La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo este jueves en la rueda de prensa de presentación de los presupuestos generales de 2022, aprobados por el Consejo de Ministros, que habrá una dotación de 2.199 millones para becas y ayudas con especial atención al acceso a los puestos de jueces, fiscales y abogados del Estado. El objetivo, añadió, es «democratizar» estos cuerpos para que puedan acceder a ellos todas las familias y dejen de ser un coto vedado al que se accede casi por tradición familiar. Le faltó decir «y adscripción política a la derecha».

La idea procede de la factoría conceptual de Podemos, partido que lleva tiempo cuestionando al poder judicial y, en especial, al Tribunal Supremo. Un ejemplo reciente: tras la condena ayer a Alberto Rodríguez por agresión a un policía, los dirigentes de Podemos se lanzaron en las redes sociales a desacreditar el fallo del Supremo. Pablo Iglesias colgó en su cuenta de Twitter una fotografía del rey emérito junto a otra del diputado podemita conocido como El Rastas con este texto: «La justicia es igual para todos… Vergüenza».

Los populistas de izquierdas no son los únicos que cuestionan a la Justicia en España. Carles Puigdemont lo hace a diario, al igual que todo el bloque de partidos independentistas. Hay, además, un coro mediático de gran audiencia que incide en la idea de que los jueces tienen dos varas de medir: una para los poderosos y otra para el resto de los mortales.

El Gobierno asume la tesis de Podemos de que la Justicia está en manos de la derecha y dará ayudas para «democratizar» el acceso a las carreras de jueces, fiscales y abogados del Estado

Siempre ha habido políticos estrambóticos que se han hecho populares por vapulear a la Justicia (la frase «la justicia es un cachondeo», pronunciada por el que fuera alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, es de 1985). Los ataques, naturalmente, se producen cuando los jueces no les dan la razón. La novedad ahora es que a esa campaña de desprestigio se ha sumado el Gobierno, al dar por hecho que hay que destinar una partida presupuestaria especial para que los jóvenes de familias menos pudientes puedan preparar oposiciones y llegar a ser, en un futuro, jueces, fiscales o abogados del Estado.

La premisa sobre la que se basa la afirmación de que la Justicia no es democrática porque el acceso a la carrera judicial o al ejercicio de la abogacía del Estado está vinculado al nivel de ingresos de los opositores es absolutamente falsa. Como también lo es la idea de que la inmensa mayoría de los jueces o fiscales son de derechas.

Los datos contradicen esas tesis y son reveladores al respecto. Los jueces y fiscales, recién aprobada su oposición, cobran en torno a 2.500 euros brutos mensuales. Ya con diez años de ejercicio, esa cifra ronda los 3.500 euros. Por tanto, aspirar a esos puestos, tras años de duro esfuerzo una vez terminada la carrera, tiene poco que ver con las aspiraciones crematísticas. Las familias de tradición jurídica tampoco gozan de una posición desahogada, como supone la ministra de Hacienda, y tienen que hacer un sacrificio para que sus hijos puedan preparar las oposiciones. De hecho, ahora la mayoría de los opositores no son hijos o nietos de jueces o fiscales.

La segunda falsedad sobre la que se sustenta esta ayuda especial para democratizar la Justicia es que la carrera judicial está en manos de los conservadores. Un dato: la Unión Progresista de Fiscales (a la que pertenece Dolores Delgado, actual Fiscal General del Estado) controla cuatro puestos de los nueve que componen el Consejo Fiscal.

Es verdad que la asociación más numerosa entre los jueces es la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), pero también lo es que la inmensa mayoría de los magistrados no están adscritos a ninguna asociación.

Hay jueces progresistas en el Consejo General del Poder Judicial (a veces incluso mayoría) y también en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional. Con excepciones, la mayoría de ellos -progresistas o conservadores- tienen como norma la aplicación estricta de la ley, por encima de sus ideologías. Por ello, en ocasiones, se dan fallos en los que no se podría distinguir el color político de los magistrados. Un caso sonado: la sentencia del procés fue adoptada por unanimidad por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Es intolerable que un poder del Estado, en este caso el Ejecutivo, arremeta con tal descaro contra otro poder, el Judicial, que no tiene herramientas para defenderse y cuyos miembros se suelen distinguir por la discreción de su conducta y manifestaciones.

Resulta poco creíble la defensa que hace ocasionalmente el presidente Sánchez de las decisiones del Supremo cuando, al mismo tiempo, su Gobierno dota el presupuesto de una partida de ayudas para equilibrar ideológicamente la administración de Justicia.

El Estado de Derecho, que es la base de nuestra democracia, sufre ya a diario suficientes agresiones como para que el Gobierno se sume alegremente al festival de los que sólo persiguen su destrucción.