La cabeza de la directora del CNI pende de un hilo. Su jefa directa, la ministra de Defensa, la defiende a capa y espada, pero sabe que hay varios ministros que piensan que su destitución podría calmar la tormenta que azota al Gobierno desde que estalló el escándalo de las escuchas a líderes independentistas.

Margarita Robles no sólo se enfrenta a los dirigentes soberanistas, que reclaman su dimisión inmediata, sino a Podemos, socio a palos del Gobierno, cuyo portavoz, Pablo Echenique, le dijo ayer a la cara en el Congreso: «Usted sabe lo que tiene que hacer, no sólo por su dignidad, sino por la dignidad del Gobierno». Y, por si esto fuera poco, también tiene enfrente a un poderoso ministro de la Presidencia, cuya prioridad, por encima de cualquier otra consideración, es mantener los apoyos que permiten a Pedro Sánchez seguir en el poder. Son demasiados enemigos como para que Robles no termine cediendo la cabeza de Paz Esteban… O para que no acabe tirando la toalla y dimita. Cosa que, de momento, descarto.

Por supuesto, el ministro de la Presidencia no responsabiliza a la directora del CNI del espionaje a los independentistas, que se ha hecho justificadamente y con control judicial, sino de la brecha de seguridad que ha hecho posible el hackeo de los teléfonos del presidente y de la ministra de Defensa con el software Pegasus. Paradójicamente, aunque un caso y otro no tengan nada en común, salvo que el sistema de espionaje ha sido el mismo, Félix Bolaños cree que ese gesto, cargarse a Paz Esteban, hará que los independentistas catalanes vuelvan al redil apoyando las iniciativas parlamentarias del Gobierno en el Congreso. Se equivoca.

Va a ser muy difícil de justificar por qué debe caer Paz Esteban. La normativa sobre la responsabilidad de la seguridad en las comunicaciones de los miembros del Gobierno es, cuando menos, difusa. Según el decreto que la regula, es el Departamento de Seguridad de Moncloa -que depende de la secretaría general de la Presidencia- el encargado de facilitar los móviles encriptados al presidente y a los ministros; pero es el Centro Criptológico Nacional (CCN) el que tiene la misión de mantener al día el blindaje informático de esos móviles. En realidad, no existe un protocolo que establezca cómo y cuándo se tienen que revisar los teléfonos del presidente y los ministros. Lo que hace el CNC (que depende del CNI) es actualizar los sistemas de seguridad de los móviles de forma remota, pero nada más. De hecho, hay ministros que nunca han dejado sus móviles en manos del CNC para que le eche un vistazo.

El descubrimiento de que los móviles de Sánchez y de Robles habían sido espiados mediante Pegasus en mayo y junio de 2021 se ha producido porque, tras el estallido del escándalo del espionaje a los independentistas, se ordenó una revisión a fondo utilizando sistemas de última generación. De no ser por eso, probablemente no sabríamos que alguien -todo apunta a Marruecos- ha sustraído de los móviles del presidente y de la titular de Defensa un volumen de datos equivalente a 2,6 gigas.

Si, finalmente, rueda la cabeza de Paz Esteban podremos afirmar que los intereses del Gobierno se han impuesto a las razones de Estado

La ruptura con el independentismo (sobre todo con ERC) es el principal quebradero de cabeza del presidente. En plena polémica por las escuchas, Bolaños acudió el domingo a Barcelona para entrevistarse con la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrá. El ministro de la Presidencia no sólo le prometió la convocatoria de la Comisión de Secretos (ante la que comparece hoy Paz Esteban), para lo que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tuvo que cambiar la norma, que ha permitido dar entrada en la misma a grupos como Bildu o la CUP, sino que, además, le prometió la desclasificación de los informes sobre el espionaje a los independentistas. En el CNI se encendieron las luces de alarma. Hay una limitación legal que impide a los funcionarios del Centro hacer pública la información que puede poner en riesgo la seguridad del Estado. La pregunta es: ¿Consultó Bolaños ese ofrecimiento de información reservada con la ministra de Defensa, de la que depende el CNI? La respuesta, rotunda: no.

Tanto el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, como la cúpula de Podemos no se contentan con la información que la directora del CNI pueda aportar hoy a la Comisión de Secretos, sino que piden que rueden cabezas. Apuntan, desde luego, a Robles, pero saben que, de momento, Sánchez no la va a dejar caer. ¿Cuál es el siguiente escalón? La directora del CNI.

Es por esa razón por la que hacer público, como hizo el Gobierno el pasado día 2 de mayo y muy de mañana, que Sánchez y Robles habían sido objeto de espionaje ha dado la oportunidad para que todos dirijan sus miradas hacia Paz Esteban. Ya hay un culpable de que la seguridad de las comunicaciones del Gobierno no haya funcionado bien.

La irresponsabilidad del Gobierno en este caso es difícil de superar. El Gobierno sabía -lo han reconocido algunos ministros of the record– que en mayo de 2021 el teléfono de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, había sido espiado «desde suelo marroquí», eufemismo para no señalar directamente a Mohamed VI. ¿Por qué entonces no se ordenó una revisión a fondo de los teléfonos de todo el Gobierno, o, al menos, de sus miembros más susceptibles de ser espiados por Marruecos? ¿O se hizo, pero se decidió mantener en secreto esa información hasta ahora?

En todo caso, dando por bueno que hasta el pasado fin de semana el CCN no supo que los móviles de Sánchez y Robles habían sido pinchados, ¿por qué no se hizo una investigación a fondo sobre la posible autoría del hackeo? ¿Por qué se decidió hacerlo público? Y si, como mantienen algunos miembros de Gobierno, es imposible saber quién o qué Gobierno extranjero ordenó el espionaje, ¿por qué se envía el asunto a la Audiencia Nacional? ¿Acaso un juez puede llegar a saber lo que es imposible que sepa el CNI?

Las explicaciones suenan a excusas. El Gobierno no sólo no ha sabido salir del acoso del independentismo, sino que se ha metido en un lío aún mayor, que se puede llevar por delante a la directora del CNI, con lo que ello supone de descrédito para nuestros servicios secretos y de desmoralización para sus mandos.

Este es un debate de fondo. Si, finalmente, rueda la cabeza de Paz Esteban, podremos afirmar sin temor a equivocarnos que los intereses del Gobierno se han impuesto a las razones de Estado.

Sánchez, en su afán por mantenerse en el poder al precio que sea, ha hecho incompatible la defensa de la estabilidad del Gobierno con la defensa del Estado.