El pasado 16 de agosto El País publicó el «pacto secreto», firmado en octubre de 2021 por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el entonces número dos del PP, Teodoro García Egea, para reformar la ley del Poder Judicial con el objetivo de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pudiese nombrar a los dos miembros del Constitucional que le corresponden y así renovar el tercio de dicho tribunal cuyo mandato ha vencido.

Dos días antes, El País le preguntó en la entrevista que le hizo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por la existencia de dicho acuerdo. Era, claro, una pregunta trampa. En el diario ya se conocía el documento, pero sus periodistas prefirieron pillar en un renuncio a Feijóo, en una conversación por cierto bastante tensa. El presidente del PP negó saber nada sobre un acuerdo por escrito. ¿Mentía?

El objetivo de Bolaños -no ha podido ser otro- al filtrar el documento era precisamente ese: dejar en mal lugar a Feijóo. Bien por mentiroso y/o por incumplir los acuerdos firmados por su partido.

No está mal la jugada para ser un mes de agosto. Está dando juego y, de hecho, ha provocado tensión interna entre la actual y la anterior dirección del PP.

Pero no nos quedemos en la añagaza. Vayamos al fondo del asunto.

La propia información de El País sobre el «acuerdo secreto», advertía que dicha adenda -la modificación de la ley del Poder Judicial- estaba «concebida para no cumplirse, como una cláusula de salvaguarda» -dice textualmente la información del periódico- «porque el pacto para renovar todo el CGPJ estaba casi hecho».

Pero el pacto para renovar el CGPJ no se cerró. Y pasaron los meses: octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero… Y, sin embargo, el Gobierno no hizo público ese «pacto secreto», que hubiera dejado en muy mal lugar a García Egea y a Pablo Casado. Bolaños vio caer al líder del PP, pero prefirió tener guardado el documento en un cajón para usarlo en el futuro a su conveniencia.

De hecho, la reforma de la ley del Poder Judicial a la que alude el pacto se aprobó en el Congreso el pasado 15 de julio con el voto en contra del PP. ¿Por qué no se hizo público entonces?

Sencillamente porque era el arma oculta de Bolaños para cerrar el acuerdo de renovación del CGPJ ya con su nuevo interlocutor, Esteban González Pons.

Si el ministro de la Presidencia ha decidido filtrarlo ahora es porque ya no necesita esa bala. No le es necesaria porque cree tener algo mucho más importante: una mayoría del CGPJ dispuesta a votar a los dos miembros del Tribunal Constitucional y así dar el vuelco de una mayoría conservadora a otra de izquierdas, con Cándido Conde Pumpido en su cúpula, como lustrosa guinda del pastel.

El Gobierno cree tener garantizada una mayoría en el CGPJ para nombrar a dos miembros del TC y así lograr un vuelco a la izquierda en el alto tribunal

El PP tenía, hasta ahora, la llave para impedir esa maniobra. Aunque la reforma aprobada en julio permite al CGPJ nombrar a dos magistrados del TC (el Gobierno hará lo propio con los dos que le corresponden), haciendo una excepción a otra ley que previamente le impedía hacer nombramientos si su mandato se hallaba vencido, para hacer efectivos los nombramientos es necesaria una mayoría de 12 de sus miembros (ahora el Consejo cuenta con 19 miembros, tras el fallecimiento de Victoria Cinto y la jubilación de Rafael Fernández Valverde). La actual composición hace teóricamente imposible que se dé esa hipótesis, ya que los conservadores tienen la mayoría en el CGPJ. A no ser, y eso es lo importante, que alguno de ellos haya decidido cambiar de posición y favorecer de ese modo al Gobierno que persigue el desbloqueo a toda costa. Ni qué decir tiene que esa posibilidad dejaría en muy mal lugar no sólo a González Pons, sino también a Feijóo, que ese es el fin último de todo este embrollo, además, claro, de lograr la mayoría de izquierdas en el TC el próximo mes de septiembre.

Lo ocurrido esta semana a cuenta del posible indulto a Griñán debería ser motivo suficiente como para que los miembros del CGPJ nombrados en su día a propuesta del PP reflexionen un momento sobre su responsabilidad no respecto al grupo que les avaló, sino respecto a la independencia de la Justicia.

Hay que retroceder mucho en el tiempo para ver al dirigente de un partido en el Gobierno criticar abiertamente como «injusta» una resolución del Tribunal Supremo. Eso es lo que ha hecho Santos Cerdán, secretario de Organización del Partido Socialista, al cuestionar la condena a Chaves y a Griñán (que fueron presidentes del PSOE).

Se trata de una ofensiva para colocar al órgano de gobierno de los jueces y al Tribunal Constitucional al servicio de un sectarismo como antes nunca se había visto. Todo ello bajo la excusa falsa de que la mayoría de los jueces «son de derechas». Envalentonado con este atropello a la independencia de los tribunales, el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha vuelto a resucitar la idea de reducir a absoluta la mayoría necesaria (ahora se necesitan tres quintos) en el Congreso para renovar el CGPJ. En este tema a Podemos no le importa que nos parezcamos cada vez más a Polonia o a Hungría.

La filtración del «pacto secreto» tiene en resumen dos objetivos: desacreditar a Feijóo y, más importante aún, dar un golpe de mano en la Justicia para colocar al Constitucional y al CGPJ al servicio de los principios ideológicos del gobierno de coalición.

Quien no vea esto es que está ciego. O no quiere verlo.