El presidente del Gobierno ha interpretado este martes su papel de hombre de estado para anunciar un plan de ayudas para los afectados por las inundaciones que supone una inversión de 10.600 millones de euros, de los que 5.000 son avales del ICO.

Las medidas van desde ayudas directas de entre 20.000 y 60.000 euros para reparar los daños de las viviendas, a moratorias en el pago de las hipotecas. El volumen de este paquete, que tendrá efectos de manera inmediata, parece suficiente como para afrontar el desastre en una primera fase.

Pedro Sánchez eludió en las preguntas de los periodistas criticar la gestión del presidente de la Generalitat Valenciana, y llamó a la oposición a la unidad de acción. "Ya habrá tiempo para depurar responsabilidades", advirtió.

Sin embargo, el presidente introdujo un condicionante a su plan de ayudas: la aprobación de los presupuestos. "Si había alguna razón para aprobarlos antes de esta Dana, es evidente que ahora esa necesidad se multiplica", sentenció.

Así planteado suena a chantaje, como ha denunciado el PP. Aunque lo cierto es que ese mensaje va dirigido, sobre todo a sus socios de legislatura. Un empujón final para animar a los díscolos, desde Junts a Podemos.

Es evidente que si Sánchez logra sacar adelante estos presupuestos, tiene garantizada su continuidad hasta 2027. Por eso el gobierno está poniendo tanto interés en que el Congreso de luz verde a las cuentas públicas antes del 31 de diciembre.

Sin embargo, el Núñez Feijóo debería aprovechar la oportunidad para ofrecer su mano a Sánchez. Si el PP da su visto bueno al presupuesto, ya no serían necesarios ni Bildu, ni Podemos, ni Puigdemont.

¿A cambio de qué? A cambio del adelanto electoral. Recordemos que, cuando Sánchez encabezó la moción de censura a Rajoy en 2018 lo hizo bajo la premisa de convocar inmediatamente elecciones, que luego se celebraron en abril de 2019.

Si Sánchez no acepta el ofrecimiento del PP, entonces quedará claro que lo que pretende el presidente no es garantizar las ayudas a Valencia, sino mantenerse en el poder hasta 2027. Si acepta, las Cortes quedarían disueltas inmediatamente después de la aprobación de los presupuestos, pongamos que el 31 de diciembre de este año, y las elecciones se celebrarían el 23 de febrero, que curiosamente cae en domingo. Sería dar la voz al pueblo. ¿Está dispuesto el presidente a asumir ese reto?