¿Ha sido, durante décadas, el padre del actual jefe del Estado un comisionista de lujo? ¿Ha tenido realmente don Juan Carlos de Borbón un comportamiento ‘no ejemplar’ o, directamente, irregular? Estas preguntas, que se formulan desde hace años buena parte de la opinión pública y de la propia clase política española, lejos de contestarse, se recrudecen cada vez más conforme aparecen nuevos indicios de posibles conductas irregulares, en forma de presuntos delitos financieros, por parte del Rey Emérito. Unas sospechas que dañan, tal vez de forma irreparable, a la más alta Institución del Estado y producen un lamentable deterioro de la confianza de los ciudadanos en un Sistema que, con sus lógicos vaivenes, sigue funcionando de forma ejemplar. ¿Será capaz la Justicia, de forma independiente y clara, de dar respuesta a estos interrogantes? 

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