y que en 2023, coincidiendo con el final de la legislatura, todo el gasto extra se haya trasladado desde la Seguridad Social a los Presupuestos, lo que significaría equilibrar las cuentas de la entidad de la que depende el pago de las pensiones.

Naturalmente, ese traslado del gasto a los Presupuestos, al que siempre se han opuesto los ministros de Hacienda, supondrá un aumento del déficit, que habrá que financiar con un aumento de impuestos o con un recorte del gasto público. Esa será una de las próximas batallas en el interior del Gobierno, ya que Unidas Podemos y una parte del PSOE se inclinan claramente por la primera de las opciones. Pero, ¿se atreverá Sánchez a subir el IRPF a unos meses vista de las elecciones generales? Lo veremos.

Una vez limpiada la Seguridad Social de gastos que le son impropios (recordemos que eso se producirá en 2023), la cuestión es: ¿cuál es el déficit real entre los ingresos por cotizaciones y los desembolsos por el pago de las pensiones?

La reforma que se va a poner en marcha -una parte sustancial ya pactada con los agentes sociales- tiene en cuenta que el déficit irá en aumento hasta llegar al máximo en el año 2050. Porque, a partir de ahí, cuando los baby boomers hayamos muerto, el gasto irá disminuyendo progresivamente.

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Pues bien, el déficit que hay que corregir se situaría, según cálculos del Ministerio, en 3,5 puntos del PIB (unos 39.000 millones de euros).

Esa es la clave de la reforma Escrivá: lograr que durante durante los 25 años en los que van a entrar en el sistema los nacidos entre 1960 y 1975 (los 9 millones de personas del baby boom) la Seguridad Social mantenga el equilibrio.

Resumiendo, el plan consta de seis apartados:

  1. Desincentivar las jubilaciones anticipadas, aumentando la reducción para las pensiones, que pasará del 4% actual para las máximas al 21% cuando el adelanto sea de dos años (ahora la edad de jubilación está en 66 años: es decir que ese aumento del recorte, que será aplicable por fases a partir de 2022, se aplicaría para los que quieran dejar de trabajar a los 64 años). Hay unas tablas pactadas con los agentes sociales en las que se especifican esas reducciones según el tiempo de adelanto y con el elemento corrector de los años que se hayan cotizado.
  2. Incentivos para retrasar la edad de jubilación. España es el país de Europa con menor actividad laboral en personas de entre 55 y 70 años. El plan es repartir el ahorro por el retraso en la jubilación entre la Seguridad Social y los afiliados. Se dará la opción de cobrar un 4% más cada año que se retrase la jubilación o bien recibir esa cantidad a tanto alzado. Para una pensión máxima eso significarían 12.000 euros por el retraso de un año. Estas dos medidas supondrán un ahorro de 1,5 puntos del PIB.
  3. Revalorizar las pensiones teniendo en cuenta la inflación del año vencido y no calculándola sobre la inflación futura. Ese cambio en el sistema de cálculo ahorrará a la Seguridad Social otro 0,3% del PIB.
  4. Establecer el cobro de pensiones de los autónomos teniendo en cuenta sus ingresos reales, para lo cual se cruzarán datos entre la Seguridad Social y Hacienda. Este punto no está aún cerrado y se piensa desplegar en un periodo de 9 años. El ahorro estimado con esta medida es de 0,5 puntos del PIB.
  5. Los dos apartados siguientes se negociarán con los agentes sociales a partir de septiembre: destope de las bases máximas. Esos significa que los salarios más altos pagarán hasta un 30% más de retención a la Seguridad Social, aunque también esas pensiones aumentarán en esa misma proporción. Esta medida supondrá un 0,5 puntos del PIB de ahorro.
  6. Introducción de un criterio de solidaridad intergeneracional, que sustituirá al vigente factor de sostenibilidad. Esta medida, que tiene que estar acordada antes del 15 de noviembre, es la que más polvareda ha provocado porque supone introducir un recargo a la generación del baby boom. El ahorro estimado al aplicar este criterio de solidaridad se estima en 0,5 puntos del PIB (unos 5.500 millones). Las medidas que se acuerden entrarán en vigor a partir de 2027, en el caso de que las cinco anteriores sean insuficientes para garantizar el equilibrio de la Seguridad Social.

Es lógico que miles de afiliados, sobre todo los que cobran pensiones máximas, hayan decidido, tras hacer sus cálculos, adelantar la jubilación para no verse castigados con el recorte que contempla la reforma. Y también que millones de españoles se hayan preguntado por primera vez si ellos tuvieron la desgracia de nacer durante el baby boom. Pero esa legítima preocupación no puede ocultar lo fundamental: si el actual sistema no se corrige ahora, los que entren en el sistema a partir de 2025 progresivamente hasta 2050 van a ver peligrar el cobro de su pensión.

El proyecto es ambicioso y, aunque se diga lo contrario, implicará recortes. Por ello, sería deseable que la reforma de Escrivá se llevara a cabo mediante un gran pacto de Estado en el que, además de los agentes sociales, participaran otros grupos políticos, esencialmente el PP.