Van a arrasar con todo lo que tengan a su alcance que ahora mismo es mucho más de lo que las urnas les han otorgado.

Están envalentonados porque han comprobado que Pedro Sánchez no dice ni pío cuando se trata de derruir todo lo que les molesta y en este caso es la Constitución española lo que les tiene fastidiados porque la separación de Poderes se levanta contra ellos dentro de la Constitución con una firmeza inalcanzable para sus cortas entendederas.

Lo de Miriam Nogueras en la sesión del martes pasado fue intolerable. Si no fuera porque el presidente estaba ausente -como siempre que hay que tratar asuntos incómodos para él- espero que hubiera merecido por lo menos una defensa cerrada de la independencia del Poder Judicial español. Pero el que estaba ahí era Patxi López que es como una rana en medio de un estanque: ni siente ni padece si no es para defender lo que le han encargado.

No me extraña que el Poder Judicial se exponga en los límites de su cortesía. Y no me extraña que el presidente en funciones Francisco Martín Castán haya suspendido ayer una entrevista que tenía con el triministro Félix Bolaños en protesta por el aluvión de mensajes recibidos por parte de jueces de distintas sensibilidades que le pedían una respuesta por los ataques de la señora Nogueras.

Que ya digo que están, ella y los suyos, envalentonados por lo que le están sacando al presidente del Gobierno sin que ellos hayan dado ni el canto de una uña para lograr el acuerdo. Este es un acuerdo sin contrapartidas de la parte independentista. Su intervención vino a cuento del debate para la creación de una comisión de investigación sobre la llamada Operación Cataluña, que su partido ha pactado con el PSOE.

Por eso la señora Nogueras, cuyo currículum desconozco pero tampoco me interesa ahora mismo, se permitió mencionar como personajes "indecentes que deberían ser procesados y juzgados de inmediato".

La culpa de esto la tiene Pedro Sánchez que ha hocicado delante de sus siete votos y está dispuesto a pagar el precio que sea

Y entonces citó con nombres y apellidos a personas tan honorables como los hermanos Pérez de los Cobos, uno Guardia Civil represaliado por Grande Marlasca y otro expresidente del Tribunal Constitucional; a Manuel Marchena que hizo un juicio modélico sobre los hechos de septiembre y octubre de 2017 al que acusó de ser cómplice de la policía; a Carlos Lesmes (expresidente del Tribunal Supremo y del CGPJ); a Concepción Espejel (magistrada del Tribunal Constitucional); a Pablo Llarena (instructor de la causa contra Carles Puigdemont), y a Carmen Lamela (juez del Tribunal Supremo quien desde la Audiencia Nacional instruyó la querella de la Fiscalía contra el Govern de Puigdemont) y de todos ellos dice que en un país normal -supongo que sería el que ellos pretenden crear o sea, el suyo imaginario- estarían dando explicaciones pero aquí tienen vía libre para acusar a los independentistas de terroristas.

La culpa de esto la tiene Pedro Sánchez que ha hocicado delante de sus siete votos y está dispuesto a pagar el precio que sea, aunque sea un precio altísimo, que se cargue la separación de Poderes y que se pueda juzgar en el parlamento si una sentencia se ajusta o no a Derecho. Como si no hubiera en España la posibilidad de recurrir ante los tribunales. Y los llamó también franquistas. Dijo "En pocos países los jueces pueden decir que lo que vota la gente o que lo que se decide aquí en el Congreso no vale nada o que los representantes políticos no pueden tomar decisiones que no guste a los togados franquistas", añadió.

Lo dicho por Miriam Nogueras es inadmisible. Por eso ha suspendido la reunión con Marin Castán, aunque ya han quedado para el día 19 de diciembre, aunque es de esperar que el presidente del Tribunal Supremo en funciones le traslade el profundísimo malestar de jueces y fiscales ante esta andanada de los separatistas. Que ya digo que están así, acusando a los citados de lawfare -palabra procedente de las dictaduras americanas- porque el presidente se lo consiente.

También será posible recurrir al artículo 124 de la Constitución que señala que el Ministerio Fiscal "tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad […], así como velar por la independencia de los tribunales".

La ley del Poder Judicial también lo dice: "El Ministerio Fiscal, por sí o a petición de aquellos, promoverá las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial".

En resumidas cuentas, el documento adjunto a la ley de amnistía nos va a dar muchos dolores de cabeza, por siete votos y por no acudir a una repetición de elecciones en la que Alberto Nuñez Feijóo tendría amplias posibilidades de ganar. Y eso es lo que no quiere de ninguna manera Sánchez, prefiere arrasar con el Estado de Derecho antes que perder el poder.

Y ya puede Félix Bolaños decir con todas las letras que va a defender las sentencias de los tribunales. Ayer dijo en los micrófonos de la radio que "España es un Estado de derecho, con una democracia plena y los jueces actúan con independencia y separación de poderes".

También le ha dicho al presidente del alto Tribunal: "Voy a trabajar por el prestigio de los jueces y magistrados en este país ante cualquier ataque, venga de donde venga".

Pero ya no se lo cree nadie.