Un directivo de RTVE formulaba hace unos días una pregunta, en voz alta, que estaba cargada de sorna: ¿Cuál ha sido la mayor reverencia que se ha practicado a Pedro Sánchez últimamente en la televisión pública? ¿La de Inés Hernand en la gala de los Goya? ¿O la que le hicieron hace unos cuantos días los responsables de los informativos al no frenar su entrevista en La 1 -tras su período de reflexión-, pese a que les iba a generar un problema con la Junta Electoral? ¿El “Pedro, eres un icono, te queremos”? ¿O el presidente, tiene aquí su casa para lo que necesite en estos momentos tan complejos para usted?

Entra dentro de lo normal que un líder político acuda a RTVE para explicar sus decisiones, pero ya se sabe lo que se dice de la mujer del César… y era bastante previsible que la corporación iba a ser acusada de parcialidad si entrevistaba a Sánchez durante la precampaña, pero no al resto de los candidatos. Es cierto que la conversación no se centró en Cataluña, sino en los llantos y tribulaciones del presidente. Pero también lo es que la televisión pública no ha quedado en un buen lugar en este caso. Sus responsables no previó el incendio o no lo quisieron/pudieron evitar. De hecho, han tenido que envainársela y compensar a varios partidos con entrevistas en el Canal 24 Horas.

No deja de ser llamativo que en la entrevista se abordara el asunto de la regeneración de los medios de comunicación, pero nadie hablara de cómo se planteará ese proceso para con la televisión pública, maleada y controlada por los gobiernos durante décadas, hasta tal punto de dejarla exhausta y casi sin fuerzas para remontar. Porque hubo un tiempo en que sus profesionales habrían protestado si algún periodista pontificara en favor del Ejecutivo como lo hace Silvia Intxaurrondo por las mañanas. Ahora nadie responde. Allí hay multitud de simpatizantes con la causa y de jóvenes sabedores de que una palabra más alta de la otra podría provocar la ruptura de su contrato temporal…, pero pocas voces críticas con las maniobras del Gobierno con la corporación.

La audiencia está hundida

Huele estos días a desastre en los pasillos de Prado del Rey. Es un aroma similar al de la dinamita que acaba de explotar y ha dejado una humareda pesada. El sueño de terminar los meses por delante de Telecinco es ya cosa del pasado y La 1 finalizó los 10 primeros días de mayo con un 8,5% de cuota de pantalla, lo que le encamina hacia uno de los peores resultados de su historia. Eurovisión ayudará a mejorar ese dato, pero la parrilla de La 1 está desgastada y ni siquiera hay un responsable de programación.

Lo que sucede estos días es consecuencia de una forma de gestionar la radio-televisión pública que ha obedecido a los cálculos políticos y que ha estado exenta de buena fe por parte de los partidos.

Su elección se ha retrasado -entre otras cosas- porque en los altos despachos de Prado del Rey se mira estos días con terror a lo que puede suceder este martes en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Allí, a las 10 de la mañana está prevista la lectura de la sentencia sobre el recurso que presentaron los sindicatos USO, UGT y SI hace casi dos años, cuando el Consejo de Ministros decidió conceder poderes ejecutivos a la presidenta provisional. Entonces, Elena Sánchez. Ahora, Concepción Cascajosa.

El ‘mal menor’ para la actual líder de RTVE -exmilitante socialista- sería que el Alto Tribunal rechazara los argumentos de los denunciantes. Eso le permitiría pasar los cinco meses que durará su presidencia -si no nos han engañado- con cierta calma, pese a la escasez de presupuesto y la fragilidad de todo lo que le rodea. Ahora bien, si los magistrados fallan a favor de los sindicatos se generará un incendio en la corporación cuya dimensión es todavía difícil de imaginar.

¿Quién firmará aquí los contratos?

¿Por qué podría ser así? Básicamente, porque los sindicatos han reclamado al tribunal que deje sin efecto la decisión del Gobierno de conceder ‘ordeno y mando’ a la presidenta interina. Si el Supremo lo aceptara, Cascajosa dejaría de tener la potestad para rubricar múltiples contratos, lo cual podría generar un cuello de botella insoportable en la corporación. 

A partir de ahí, se plantean varias preguntas. Hipotéticas en principio, pero más que fundamentadas: ¿Cómo se gestionaría RTVE sin un líder ‘ejecutivo’ y sin visos de que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo para designar a un nuevo presidente? ¿Optaría el Gobierno por nombrar con un ‘decretazo’ a un administrador único provisional, al igual que hizo en el caso de Rosa María Mateo? ¿Está en sus planes? ¿Tendría 176 votos garantizados en el Congreso para hacerlo? ¿Y lo haría pese a que el Tribunal Constitucional cuestionó la forma en la que se había nombrado a Mateo?

Fuentes del Consejo de Administración advierten sobre otra situación que podría producirse y que derivaría en desastre. Porque, en caso de que el Supremo anule la decisión del Consejo de Ministros, de 2022, se abriría la puerta a que se presenten recursos contra cualquiera de los contratos que rubricó Elena Sánchez -que se jubiló, por sorpresa, el 1 de mayo- durante su etapa como presidenta interina, algunos de los cuales ascienden a varios millones de euros. 

A lo mejor es una opción remota, pero posible. Sea como sea, lo que sucede estos días es consecuencia de una forma de gestionar la radio-televisión pública que ha obedecido a los cálculos políticos y que ha estado exenta de buena fe por parte de los partidos. Del que gobierna y de los de la oposición, que han demostrado una voracidad inaceptable para administrar este tipo de medios de comunicación. En este caso, el cual recibe 1.200 millones de euros anuales.

No son inocentes en este sentido los periodistas que dentro de sus centros de trabajo han optado por un activismo político inaceptable o por una actividad sindical que es difícil de comparar con la de otra empresa de medios de comunicación, dado que en RTVE parece perseguir en muchas ocasiones privilegios medievales. Algunos de sus líderes lo saben y tratan de ocultarlo bajo una apariencia de dignidad que es eso… pura apariencia. 

Porque a nadie se le puede olvidar que un medio de comunicación no es lo que sus responsables quieran o lo que los políticos sueñen, sino lo que sus trabajadores persigan. Y allí, en la televisión pública, hay una parte de la plantilla que hoy se dedica a tareas que no pueden identificarse precisamente con su misión de servicio público. Suena duro, sí, pero es la realidad.