El Poder Judicial es uno de los más maltratados por este Gobierno que pretende, y lo ha hecho efectivo, utilizarlo para conseguir lo que ni la Comisión Europea ni el Grupo de Estados contra la corrupción, dependiente del Consejo de Europa ni la Convención de Venecia, ni en fin la opinión general admiten como una práctica admisible: que los órganos judiciales de un país tengan que tener el color del partido o de los partidos en el poder.

En esta batalla llevamos años desde que en 1985 bajo un gobierno de Felipe González se cambió la forma de elegir a los miembros del órgano de gobierno de los jueces contrariando así lo que el legislador constitucional había querido.

Si los padres de la Constitución hubieran pretendido que a los jueces les eligieran las fuerzas presentes en el parlamento lo habrían dejado claro del mismo modo que dejaron claro que las fuerzas parlamentarias fueran las destinadas a elegir a los ocho juristas de reconocido prestigio.

Aquella fue una maniobra destinada a recortar el mayor número de jueces conservadores que siempre existen, aquí y en el resto de Europa, porque como ha dicho recientemente el saliente presidente del Tribunal Constitucional “el Derecho es consevador”.

Eso es lo que determina una manera de abordar las cuestiones jurídicas se sea del bloque conservador o se sea del bloque progresista, que es como llaman en España a los dos bloques en que desgraciadamente ya están estabulados los jueces desde el poder político hasta la opinión pública.

Pero lo que ha hecho este Gobierno no se había atrevido a hacerlo nadie. Digamos de antemano que ninguno de los gobiernos del PP ha tenido tampoco el menor interés en modificar ese punto tan controvertido de la Ley Orgánica del Poder Judicial, seguramente porque, igual que los socialistas, ellos se beneficiaban también de las mayorías obtenidas en el CGPJ.

Lo que ha hecho este Gobierno ha pasado todas las líneas de lo tolerable

Pero lo que ha hecho este Gobierno ha pasado todas las líneas de lo tolerable. Primero intentaron que la elección del Consejo General del Poder Judicial se llevara a cabo por mayoría absoluta. Pero las advertencias de la Comisión Europea por boca de su comisario de Justicia Didier Reynders, detuvo en seco la maniobra que nos acercaba peligrosamente a países como Polonia o Hungría donde la división de poderes, base de cualquier estado de derecho, brilla en demasiadas ocasiones por su ausencia.

Así que no tuvieron más remedio de recoger velas pero entonces decidieron que cuando el CGPJ esté fuera de su normal funcionamiento en tiempo y forma, no pudiera efectuar los nombramientos, una capacidad sin la cual el Consejo queda mermado hasta límites intolerables.

Esta es la situación actual. El Tribunal Supremo está a falta de 14 vacantes de una plantilla de 79 magistrados y está empujando a la Sala Tercera, la de lo Contencioso Administrativo, al borde del colapso. Y hasta siete Tribunales Superiores de Justicia están también a la espera de renovar a sus presidentes.

Tiene pues todo el sentido que en la apertura del Año Judicial que se va a celebrar esta semana, el presidente del TS y del CGPJ hable como parece que va a hablar de una “sensación de agravio” que comparte en su totalidad la cúpula del Poder Judicial.

La presión buscada sobre el PP no ha surtido efecto y lo único que ha conseguido es desmantelar el Tribunal Supremo. ¿Le importa al gobierno de coalición este hecho? No le importa en absoluto porque no sienten ningún respeto por la separación de Poderes y en el fondo están muy satisfechos con lo conseguido: que el Poder Judicial esté es sus manos.

Y no contentos con eso se han dedicado a manosear de una manera obscena la Ley Orgánica para autorizar al Consejo a nombrar a los dos miembros del Tribunal Constitucional, sólo a ellos, cuyo mandato terminó en junio, junto con los otros dos que designará el Gobierno.

Ha habido incluso intentos de colocar a los dos magistrados de la cuota  gubernamental sin contar con los otros dos correspondientes al CGPJ. Pero ahí se han plantado los magistrados del TC porque el mandato de la Constitución es nítido: “Se renovarán por terceras partes cada tres [años]” y se han opuesto a ese último enjuague.   

Por eso Lesmes había instado al sector conservador y progresista del este Consejo sin funciones para nombrar pero con la excepción hecha de los magistrados del TC porque al Gobierno le interesa tener una mayoría progresista en ese Alto Tribunal, a ponerse de acuerdo para el día 8 tener algo que ofrecer al Gobierno.

Pero la situación está tan deteriorada, el daño infligido al Poder Judicial es tan extraordinario que ni siquiera los miembros del Consejo, supongo que asqueados y hartos, se han tomado la molestia de levantar el teléfono para consensuar algún nombre. 

Hasta tal punto es la situación demoledora que no se están encontrando magistrados del Tribunal Supremo dispuestos a acudir al Constitucional.

En el medio, los enjuagues de los partidos con la firma de Teodoro García Egea que el Gobierno guardaba desde octubre pero no ha sacado hasta la semana pasada en que el ministro Bolaños sacó el documento pero no para que se cumpliera lo pactado -el documento es del 21 de octubre del año pasado- sino para desacreditar a Nuñez Feijóo como alguien que miente.

Este es el arrasamiento más feroz de cuantos hemos visto en esta legislatura. Y hemos visto muchos.