El mantenimiento del poder adquisitivo para 2023 supondrá un incremento del gasto en pensiones del 9%. En concreto, unos 13.000 millones de euros, según los cálculos de la AIReF, que ayer hizo públicos su presidenta Cristina Herrero.

Ese aumento del gasto corriente deja prácticamente sin margen de maniobra al Gobierno para los presupuestos del año que viene, en los que tendrá que incorporar además una subida importante en Defensa para cumplir con el compromiso adquirido por el presidente durante la Cumbre de la OTAN de Madrid y que implica alcanzar el 2% del PIB en 2029.

La Comisión Europea ha recomendado (por ahora es sólo una recomendación, pero puede convertirse en las próximas semanas en un límite obligatorio) que los países miembros sólo puedan subir su gasto corriente en un 3% sobre el PIB en el presupuesto del ejercicio 2023. Para España, esa recomendación supone que el gasto público sólo debería crecer en unos 15.000 millones de euros. La Comisión empieza ya a lanzar señales de prudencia antes de volver definitivamente a limitar el déficit público, regla que quedó en suspenso por la crisis del Covid.

La conclusión es clara. El Gobierno está atado de pies y manos. Sólo puede gastar 15.000 millones más y el aumento de las pensiones se come 13.000 millones. ¿De dónde va a salir el dinero para aumentar el salario de los funcionarios? ¿Se va a atrever Pedro Sánchez a congelar los gastos sociales?

Menciono sólo esos dos aspectos del presupuesto porque es ahí donde se van a producir las tensiones tanto con los sindicatos como con Podemos y el resto de partidos del conglomerado Frankenstein, a los que el presidente necesita para aprobar las cuentas públicas.

El Gobierno ha asumido, por fin, que la situación económica se va a deteriorar tras el verano. La inflación seguirá alta y no hay perspectiva a medio plazo de que bajen los precios de la energía. Un panorama muy feo que podría llegar a ser dramático si Rusia decide cortar el suministro de gas a Alemania.

Al comprometerse a mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, el presidente lanza una señal a los sindicatos para reclamen subidas salariales cercanas al IPC. Además, al aumentar el gasto en 13.000 millones se queda sin margen para los subir los sueldos a los funcionarios

Cuando Calviño avisa de que vamos a vivir «trimestres complicados» es como para echarse a temblar. La ministra de Economía ha recogido la idea que le lanzó el Banco de España y ha convocado a los agentes sociales para tratar de alcanzar un pacto de rentas, con intención de evitar una espiral de precios y salarios que hiera de muerte la competitividad de la economía española, ya lastrada por un diferencial de inflación de dos puntos respecto a la media de la UE.

Pacto de rentas significa moderación salarial (también de beneficios); es decir, pérdida de poder adquisitivo. Los sindicatos acuden a la reunión agitando la amenaza del «otoño caliente» y ponen como ejemplo los convenios del metal de Asturias y Cantabria, que se han cerrado con subidas del 4%. La cifra mágica a la que se van a agarrar los sindicatos en el sector privado va a ser la subida a los funcionarios, cuyo patrón es el Estado.

¿Aceptarán CCOO y UGT subidas en la función pública por debajo del 4%? ¿Pueden los presupuestos soportar un incremento de ese orden en el capítulo dos? Cada punto de subida en el salario de los funcionarios es igual a 1.500 millones de euros. Por tanto, una subida moderada del 3% es igual a 4.500 millones más de gasto corriente.

Si el presidente tiene poco margen fiscal a la hora de aumentar el gasto público, tiene aún menos margen político para introducir un poco de sensatez en la gestión económica.

Sánchez no se puede permitir el lujo de prescindir del apoyo de Unidas Podemos a sus presupuestos, ni tampoco va a echarse en manos del PP para sacar las cuentas adelante. Tampoco puede desairar demasiado a los sindicatos porque aunque ya no tengan mucha capacidad de movilización, al Gobierno no le interesa calentar la calle justo a unos meses de las elecciones municipales y autonómicas, que van a ser el verdadero termómetro electoral de España.

Tanto Sánchez como el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, insisten en mantener contra viento y marea la letra de la ley que revaloriza las pensiones según el IPC. Cuando se redactó el texto nadie pensaba que la inflación media podría dispararse hasta rondar este año un 8%, como calculan diversos servicios de estudios.

A Sánchez parece no importarle el agravio comparativo que genera esa medida, algo que ya advirtió el Banco de España, para enfado de Escrivá. Al no discriminar por renta, hay pensionistas que cobran 3.000 euros a los que se les subirá un 8%, mientras que habrá trabajadores que cobren 1.500 euros a los que sólo se les va a subir un 2% o un 3%.

Ese compromiso de que los pensionistas no van a ver mermado su poder adquisitivo llevará a los funcionarios a reclamar subidas importantes, aunque no aspiren ni de lejos a alcanzar ese 8%. Como decía anteriormente, la cifra que suban los salarios de la función pública será el listón de la mayoría de convenios.

El Gobierno, al aprobar la norma de revalorización de las pensiones con el IPC, ha lanzado a los agentes sociales una señal nefasta que lastra su lucha contra la inflación. Sánchez se ha convertido, de facto, en su peor enemigo a la hora de frenar la subida de IPC.

Como en tantas ocasiones, el Gobierno ve a los pensionistas como un granero de votos al que hay que mimar. Sánchez hará lo que sea para que las pensiones no pierdan poder adquisitivo en 2023. Aunque sea a costa de poner en riesgo la economía. A no ser que lo impida Bruselas.