El pasado 19 de octubre, en el Pleno del Senado, y en medio de un tenso debate, el presidente del Gobierno le espetó a Feijóo: «¿Qué Cataluña prefiere usted, la de octubre de 2017 o la de 2022?». La bancada socialista prorrumpió en aplausos. La pregunta quedó sin respuesta.

Pedro Sánchez cree haber encontrado en ese argumento la clave para desarmar al PP en su oposición a la derogación del delito de sedición. De hecho, en la entrevista con Antonio García Ferreras en La Sexta, donde anunció que al día siguiente se llevaría al Congreso una proposición de ley que deroga dicho delito -al que el Supremo condenó a los líderes del procés– y lo sustituye por otro de «desordenes públicos agravados», el presidente insistió en ese planteamiento: «El problema de Cataluña era la segunda preocupación de los españoles en 2017, según el CIS. Ahora es la número 41. ¿Preferimos la Cataluña y la España de 2022, o la de 2017?».

Con la polémica desatada en España tras el cambio legal que supone una sustancial rebaja de penas para los líderes del procés, en la rueda de prensa que dio en Bali, el presidente sentenció: «Nadie duda de que la situación en Cataluña ahora es infinitamente mejor que en 2017».

El «ahora estamos mejor» le sirve a Sánchez para justificar su política en Cataluña. Pero, ¿realmente las cosas están mejor? ¿A qué se debe esa supuesta mejoría?

Tras meses de alta tensión, en los que la Generalitat abrió el camino a la declaración de independencia y se llevó a cabo el referéndum ilegal del 1-0, el Senado aprobó el 25 de octubre de 2017 la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, que implica de facto la supresión de la autonomía en la comunidad autónoma y la asunción de todos los poderes por el Gobierno central.

El Gobierno de Rajoy respondió al reto independentista recurriendo a una norma que nunca antes se había aplicado en España, para lo que contó con el necesario apoyo del PSOE en el Senado.

Al contrario de lo que vaticinaban algunos agoreros, tras la aplicación del 155 la sociedad catalana recuperó poco a poco la calma. Hasta tal punto, que en diciembre de ese mismo año se celebraron elecciones autonómicas en un clima sereno, aunque los independentistas hicieron del victimismo el centro de su campaña.

Para sorpresa de muchos, Ciudadanos ganó las elecciones con 36 escaños. Por bloques, los independentistas lograron sumar 70 escaños en el Parlament, mientras que los no independentistas alcanzaron 65 escaños. En porcentaje, los no independentistas quedaron por encima (51,09%) y ganaron además por 149.081 votos.

Gracias a una moción de censura a finales de mayo de 2018, Sánchez desbancó a Rajoy y se convirtió en presidente de Gobierno.

El presidente ha basado su política respecto a Cataluña en el diálogo, y, para ello, abrió una mesa en la que están presentes representantes del Gobierno central y de la Generalitat. En dicha mesa, no sólo se negocian transferencias económicas, sino cuestiones de calado político.

En febrero de 2021 se volvieron a celebrar elecciones en Cataluña. Aunque ganó el PSC por un estrechísimo margen, el bloque independentista sumó 74 escaños (cuatro más que en 2017), mientras que el bloque constitucionalista perdió cuatro escaños (se quedó con 61). Por primera vez, los independentistas lograron superar el 50% en porcentaje y superaron en 123.418 votos a los constitucionalistas.

Es decir, que la política de distensión le fue bien al PSC pero mal al conjunto de partidos no independentistas.

¿Son los resultados electorales de 2021 mejor que los de 2017? Para el PSC, sí; para la causa constitucionalista, no.

En realidad, el PSC sólo ganó 41.199 votos respecto a los logrados en 2017. La cuestión es que la participación bajó del 79,09% en 2017 al 53,54% en 2021. Es decir, que lo que ha ganado terreno en la sociedad catalana es el desencanto.

Sin duda, las cosas están ahora más tranquilas. Pero, ¿ha sido por la política de diálogo impulsada por Sánchez o bien porque el independentismo comprobó la capacidad de respuesta del Estado en su doble sentido: político (aplicación del 155), y judicial (condenas del procés)? Sánchez debería hacerse esa pregunta.

