España, 31 de agosto de 2021: el precio de la electricidad superará por primera vez en la historia los 130 euros/MWh. Récord tras récord, el Gobierno que prometió bajar el coste del recibo de la luz se va quedando sin argumentos para explicar un fenómeno que no tiene nada de sobrenatural y al que ya apuntaban los mercados de futuros.

En su decepcionante comparecencia de ayer en el Congreso, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica no concretó ninguna medida a corto plazo que detenga esta escalada de precios. Eso sí, apeló a la «falta de empatía social» de las eléctricas, que vacían los pantanos para obtener una rentabilidad extraordinaria. Las compañías que se dedican a este negocio lo que buscan es la empatía del inversor, que va en paralelo con la curva de sus ganancias. No sé muy bien qué quiso decir Teresa Ribera con esa referencia a la «empatía social». ¿Acaso va a iniciar el Gobierno una campaña de desprestigio de las eléctricas? ¿Es que no eso lo que lleva haciendo Podemos desde hace meses?

Entiendo el enfado de los clientes de tarifa regulada (unos 10 millones de hogares) que, tras haber tenido que cambiar sus hábitos de consumo poniendo lavadoras por la noche, ven como la tarifa no para de subir. Un 25% este año, según reconoció ayer la propia Ribera.

Lo que ha hecho hasta ahora el Gobierno (bajar el IVA al 10% y suspender el impuesto del 7% a la generación) es un parche que sólo ha servido para amortiguar el golpe. Ribera habló de sacar de la tarifa los costes por las primas a las renovables (la creación de un Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico), pero esa idea tiene una tramitación parlamentaria que prolongará durante meses la angustia de los consumidores. El precio del gas (que se ha duplicado en lo que va de año) y los costes del CO2, un fenómeno que tiene que ver con la política de transición ecológica adoptada por la UE, van a continuar altos durante una temporada. En lugar de hacer propaganda, el Gobierno tendría que haberse puesto manos a la obra al principio de este año. Pero se conformó con echar la culpa a Filomena y pensó, erróneamente, que la subida de la electricidad era algo puntual, ligado sólo a un fenómeno meteorológico.

Los precios de la energía han elevado la inflación al 3,3%. Eso requerirá más dinero público para garantizar el poder adquisitivo de salarios públicos y pensiones. Y, además, tensionará al alza la negociación salarial de los convenios.

Coincidiendo con el repunte de la luz y la comparecencia de Ribera en el Congreso, el INE dio a conocer el dato de inflación adelantado de agosto: 0,4%, lo que eleva la inflación interanual al 3,3%. Algo que no sucedía desde 2012.

La causa fundamental de ese repunte es la subida de los precios energéticos (y especialmente de la electricidad). El Gobierno no parece preocupado por el dato. Pero es para preocuparse. El precio de la energía tiene una capacidad especial de contagio a otros precios que conforman la cesta de la compra. Sube el transporte y suben las mercancías.

En ese contexto vamos a encontrarnos con una situación curiosa. Los funcionarios y los pensionistas tienen indexados sus ingresos a la evolución de la inflación. Eso quiere decir que, mientras una parte muy importante de la población perderá poder adquisitivo, esos colectivos tendrán asegurada la inmunidad frente a los los coletazos del IPC. Eso tiene dos consecuencias: por un lado, que el Estado tendrá que hacer frente a esa compensación. Con el índice de precios actual, el Gobierno tendrá que destinar un extra para la pensiones de en torno a los 5.000 millones de euros. ¿Cómo se va a tomar Bruselas esa garantía que hará elevar el déficit público español? Seguro que no muy bien.

Por otro lado, la subida del IPC tensionará al alza la negociación de los convenios colectivos. Eso, en un marco de nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional. Si esa espiral no se frena, en unos meses tendremos un panorama bastante feo: una pérdida de competitividad que afectará a la evolución de nuestras exportaciones.

No quiero amargarles la vuelta al trabajo. Yo también estoy muy afectado por eso que llaman el trauma postvacacional. Pero hay que mirar a la realidad de frente y no pensar, como ha hecho el Gobierno con el precio de la luz, que los problemas desaparecerán como por arte de magia. O que todo se arregla con los fondos europeos.

Alimentar la demagogia, como ayer hizo Ribera con ese llamamiento a la empatía social de las eléctricas, sólo da armas a Podemos, que reivindica su existencia a base de darle collejas al Gobierno.