Tras casi dos años desde su presentación, la aprobación de la primera Ley de Restauración de la Naturaleza en Europa todavía pende de un hilo. El Consejo, donde ha habido mayoría desde el principio para su aprobación, ha secuestrado esta ley. El cambio de posición de Hungría en el último momento está poniendo en peligro su aprobación antes de que finalice la legislatura. 

Que Viktor Orbán paralice las decisiones en el seno del Consejo para conseguir ventajas en su agenda nacional es algo a lo que ya estábamos acostumbrados, pero no tanto a que la presidencia de turno del Consejo boicotee la propia agenda de la Presidencia. Eso es lo que está haciendo el primer ministro belga, Alexander de Croo, quien declaró a principios de semana que la ley "puede sonar bien, pero es una mala ley”. Bélgica, país que ostenta la presidencia del Consejo, debe mantenerse neutral en las negociaciones de los paquetes legislativos y tratar de llegar a un consenso. Esta extraña pareja, Orban y De Croo, se ha convertido en el último gran revés a la biodiversidad en Europa y a la agenda verde de la Unión Europea. 

Pero ¿qué es la Ley de Restauración de la Naturaleza, y qué ha ocurrido para que todavía estemos esperando su aprobación?

Restaurar nuestros suelos, acuíferos, ríos y entornos urbanos es la única manera de garantizar nuestra seguridad

Esta es la primera ley que pretende la restauración a gran escala de los ecosistemas dañados en la Unión Europea. Con un 80% de los hábitats europeos en mal estado, la norma busca restaurar en 2030 el 30% de los ecosistemas perjudicados, y en 2050 todos los que están dañados. Para ello, desarrolla artículo por artículo los objetivos de restauración de cada ecosistema, desde los agrícolas y forestales hasta los fluviales y marinos, sin olvidar los urbanos.

Mantener los ecosistemas en buen estado es condición indispensable para alcanzar nuestros objetivos contra el cambio climático. Según el último informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente, Europa es el continente que más rápido se calienta del mundo, y los riesgos climáticos amenazan su seguridad energética y alimentaria, sus ecosistemas, infraestructuras, recursos hídricos, su estabilidad financiera y la salud de la población. Restaurar nuestros suelos, acuíferos, ríos y entornos urbanos es la única manera de garantizar nuestra seguridad ante sequías, incendios devastadores y pérdida de ecosistemas naturales, que son los mejores y mayores sumideros de carbono con los que contamos. No podemos olvidar que cuando hablamos de recuperar la salud de la naturaleza estamos hablando de garantizar nuestra salud. No hay ciudadanos sanos en un planeta enfermo.

El 22% de las especies animales en Europa están en peligro de extinción. El 84% de las turberas, elementos clave para capturar y almacenar carbono y filtrar el agua, se encuentran en mal estado de conservación. En la última década, el 71% de los peces y el 60% de las poblaciones de anfibios han sufrido una disminución. Estos datos no son sólo cifras, es el ciclo de la vida. Los ecosistemas son eso, un tapiz complejo donde cada especie tiene su función y, por pequeña e insignificante que parezca, es vital para el funcionamiento del conjunto. Y nosotros formamos también parte de ella. 

Restaurar la naturaleza es restaurar el ciclo de la vida, y por ello esta ley persigue recuperar 25.000 kilómetros de flujo libre, plantar 3.000 millones de árboles adicionales, evitar la dramática desaparición de polinizadores de los que depende en gran medida la actividad agraria, ampliar las zonas verdes urbanas evitando el efecto isla de calor y recuperar ecosistemas únicos en Europa como el Mar Menor o Doñana.

Pero restaurar la naturaleza es también llevar a cabo la inversión económica más inteligente y productiva. Según el estudio de impacto ambiental realizado por la Comisión –de más de 600 páginas–, cada euro invertido en restauración genera un valor económico de entre 8 y 38 euros, y contribuye a crear puestos de trabajo. El propio Foro Económico Mundial ha confirmado que más de la mitad del PIB mundial depende directamente de la naturaleza y de los servicios que presta. 

Entonces, podrán ustedes preguntarse, ¿por qué hay tanta resistencia a aprobar esta ley, primero en el Parlamento y ahora en el Consejo? La verdad, no tengo la respuesta. Esta ley ha tenido el apoyo de numerosas empresas, entre ellas Iberdrola, Coca Cola y H&M, de las asociaciones europeas de energía renovable (SolarEurope, Eurelectric, Wind Europe), del Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo, además de la sociedad civil, la comunidad científica y organizaciones ambientales.

Sin embargo, sobre ella comenzó a extenderse una sombra que no supimos o no pudimos despejar: la falsa narrativa de que Europa debe elegir entre proteger el medio ambiente o proteger a los agricultores, identificando la restauración de la naturaleza como el gran enemigo a batir; y mensajes como que esta regulación europea implica la retirada de tierras agrícolas para el sector agrario y de caladeros para el sector pesquero y que la financiación de la Política Agraria Común (PAC) sería desviada a esta ley, perjudicando seriamente las ayudas a los agricultores.

Eso es, sencillamente, mentira: sin ecosistemas sanos no hay agricultura posible. Además, la mejora de la seguridad alimentaria ya es uno de los objetivos de la ley (artículo 1), que pretende precisamente detener el proceso de degradación de la tierra, que afecta ya entre el 61 y el 73% de los suelos agrícolas de la UE, y que es clave para reducir la vulnerabilidad de la producción a los fenómenos meteorológicos extremos y otros factores de estrés ambiental, como la sequía. 

Además, el nuevo texto deja claro que los Estados miembros no podrán transferir fondos de la PAC para las medidas de restauración (artículo 14.11).

Otro debate es el de los problemas reales a los que se enfrentan muchos agricultores en España. Uno de ellos es la mejor redistribución de las ayudas europeas y el desigual reparto actual, del que sorprendentemente se habla muy poco. En 2022, el 20% de las explotaciones recibió el 80% de los fondos. El otro 80% de explotaciones –pequeñas y medianas– se repartió el 20% de esos fondos; estos son los que están en las calles pidiendo mejorar su situación. España recibirá 47.724 millones de euros para la PAC en el periodo 2023-2027, la mayor remesa de dinero europeo en la economía que, de no remediarlo, se repartirá de la misma manera. Pero este es un problema de la PAC, que necesita más justicia y equidad en el reparto de ayudas.

Por todo ello, a la PAC lo que es de la PAC, y a la naturaleza, lo que necesita, que es restauración. En el Parlamento Europeo hemos cumplido, pese a las dificultades en el camino. Ahora es el turno de los Estados miembros. Porque la biodiversidad no tiene ideología. Pero tampoco fronteras. 

Soraya Rodríguez es eurodiputada del Parlamento Europeo en la delegación de Ciudadanos