El presidente del Gobierno sacó este jueves pecho con los datos del paro. «Esta tiene que ser la legislatura del empleo», dijo en un acto con pensionistas.

La Encuesta de Población Activa (EPA) que recoge la información del pasado ejercicio muestra un importante crecimiento del empleo (se han creado 840.600 puestos de trabajo), y, en paralelo, una sensible reducción de la tasa de paro (13,33%), que no se alcanzaba desde el inicio de la crisis financiera en 2008.

Son buenos registros, sí. Aunque hay fenómenos preocupantes. Por ejemplo, durante el periodo de la pandemia el sector público ha creado 222.000 empleos (los sectores más activos han sido sanidad y educación), mientras que el sector privado aún tiene 96.000 empleos menos que antes del Covid. También hay que apuntar que ahora se trabajan menos horas que antes de la pandemia, aunque hay más gente trabajando. Y que, esto es lo peor, la tasa de paro juvenil supera el 38%. Pero, en fin, en España hay más de 20 millones de personas trabajando y eso es para celebrarlo.

Ese crecimiento del empleo se está logrando incluso aunque la economía está creciendo un 25% menos de lo que preveía el Gobierno. Eso quiere decir algo que, probablemente, a Pedro Sánchez no le guste reconocer: que el mercado de trabajo funciona porque es bastante flexible y por eso el crecimiento del PIB se traslada de forma casi automática a la creación de empleo.

La cuestión es que ahora ese marco se va a cambiar. El Gobierno pretende aprobar el decreto de la reforma laboral (que supone, por ejemplo, la desaparición de los contratos por obra) el próximo 3 de febrero sobre la base del acuerdo alcanzado entre empresarios y sindicatos. Ya comenté en estas páginas que el decreto -sin ser una calamidad y, desde luego, sin derogar la reforma de 2012- es un mal menor cuyo efecto en el menor ritmo de creación de empleo podremos comprobar de aquí al final de la legislatura.

Ayer, los socios de legislatura del Gobierno (ERC, EHBildu, BNG y el añadido de la CUP) firmaron un documento en el que manifiestan su oposición a apoyar el decreto en el Congreso si no se incluyen sus peticiones, entre ellas la vuelta a la indemnización por despido de 45 días por año trabajado. Las siete enmiendas que plantean estos grupos sí que suponen una derogación de la reforma del 2012 en toda regla.

El Gobierno no moverá una coma de la reforma pactada por empresarios y sindicatos. Si la ministra de Trabajo no logra convencer a sus aliados de la izquierda, y el decreto sale con el apoyo de Ciudadanos, la reforma será un lastre para para su proyección política

El Gobierno ha dicho que no moverá ni una coma del acuerdo alcanzado por los interlocutores sociales porque hacerlo supondría el abandono de la CEOE, con lo que quedaría en agua de borrajas el consenso exigido por Bruselas para dar luz verde a una reforma que condiciona la llegada de fondos europeos. Sánchez está entre la espada y la pared, pero no puede ceder a la pretensión de esos partidos porque, si lo hace, pone en riesgo el maná que garantiza la recuperación.

Por eso, Sánchez ha tenido que virar el rumbo de sus prioridades a la hora de buscar apoyos y ha negociado con Ciudadanos, PDeCat y otros grupos minoritarios que, en principio, le garantizarían una victoria por la mínima, si, finalmente, los firmantes de ese ultimátum cumplen su amenaza.

Si ese giro se consuma, los socios de legislatura se van a enfadar mucho y le van a poner las cosas muy difíciles al Gobierno de coalición en está segunda mitad de legislatura. No sólo eso: van a provocar tensiones internas en el Ejecutivo que pondrán a prueba la solidez de la alianza.

La víctima de ese giro hacia el centro, en primera instancia, será la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de UP. Yolanda Díaz ha puesto toda la carne en el asador para evitar el apoyo de Ciudadanos y ha prometido a ERC que sus reivindicaciones serán atendidas en el futuro para convencer a Junqueras de que ceda y acabe facilitando la aprobación de la reforma laboral. Para lograrlo apenas si le queda una semana.

El problema que tiene Díaz es que tanto ERC como el BNG y EHBildu la ven no como un miembro del Gobierno, sino como la futura líder de un movimiento que competirá con sus siglas en unas próximas elecciones. Esa dinámica de competencia por un mismo electorado es la que no ha medido bien la ministra a la hora de solicitar apoyos para una reforma que lleva su nombre. Por no hablar de la cara que le van a poner sus compañeros de coalición en el Gobierno (Belarra, Montero y Garzón) y el propio Pablo Iglesias cuando vean que su prometida «derogación de la reforma laboral de Rajoy» queda en tan poca cosa que ¡hasta Ciudadanos vota a favor!

El propio Sánchez -en esto completamente alineado con la ministra Calviño– ve con cierta satisfacción cómo Yolanda Díaz está a punto de naufragar. Si la reforma basada en el consenso de patronal y sindicatos sale adelante con el respaldo de Arrimadas, el presidente puede venderlo como un éxito personal, una muestra de su capacidad para concitar apoyos a ambos lados de la Cámara. Sin embargo, para la jefa de filas de UP en el Consejo de Ministros, será la prueba definitiva de que nadie le va poner fácil la creación de un movimiento político que ella pretende convertir en alternativa de Gobierno.