La esposa y el hijo de José Antonio Griñán presentarán una petición de indulto para el ex presidente de la Junta de Andalucía una vez que se conozca la sentencia, con sus dos votos particulares, del Tribunal Supremo y cuyo fallo se hizo público el pasado 27 de julio. La Sala Segunda rechaza el recurso de Griñán y Manuel Chaves contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que condenaba al primero a seis años de prisión por los delitos de malversación y prevaricación.

Según establecía la mencionada resolución, entre los años 2000 y 2009, la dirección del PSOE de Andalucía urdió una trama que defraudó 680 millones de fondos públicos. Como recordaba Antonio Salvador -uno de los periodistas que investigó de forma más exhaustiva el caso- en su artículo, la sentencia de la Audiencia Provincial resaltaba la «absoluta falta de control» que permitió que se «prescindiera total y absolutamente del procedimiento administrativo en la concesión y el pago de subvenciones». Griñán -que fue consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2009- era «plenamente consciente de la palmaria ilegalidad del procedimiento», resalta la sentencia.

La cuestión es que la Junta de Andalucía, recurriendo a la imaginativa fórmula de la «transferencia de financiación», montó un sistema para eludir los controles de la Intervención y, de esa manera, dar ayudas a personas que tenían algún tipo de relación con el partido. El desvío de dinero, por tanto, no se hizo con el fin de agilizar trámites, como se argumentó, sino para fomentar el clientelismo sobre el que se sustentaba el poder del PSOE en Andalucía.

La condena al expresidente de la Junta de Andalucía no se basa en criterios morales, sino jurídicos. El indulto debería conllevar una asunción de responsabilidad por parte del PSOE en el mayor fraude de la historia

Algunos datos arrojan luz sobre esta hipótesis que sostiene la argumentación de la sentencia. En el año 2000, el PSOE ganó las elecciones en Andalucía con el 44,9% de los votos, obteniendo 52 escaños. Necesitó el apoyo de los 7 diputados de Izquierda Unida para gobernar. En 2004 -ya con el sistema fraudulento de ayudas en pleno funcionamiento- el PSOE logró el apoyo del 51,1% de los electores, 61 escaños, mayoría absoluta. En 2008, el PSOE volvió a repetir mayoría absoluta, esta vez con 56 escaños y el 48,9% de los votos. Es evidente que esas mayorías abrumadoras no fueron sólo a causa del fraude de los ERE, pero también parece lógico pensar que esos 680 millones de euros fueron una valiosa ayuda para que el PSOE pudiera gobernar en solitario. Si no hubiera habido esa relación causa/efecto, los altos cargos de la Junta, incluido su consejero de Economía y Hacienda, luego presidente, José Antonio Griñán, nunca se hubieran arriesgado a poner en marcha un sistema tan chapucero de elusión de controles para el reparto de dinero público.

La petición de indulto que ahora se ha conocido se basa en tres argumentos:

1º La «intachable trayectoria vital» del condenado, «caracterizada por su lucha por la democracia, la igualdad, el Estado de Bienestar y un profundo respeto a las instituciones del Estado».

2º Que Griñán «jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo de funcionario» y que «en ningún momento se ha producido en absoluto enriquecimiento personal ni familiar».

3º Y en su «talante conciliador en el ejercicio de la política».

Podemos estar de acuerdo con esta valoración personal del ex presidente del PSOE, pero, en ningún caso, ello puede llevar a un cuestionamiento de la sentencia. La petición de indulto apela a razones morales, Griñán es un hombre bueno que ha luchado por la democracia, pero las razones que le han llevado a su condena se basan en hechos que están tipificados en el Código Penal. Son criterios jurídicos, no morales, los que han llevado a los magistrados a rechazar su recurso y juzgar como firme la condena a seis años de prisión.

El Gobierno, Pedro Sánchez, tiene la capacidad legal de impedir el ingreso en prisión de este histórico militante socialista que ha cumplido ya los 76 años. Pero, para que ese indulto sea legítimo, para que no sea visto por la opinión pública como un favor a uno de los nuestros, el PSOE debería asumir su responsabilidad, y declarar públicamente que el caso de los ERE fue un gravísimo error que no se debe volver a repetir.

Sánchez no puede sostener que «el PP es un partido corrupto» por la condena de Gürtel y, al mismo tiempo, eludir la responsabilidad de la cúpula su partido (tanto Griñán como Chaves fueron presidentes del PSOE) en el mayor fraude por su cuantía de la historia de nuestra democracia.

Si ello es así, Griñán no debería entrar en prisión. Porque la condena social ya se ha producido. Ahora queda lo más difícil: que su partido de el paso de asumir su responsabilidad.