La tensión casi ha desaparecido de las calles, pero el independentismo tiene más peso y ha logrado éxitos políticos de calado gracias a la debilidad política de Sánchez

Se ha manejado a discreción el dato de la evolución de los partidarios de la independencia frente a los catalanes que no la quieren. La última encuesta del CEO (el llamado CIS catalán) es de julio de 2022. En dicho sondeo, los partidarios de la independencia sumaban el 41%, frente al 52% que la rechazaba. Ha habido una mejora respecto a la opinión en 2017, eso es cierto, pero la evolución no ha sido siempre en el mismo sentido. Por ejemplo, según el mismo instituto, en diciembre de 2021, los partidarios de la independencia sumaban sólo el 38,8%, mientras que los que estaban en contra suponían el 53,3%. Es decir, que en un análisis simplista se podría decir que ahora hay más independentistas que hace un año.

¿Qué ha ocurrido durante el periodo de gobierno de Pedro Sánchez? ¿En qué ha consistido la distensión de la que presume como éxito político?

El 22 de junio de 2021, el Gobierno aprobó el indulto para los nueve líderes del procés condenados por el Tribunal Supremo por delitos de sedición y de malversación. Eso sí es un éxito para el independentismo.

La fuerza de ERC, que es el verdadero interlocutor del Gobierno, ya que el huido Puigdemont siempre ha renegado del diálogo, se pudo comprobar un año después. Tras el estallido del escándalo Pegasus (el espionaje por este sistema a líderes independentistas, aunque también al propio presidente del Gobierno y a dos ministros), la Generalitat exigió responsabilidades al Gobierno, y Sánchez no tuvo inconveniente en sacrificar a la directora del CNI, Paz Esteban, en una decisión sin precedentes ni justificación alguna.

Un año después de esa exhibición de fuerza por parte de los republicanos catalanes, el 30 de mayo de 2022, el gobierno de Cataluña aprobó un decreto en el que elude aplicar el 25% de enseñanza en castellano en las escuelas públicas de Cataluña. El castellano pasó de ser lengua vehicular a «lengua curricular». Con ello, la Generalitat desobedecía reiteradas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del Supremo y del Tribunal Constitucional. El Gobierno no ha dicho nada sobre algo tan llamativo como que el castellano sea desterrado de la escuela pública catalana.

El 27 de julio se produjo la tercera reunión de la mesa de diálogo. Según el comunicado oficial, se acordaron dos grandes asuntos: seguir en el camino de superar la «judialización», y reforzar el impulso del catalán.

Efectivamente, la «desjudialización» dio un gran paso adelante: el 10 de noviembre, el presidente anunció la proposición de ley de PSOE y UP para derogar el delito de sedición.

La respuesta a la pregunta: «¿Está mejor Cataluña ahora que en 2017?», no es sencilla. Su formulación es una trampa. Es verdad que la tensión ha bajado en la calle. Pero eso puede ser debido a la acción combinada de las fuerzas de seguridad y de los tribunales. ¿O a caso el presidente cree que la respuesta del Estado no ha servido de nada?

Lo que no son discutibles son las cesiones al independentismo. Los partidos independentistas han sumado más votos con la política de distensión y, además, han logrado el indulto para sus líderes y la eliminación del delito de sedición del Código Penal. Ahí es nada.

Además, la política de inmersión lingüística ha logrado uno de sus objetivos más deseados: que el castellano sea una asignatura más.

Es verdad que ERC ha respaldado al Gobierno, consolidando así el variopinto bloque de investidura. Pero ERC no se conforma con lo que ha conseguido hasta ahora y la portavoz de la Generalitat ya ha anunciado que ahora viene el referéndum.

Algunas cosas, sí, están mejor que en 2017 (fundamentalmente el clima social), pero otras han ido a peor (políticamente, el independentismo se ha reforzado y ha logrado éxitos impensables). Lo que sí parece claro es que esa política a quien más ha beneficiado es al presidente del Gobierno.

Por eso no se entiende por qué el líder del PP no hace frente con datos a la pregunta que de forma reiterada le ha hecho el presidente.