El espionaje telefónico a más de 60 personas ligadas al independentismo catalán a través del programa Pegasus es un escándalo que debería poner en guardia a toda la oposición. Este es un asunto que no atañe sólo a los independentistas, o a los socios del Gobierno, sino que afecta a todos aquellos que creen en el Estado de Derecho.

A día de hoy, lo que podemos dar por seguro es que las grabaciones fueron llevadas a cabo por el CNI. Fuentes de toda solvencia lo han reconocido a El Independiente. Si no hubiera sido así, el Gobierno podría haberse quitado este engorroso tema de encima sencillamente desmintiendo que los servicios secretos españoles hayan participado en la operación de espionaje masivo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, de la que depende el Centro, lo único que se ha limitado a decir es que "todo se ha hecho con arreglo a la ley". Lo cual es tanto como admitir que, en efecto, el CNI espió a los independentistas pero que lo ha hecho con autorización judicial, decisión que depende del magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Pablo Lucas.

Si eso es así, significa que el presidente del Gobierno, al que CNI está obligado a presentar todos sus informes, ha estado al tanto de las conversaciones y mensajes de los líderes independentistas durante, al menos, dos años. Es decir, que mientras Pedro Sánchez negociaba con ellos, sabía lo que pensaban y cuáles eran los planes y estrategias de sus interlocutores.

El Gobierno no puede crear una zona de impunidad amparándose en una ley de secretos oficiales que proviene del franquismo y una ley del CNI que se limita a establecer el requisito de condicionar las escuchas a la previa autorización de un juez del Tribunal Supremo específicamente designado para ello. Decir que se ha cumplido la ley -¡faltaría más!- y que todo lo que tenga que ver con el CNI está protegido por el secreto es tanto como dar carta blanca a los servicios secretos para actuar sin ninguna limitación. Porque, y esto es muy importante, lo que hace el juez del Supremo es habilitar la intervención telefónica, pero en ningún caso tiene control judicial sobre la misma. Tan es así, que el resultado de la investigación es secreto y el juez no tiene conocimiento de las pesquisas. De tal forma, que, en la práctica, la autorización del Supremo opera como una especie de blanqueo de las actividades de espionaje que antes hacía el CSID (como se denominaba a los servicios secretos antes de 2002) sin ningún tipo de cortapisa.

De cara a un proceso judicial, las actuaciones del CNI no tienen ningún valor probatorio, al contrario de lo que sucede con las que lleva a cabo la Policía judicial (tanto Policía como Guardia Civil). Así que hay que deducir que las conversaciones grabadas sirvieron básicamente como información para el Gobierno; en ningún caso como pruebas o indicios de posibles delitos para aportar ante un juez.

El escándalo de las escuchas a los independentistas debería hacer reflexionar sobre los límites a la actuación de los servicios secretos. A diferencia de lo que ocurre en otros países, en España el CNI investiga algunos asuntos domésticos que, en buena lógica, deberían estar circunscritos a la Policía o a la Guardia Civil. Pero a los gobiernos les gusta tener a su disposición un aparato bien dotado, con buenos profesionales, que le aportan información relevante y que actúan con una cobertura casi absoluta para sus actividades.

El caso de las escuchas a los independentistas es un escándalo que afecta a principios básicos de un Estado de Derecho. El Gobierno está obligado a dar una explicación. Y si no lo hace, los afectados deben recurrir al Supremo. No se entiende que, a día de hoy, Núñez Feijóo no haya marcado posición sobre este grave atentado a los derechos civiles.

Sería bueno saber en qué se basó el CNI para pedir investigar no sólo a algunos líderes políticos, sino a abogados y a periodistas. ¿De verdad todos los que figuran en la lista tenían la capacidad de poner en riesgo la estabilidad del Estado o la unidad de España?

Pere Aragonés (uno de los que fueron pinchados) ha logrado que los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez, incluido su socio de Gobierno, se sumen a la petición de creación de una comisión de investigación en el Congreso. PP, Ciudadanos y Vox deberían apoyar la iniciativa. No hacerlo significa que no están interesados en saber lo que ha ocurrido, o que creen que con los independentistas vale todo, lo cual es aún peor.

El diario The Washington Post llamaba ayer la atención sobre el escándalo de las escuchas: "Cuando las democracias incurren en violaciones de las libertades civiles tan flagrantes como parece haber ocurrido en Cataluña, merecen una condena". No debería ser un periódico norteamericano el que nos recordase lo importante que es esa defensa para sostener que España es un Estado de Derecho con todas las garantías. Es más, la mejor forma de defender que el proceso judicial contra los que intentaron la independencia de Cataluña saltándose la Constitución se llevó a cabo con absoluta limpieza es pedir ahora responsabilidades por una operación masiva de escuchas más propia de un estado totalitario.

Al margen de la batalla política, la creación de una comisión de investigación en el Congreso, los afectados tienen una vía para saber por qué fueron espiados. En primer lugar, deberían solicitar al Consejo de Ministros la desclasificación de esa investigación. Y, si el Gobierno se niega a hacerlo, entonces recurrir ante la Sala Tercera del Supremo para que esta, si estima el caso, esta obligue al Gobierno a hacerlo.

El Estado de Derecho tiene la grandeza de ofrecer la cobertura de la ley incluso a aquellos que han querido violentarla. Los independentistas tienen todo la legitimidad para reclamar que se respeten sus derechos civiles. No es la primera vez que el Gobierno se ve obligado a hacerlo. Así ocurrió en 1997 con la desclasificación de las escuchas del CESID que, por cierto, se llevaron por delante a un vicepresidente del Gobierno (Narcís Serra) y a un ministro de Defensa (Julián García Vargas). Por eso llama la atención que, a día de hoy, no sepamos cuál es la posición del líder de la oposición, Núñez Feijóo, sobre este escandaloso asunto.