El presidente del Gobierno destituyó a Juan Carlos Campo porque se opuso a respaldar el bodrio jurídico de la llamada «ley del sí es sí». No es que el ministro de Justicia pusiera pegas al endurecimiento de algunas penas que recoge la ley de libertad sexual, sino que advirtió de lo que podía pasar con la desaparición del delito de abusos, que, con la nueva norma, queda subsumido en el de agresión sexual.

Las fechas hablan por sí solas: el proyecto de ley se aprobó en julio de 2021, que fue la fecha en la que Campo salió del Gobierno, junto a la vicepresidenta Carmen Calvo, que también se había enfrentado a la ministra de Igualdad por esta ley y por la llamada ley trans. Los motivos por los que Sánchez le cortó la cabeza a José Luis Ábalos fueron otros (que tienen que ver con su comportamiento desenfrenado); los que le llevaron a prescindir de Arancha González Laya se explican por la presión de Marruecos por el caso Ghali, y la caída de Iván Redondo, que no era ministro, pero que mandaba como si fuera vicepresidente, se explica por el pulso con Félix Bolaños y las presiones del PSOE para echar de Moncloa a un Rasputín sin carnet. Esa fue, en esencia, la crisis de Gobierno de julio de 2021.

El caso es que Juan Carlos Campo le avisó al presidente de lo que podía pasar si la «ley del sí es sí» entraba en vigor, pero Sánchez le ofreció su cabeza en bandeja de plata a Irene Montero para no poner en riesgo la coalición de Gobierno. La política es así de sencilla: Campo sabía del tema, pero no le aportaba votos en el Congreso.

El lío que se ha montado al comprobar que con la aplicación de la ley de libertad sexual algunos condenados están consiguiendo rebajar sus penas le ha pillado al presidente en Indonesia y, desde allí, ha despejado el balón hacia el Tribunal Supremo; por cierto, ese Tribunal cuya sentencia sobre el procés ha convertido Sánchez en papel mojado.

Así que mientras Irene Montero llama «machistas» a los jueces y el diputado de UP, Javier Sánchez Serna, les ha llamado «fachas con toga»; mientras que la ministra María Jesús Montero se abre a cambiar la ley, y la ministra de Justicia, la desparecida Pilar Llop, guarda un timorato silencio, el presidente apela al Supremo para que «unifique doctrina».

Sánchez destituyó a Juan Carlos Campo porque se opuso a la ley del «sólo sí es sí», a la que también puso pegas Carmen Calvo

Lo que Sánchez tal vez no sepa es que la doctrina no se puede unificar porque cada caso es distinto. Por ejemplo, si el reo fue condenado a una pena que, en su horquilla mínima, ahora es más baja, seguramente conseguirá una reducción de condena, como así están estimando algunas Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia. Pero si la condena entra dentro de la horquilla de la nueva ley, es probable que se estime el mantenimiento de la pena. El caso es que el Tribunal Supremo tiene que estudiar la individualización de la pena, y no puede generalizar estableciendo un criterio igual para todos.

El Supremo hace casaciones de sentencias todos los días y muchas de ellas tienen que ver con delitos sexuales. El caso ahora es que, además de las casaciones que les llegan sobre lo que estimen esas Audiencias o TSJ, también los abogados de casaciones que ya están en marcha le piden al Supremo que contemple la aplicación de la nueva ley en su dictamen.

Por ejemplo, en tres o cuatro semanas, el Tribunal Supremo tendrá que dictaminar sobre el caso de los jugadores del Arandina. En esa sentencia ya se podrá ver el efecto que tiene la nueva ley sobre la pena a la que fueron condenados el 18 de marzo de 2020 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León los tres jugadores del citado club de fútbol. Todo el foco mediático estará centrado en la Sala Segunda.

Veremos cosas extraordinarias, porque la ley de libertad sexual llevará a rebajar penas o, en algunos casos, excarcelaciones de delincuentes sexuales condenados a penas mayores con la antigua norma, la que distinguía entre abuso y agresión sexual.

El Supremo tiene sobre la mesa cientos de recursos, en los que los abogados de los acusados han pedido que se contemple la aplicación de la nueva ley. No puede haber unificación de criterio, ya que cada caso es distinto

La responsabilidad del Gobierno en este desaguisado es muy grave. No sólo tiene la culpa la ministra de Igualdad, sino que todo el Consejo de Ministros avaló la remisión al Congreso, para su aprobación como proyecto de ley, de un texto cuestionado por el ministro de Justicia y la vicepresidenta Calvo y sobre cuyas consecuencias había advertido el Consejo General del Poder Judicial. Baste este párrafo de su dictamen como ejemplo: «La reducción de los límites máximos de penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la regulación vigente».

Es lo que establece el Código Penal en su artículo 2.2: «Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena».

Es decir, que si se modificase la ley (como ha insinuado Montero), los ya condenados seguirían beneficiándose de ese principio. Aunque Patxi López no lo sepa.

El desbarajuste que tenemos por delante, con cientos o miles de revisiones de penas a delincuentes sexuales, tiene una explicación política. Montero (Unidas Podemos) quería apuntarse el tanto de esa ley como fuera. El texto, incluso después de muchos retoques, es infumable jurídicamente, pero contiene un elevado sesgo político, que es de lo que se trataba.

Sánchez podría haber recurrido a la Comisión General de Codificación (un órgano consultivo compuesto por reputados juristas), haberle hecho caso al dictamen del CGPJ, o sencillamente haber aceptado los criterios de su ministro de Justicia. Pero no lo hizo. Y ahora, en lugar de destituir a Irene Montero, haciéndole pagar por este desastre, la mantendrá en el cargo. Sencillamente porque no se puede permitir el lujo de perder el apoyo de Unidas Podemos.

Ese es el coste que los ciudadanos tenemos que pagar por un Gobierno que se sustenta en unos partidos que no creen en el Estado de Derecho.