Es un problema endemoniado que se complica más y más y no tiene otra salida que una, que es justamente la que las dos partes en litigio no quieren resolver, o lo quieren pero de una manera tan opuesta que parece que nunca se van a encontrar.

Hablo de la famosa renovación del Consejo General del Poder Judicial que cada poco tiempo sale a las portadas de los periódicos y a los informativos de radio y televisión por distintos motivos, ninguno de los cuales es la consecución de un acuerdo.

Ahora habría que renovar el tercio correspondiente al Tribunal Constitucional como deja dicho la Constitución: «Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres».

Y aquí nos topamos con el problema porque el Gobierno de Pedro Sánchez modificó la ley para presionar al PP de los tiempos de Pablo Casado y desde marzo del año pasado un CGPJ en funciones ya no puede efectuar nombramientos.

Eso está teniendo efectos desastrosos en el Tribunal Supremo y ahora los tiene en el Constitucional porque toca la renovación de cuatro de los magistrados, dos a cargo del Gobierno y dos a cargo del CGPJ que no puede nombrar a nadie porque esa modificación legal se lo prohíbe.

El Gobierno ha estado considerando la posibilidad de nombrar por su cuenta a sus dos magistrados y dejar a los otros dos pendientes de una renovación que vaya usted a saber cuándo se aborda definitivamente. Pero la mayoría del TC se niega a aceptar semejante fórmula.

Y eso es así porque los magistrados del TC se oponen a saltarse ellos mismos el texto constitucional y ese «apaño» les resulta intolerable. Es decir, los cuatro nuevos miembros del TC se renovarán juntos y juntos iniciarán su mandato. Pero eso ahora mismo tampoco es posible por la limitación impuesta por el Gobierno en una ley aprobada ad hoc.

Modificación legal de la LOPJ que también está recurrida ante el Constitucional pero sobre la que los magistrados tienen un interés escaso en pronunciarse habida cuenta de los plazos que se están dando en este caso.

Nos podemos encontrar con dos juristas de reconocido prestigio sin poder tomar posesión de sus cargos porque faltan los otros dos. Una situación grotesca, no acorde con el mandato constitucional además de humillante para los elegidos. Un desastre

Los dos recursos de inconstitucionalidad planteados uno por el PP y el otro por Vox se admitieron a trámite en septiembre del pasado año, pero ocho meses después todavía no se han llevado a Pleno para su deliberación.

Estos recursos han sido asumidos por dos magistrados del sector llamado «progresista», de modo que el encargado de redactar el borrador de resolución que resuelva el recurso del PP es Juan Antonio Xiol y el de Vox es María Luisa Balaguer.

Y como es imprescindible que la mayoría del Alto Tribunal dé el plácet a los magistrados nombrados y eso no va a ser posible, nos podemos encontrar con dos juristas de reconocido prestigio sin poder tomar posesión de sus cargos porque faltan los otros dos. Una situación que sería grotesca, no acorde con el mandato constitucional además de humillante para los elegidos. Un desastre.

Lo que sucede es que al Gobierno le interesa mucho alterar las mayorías dentro del TC -aunque nunca se sabe por dónde van a respirar los magistrados- porque últimamente el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha estado recibiendo una sistemática desautorización por parte del TC en lo que se refiere al andamiaje legal construido para hacer frente a la pandemia del Covid-19.

La última se ha producido el pasado 2 de junio con la declaración de inconstitucionalidad de la reforma del Ejecutivo de Pedro Sánchez que dejó en manos de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) el aval judicial a las restricciones sanitarias, aprobadas por los Gobiernos regionales, cuando decayeron los estados de alarma.

No ha habido una sola de las tomadas por el Gobierno en relación con la pandemia que haya sido acorde con la Constitución, según su máximo intérprete. Previamente el TC ya había declarado inconstitucionales los dos estados de alarma, así como la suspensión de la actividad parlamentaria durante las primeras semanas del primero.

Y aún tiene pendiente el Alto Tribunal pronunciarse sobre la ley Celáa, la ley del aborto, la de la eutanasia, entre otras muchas de interés no sólo social sino también político. De ahí el interés del Gobierno en conseguir una mayoría «progresista» dentro del TC.

Existe la posibilidad, que yo creo que es extraordinariamente remota, de que el Gobierno se atreva a volver a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para introducir el matiz de que la imposibilidad de hacer nombramientos por parte del CGPJ no incluya a los magistrados del Constitucional. Eso sería ya el acabóse, una ley hecha a la medida de las necesidades precisas del Gobierno en cada momento. Eso es mucho más de lo que podríamos asumir.

De modo que el Gobierno está ahora mismo metido en un rompecabezas de muy difícil solución, de la que es al mismo tiempo víctima y ejecutor porque esa imposibilidad de efectuar nombramientos por parte del CGPJ decidida por el Ejecutivo se le está ahora volviendo en contra. Y cuenta con la advertencia por parte del PP de que si se le ocurriera al Gobierno nombrar a sus dos magistrados independientemente del mandato constitucional, ya se puede despedir de llegar a ninguna clase de pacto para los restos.

Aquí no hay más que una salida a este embrollo y es que el PSOE y el PP lleguen a un acuerdo de renovación. Pero el problema a día de hoy subsiste: el PSOE no quiere atender las reclamaciones del Consejo Europeo y de la propia Comisión de la UE en el sentido de permitir que los jueces sean quienes elijan a quienes, de entre sus pares, han de asumir su órgano de gobierno. No en esta renovación sino en las siguientes.

Por ahí no pasa el PSOE. Veremos si el PP hace algún movimiento de aproximación a partir de las elecciones de Andalucía. Pero que sepamos que desde ayer también el TC está en prórroga.