La supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía, anunciada el pasado lunes por el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, ha puesto nerviosa a mucha gente. Empezando por los miembros del Gobierno.

Polémico como siempre, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, entró al trapo en Onda Cero, un día después, criticando la medida y apostando por la «armonización fiscal».

La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros del martes, se puso de perfil y eludió comentar si existe ya un plan para limitar la autonomía fiscal de las comunidades. Así que no sabemos si lo de Escrivá es un globo sonda o es una opinión dicha a destiempo.

El caso es que se ha abierto el debate y, de hecho, en la sesión de control del miércoles tanto la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, arremetieron contra la medida a la que ésta última calificó de «dumping fiscal».

El debate también está en los medios. Este miércoles, El País ha publicado un editorial (Irresponsabilidad fiscal) que bien podría suscribir Pablo Iglesias. En él se habla poco de Moreno Bonilla y mucho de Isabel Ayuso, convertida desde su victoria en mayo de 2021 en bestia negra de la izquierda. A la competencia fiscal se la acusa de ser «depredadora» y de poner en riesgo los servicios públicos. El editorialista va más allá al concluir que Madrid aún no ha sufrido las consecuencias de este deterioro por ser «la capital del reino», por el éxodo desde Cataluña y porque el deterioro en estos servicios «sólo se percibe a largo plazo». Ayuso nos lleva al desastre pero los madrileños todavía no nos hemos dado cuenta.

Sin duda, este es un debate que se presta a la demagogia. La propia Calviño manejó el tópico de que Madrid y Andalucía han entrado en competencia fiscal «para beneficiar a los ricos».

Se pinta así a Madrid y, a partir de ahora a Andalucía, como dos comunidades insolidarias, cuyos gobiernos se postran ante los poderosos a costa de depauperar los servicios públicos de los que disfruta la mayoría de los ciudadanos.

Al margen de los prejuicios ideológicos, no hay base para sostener que la supresión del impuesto de patrimonio pone en riesgo la prestación de servicios públicos

Las cifras (que no da en ningún momento el editorial de El País) dicen todo lo contrario. Andalucía, por ejemplo, recaudó por patrimonio en 2020 -última fecha de la que hay datos oficiales- 93 millones de euros. El gasto de la Junta en ese ejercicio se elevó a 44.438 millones. Casi el 60% de ese presupuesto fue destinado salud, educación y políticas sociales. ¿Realmente alguien cree que se ponen en riesgo los servicios públicos por restar 93 millones -un 0,3% del gasto total- a un presupuesto tan cuantioso?

Si se atraerán capital o patrimonio de otras comunidades con esa medida es algo que está por ver, pero, desde luego, lo que no se puede afirmar es que eliminarlo hace peligrar la prestación de servicios públicos. Es una falacia.

La otra gran mentira en la argumentación para defender la recentralización fiscal es que, con su política de bajada de impuestos, Madrid pierde recaudación y no es solidaria con otras autonomías. De nuevo, los datos hablan por sí solos. Madrid no es sólo la comunidad con mayor PIB de España (casi un 20% del total), sino que es la que más recauda por grandes impuestos (IRPF, IVA, impuestos especiales): 87.877 millones en 2019 -último dato oficial disponible-. Entre 2009 y 2019, Madrid ha aportado a la solidaridad interterritorial 36.000 millones, mientras que Cataluña, con mayor presión fiscal, ha aportado sólo 12.637 millones.

En todo caso, llama la atención que un Gobierno apoyado por partidos independentistas clame por recentralizar la política fiscal. Es un contrasentido.

La decisión de la Junta de Andalucía, como en su día la de la Comunidad de Madrid, de suprimir el impuesto de patrimonio o de bonificar el de sucesiones al 99%, tienen una base legal muy sólida. En concreto, se sustenta en la modificación de la ley de cesión de tributos aprobada en 2009, curiosamente bajo un gobierno socialista. Por otro lado, la autonomía fiscal de la comunidades está reconocida por el artículo 156 de la Constitución.

En esta cuestión, el Gobierno está dividido. Sabe que atacar la autonomía fiscal para llevar a cabo una recentralización le puede perjudicar en las elecciones municipales y autonómicas de mayo del año que viene. Pero Unidas Podemos y otros socios, como ERC, aprietan de lo lindo para dar un nuevo «hachazo a los ricos». ¿Qué hará Pedro Sánchez? Mi apuesta es que no se atreverá a hacerlo.

Pero, si lo hace, el asunto llegará al Tribunal Constitucional, como ya anunció la Comunidad de Madrid cuando se conoció el pasado mes de enero el llamado informe de sabios que encargó el Ministerio de Hacienda y que apostaba por la «armonización fiscal». Asuntos como este son los que dan sentido a la batalla política por controlar el Alto Tribunal.