La reforma fiscal que quiere poner en marcha el Gobierno eludirá subir los tipos del IRPF o retoques al alza en otros grandes impuestos, como le gustaría a Unidas Podemos. Eso se deja para cuando «la recuperación esté consolidada», se justifica el presidente del Gobierno.

Sin embargo, la reforma que tiene previsto poner en práctica este año sí tiene un objetivo político claro: cortarle las alas a Madrid.

El comité de expertos creado por el Gobierno ya tiene a punto su informe, que entregará a Hacienda en los próximos días, y que servirá de base para el Libro Blanco de la Reforma Tributaria. El Gobierno tuvo buen cuidado en que los expertos coincidieran con sus tesis en los fundamental, por eso eligió para presidirlo al catedrático Jesús Ruiz-Huerta, miembro de la Fundación Alternativas, muy próxima al PSOE. También designó como uno de los arietes del informe a Alain Cuenca, director del Instituto de Estudios Fiscales, que depende directamente del Ministerio de Hacienda. Pero incluso con esas precauciones, hubo división en el seno de la comisión.

La fórmula elegida para llevar a cabo esa limitación consistiría en la modificación de la ley de cesión de tributos de 2009, que es la que ha permitido a Madrid establecer esas elevadas bonificaciones

Lo que desde el comité se ha filtrado en los últimos días es que su informe propondrá al Gobierno una «armonización fiscal» que supondrá en la práctica recortar la capacidad que tienen las comunidades autónomas para actuar sobre los impuestos cedidos. Como es sabido, Madrid tiene bonificado al 100% el impuesto de patrimonio y al 99% de los impuestos de sucesiones y donaciones. La idea de los expertos sería establecer un mínimo de carácter estatal, de tal manera que nadie pudiera escapar del pago de esos impuestos. La fórmula elegida para llevar a cabo esa limitación consistiría en la modificación de la ley de cesión de tributos de 2009, que es la que ha permitido a Madrid establecer esas elevadas bonificaciones. Para cambiar esa ley al Gobierno le sería suficiente con una mayoría simple en el Congreso.

La llamada «armonización» es, en definitiva, un recorte a la autonomía fiscal de las comunidades, reconocida por el artículo 156 de la Constitución. Es un asunto de fondo, no técnico, y tan polémico que, de hecho, ha sido la causa de la dimisión de dos miembros del comité de expertos: Ignacio Zubiri (catedrático de Hacienda Pública del País Vasco), y de Carlos Monasterio (catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo). Sencillamente, no están de acuerdo en poner su firma en un escrito que limita la capacidad normativa en materia fiscal de la CCAA.

Atisbando lo que se le viene encima, el consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado miércoles un proyecto de ley de defensa de la autonomía financiera para, precisamente, blindar sus competencias. La batalla está servida, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez va a llevar a cabo pese a quien pese la reforma y el ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso defenderá sus competencias utilizando todas sus armas, incluido el recurso ante el Tribunal Constitucional. No nos engañemos, detrás del argumentario competencial hay un choque político, que enfrenta dos modelos opuestos y que, una vez más, sitúa a la presidenta de la Comunidad de Madrid en el centro de la ofensiva del gobierno de coalición contra un estandarte de las políticas liberales del PP.

Como les decía, la reforma fiscal que piensa aprobar el Gobierno (al margen de que vaya a incorporar nuevos impuestos medioambientales) tiene como principal objetivo frenar a Madrid. Incluso, aunque ello suponga lastrar a la comunidad que se ha convertido en la locomotora económica de España (representa el 19,3% del PIB total), superando a Cataluña, a pesar de contar con casi un millón menos de habitantes.

El modelo de recorte de impuestos y atracción de inversiones ha dado como resultado que Madrid sea la Comunidad que más crece y la que más aporta a la solidaridad

La excusa para llevar a cabo la «armonización» es evitar un supuesto dumping fiscal. Según esa tesis, muy del gusto de comunidades gobernadas por el PSOE o por por nacionalistas vascos y catalanes, Madrid se aprovecha de ser una autonomía rica para bajar impuestos, lo que dejaría al resto en inferioridad de condiciones.

La teoría de la uniformidad fiscal, que va contra la esencia de la «cogobernanza» aireada por Sánchez, quedó plasmada incluso en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que se dice: «Se evidencia la necesidad de aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza de distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y evitando la competencia fiscal perjudicial entre comunidades autónomas».

Las contradicciones en este debate sorprenden por lo burdas. Llama la atención que Cataluña, gobernada por partidos independentistas, se erija en defensora de la uniformidad fiscal en España. ERC, partido al que pertenece el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, defiende sin rubor en el Congreso «corregir el proceso de competencia fiscal a la baja». ¡Los defensores de la independencia de Cataluña protestando por la excesiva autonomía de Madrid!. Tiene gracia.

Otro nacionalista que critica el supuesto «dumping fiscal» de Madrid es el lehendakari Urkullu, obviando que el País Vasco goza de un concierto económico y una autonomía fiscal que libera a su autonomía de aportar fondos a la solidaridad interregional. Algunos sólo ven la paja en el ojo ajeno.

La demagogia en este tema está a la orden del día. Se dice, por ejemplo, que es injusto que los herederos paguen distintos impuestos dependiendo de dónde vivan. Pongamos un ejemplo. La herencia media en Madrid es de 160.000 euros, cantidad por la que el o los herederos pagan 22,6 euros. Esa misma herencia en Asturias, por ejemplo, tributa 2.260 euros. Pero, ¿qué es lo injusto? ¿pagar 22,6 euros, o 2.260 euros?

Bajar impuestos no significa recaudar menos. De hecho, Madrid es la comunidad que más recauda por grandes impuestos (IRPF, IVA, Impuestos Especiales,…), con un total de 87.877 millones en 2019. La insolidaria Madrid es la comunidad que más aporta al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Entre 2009 y 2019 Madrid ha transferido a ese fondo de solidaridad interregional 36.000 millones de euros, mientras que Cataluña, por ejemplo, ha aportado 12.637 millones en ese mismo periodo.

No se puede decir, por tanto, que Madrid no reparta una parte importante de su riqueza al reequilibrio de las autonomías con menos recursos.

El «antimadrileñismo» ya no es sólo sólo un leitmotiv de los independentistas catalanes. El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, se ha destacado en los últimos tiempos como adalid de las críticas a los privilegios de Madrid, proponiendo incluso la implantación de un impuesto específico de capitalidad, desvarío que ha descartado el Gobierno.

Madrid es la comunidad más rica de España (con un PIB per cápita de casi 35.000 euros), pero también es la comunidad con menor porcentaje de economía sumergida: el 16,2%. La Comunidad valenciana tiene casi un 25% de economía sumergida (casi diez puntos más que Madrid). En lugar de quejarse tanto, Puig podría hacer algo por reducir la economía que no paga impuestos en su comunidad.

Los números, por tanto, no justifican la cacareada «armonización fiscal», que pretende restar a Madrid competitividad y frenar su continuada progresión económica. Madrid representa un modelo de desarrollo basado en la rebaja de la presión fiscal y la atracción de inversiones para la creación de empleo. Eso es lo que pretende cargarse la reforma fiscal que quiere poner en marcha el Gobierno. Piensa Sánchez, y ese es un gran error, que si a Madrid le va mal a él le irá bien.