He leído con suma atención el último Informe Anual de Seguridad Nacional, con especial detenimiento en la cuestión de la desinformación. El documento apunta a Rusia, al Kremlin, dado que allí está el origen de una buena parte de las campañas de desestabilización que llegan a España. El objetivo de sus impulsores es intentar aprovechar los puntos débiles de los países occidentales para influir en la opinión pública, tanto en procesos electorales como en momentos especialmente sensibles, como el de la DANA de Valencia.

Son ataques que se producen en un contexto de guerra híbrida, en el que Rusia dispara hacia España porque sabe lo que quiere. Las autoridades españolas lo monitorizan y saben que así como hasta 2022 el Kremlin utilizaba sus medios oficiales con una mayor intensidad para distribuir su propaganda -que es antisistema y antiOTAN-, desde entonces aplica una estrategia más sofisticada y 'ceba' sus propios medios e influencers para intentar impactar en el corazón de su enemigo. Ya saben, explora nuevos horizontes.

No es casualidad que el Foro Económico Mundial 2025 consideres la desinformación y la información errónea como el principal riesgo global, como tampoco lo es que el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación intentara reforzar a las empresas legítimas de información para protegerlas en este contexto de injerencias, reconociendo que la prensa tiene un carácter estratégico fundamental.

Burda manipulación

La catadura moral de este Gobierno se observa al analizar la forma en la que ha abordado este problema. Digamos que pudo explicar su origen y la necesidad de combatirlo de forma inteligente y efectiva. Eso implicaba advertir sobre las intenciones de personajes sospechosos, con programas en prime time, asientos en tertulias, alta graduación, bufetes fantasma y tribunas y libros publicados en periódicos y editoriales de relumbrón. ¿Qué sucedió? Que Pedro Sánchez necesitaba otra cosa. Estaba débil y le convenía vender esa batalla con un enfoque diferente... y equivocado.

Así que todo derivó en una persecución contra la prensa crítica. Lo crea o no el lector, en el Informe Anual de Seguridad Nacional no se cita a la 'fachosfera' ni se hace referencia al "golpe de Estado mediático y judicial" que denunciaron en 2024 periodistas como Silvia Intxaurrondo, dejando clara su postura en un manifiesto que quedará para la posteridad.

No se afirma en el documento que los periódicos digitales que "imprimen en tinta de calamar los argumentos del PP de Ayuso" -como afirmó el viernes un contertulio de La 1- constituyan un riesgo para la seguridad nacional, como tampoco se insta en el Reglamento Europeo de Medios de Comunicación a tomar medidas coercitivas contra ellos. Digamos que el Gobierno sustituyó la palabra "proteger" por "perseguir" a la hora de interpretar esta norma.

Entrevista con masaje

Después, envió a sus aventureros a diferentes empresas mediáticas para intentar intensificar la fuerza de la propaganda. A su amanuense Irene Lozano la tiene en La Vanguardia, haciendo entrevistas a ministros y a amigos. Dos de ellos han citado el mismo clásico griego al ser preguntados por sus lecturas, que, evidentemente, no han leído. A sus conspiradores los envió a Prisa para intentar tomar el mando del grupo, lo que llegó a poner en juego la estabilidad de la compañía, al comprometer el acuerdo de refinanciación de su deuda.

A unos cuantos medios, los tiene bien domados mediante cantidades obscenas de publicidad institucional y de empresas público-privadas, mientras que las mesas de tertulias las tiene abarrotadas de contertulios de parte y especialistas que, en algunos casos, pertenecen a asociaciones que no dispondrían de la misma holgura sin el trinque obligado del Boletín Oficial del Estado.

El caso más escandaloso es el de Radiotelevisión Española, que vive el momento más oscuro de su historia democrática gracias a la transigencia de José Pablo López -colaborador necesario- a la hora de contratar periodistas como Jesús Cintora y Javier Ruiz, a los cuales, por cierto, y menos mal, no hace coincidir en la misma habitación.

El programa de Ruiz -Mañaneros 360- lo hace La Cometa TV y cuesta 2,8 millones de euros, mientras que el de Cintora lo factura una filial de Mediapro por alrededor de 2 millones. Su audiencia es bastante mejor que la media de sus cadenas. No hay que negar lo innegable. El problema es que su línea editorial es tan parcial y progubernamental que asusta. De hecho, ha motivado la apertura de una investigación por parte del Consejo de Informativos de TVE, como adelantó este periódico el pasado viernes.

El número de Hitler

Esto dice mucho de la ética profesional de López, que en estos espacios de info-entretenimiento permite que se dé rienda suelta a las fobias contra jueces y oposición -que son las mismas que las de Moncloa y sus mandarines- y que se etiquete a periodistas, con nombre y apellidos, como "ultraderechistas". Esta semana, se emitía un sketch de humor en el que se ve un guiñol de Adolf Hitler intentando entrar en el Congreso con un micrófono de la mano. Queda claro el mensaje.

Ruiz iniciaba su programa hace 3 semanas hablando de un "sabotaje" para referirse a lo que había sucedido en las vías del tren el domingo de Resurrección. Una semana después, sugería que la filtración de los mensajes de wassap entre el presidente del Gobierno y José Luis Ábalos era constitutiva de un delito, dado que estaban bajo investigación judicial. Priorizaba este mensaje sobre el propio contenido de los chats, lo que, casualmente, había hecho Óscar López el día anterior, tras ser preguntado por los periodistas.

Creo que una gran parte de los periodistas de RTVE hace un trabajo impecable y que sus corresponsalías -salvo alguna excepción- tienen un valor excelente. El propio Josep Cuní ponía en serios aprietos a Miguel Ángel Gallardo el pasado jueves al preguntarle por su escandaloso aforamiento en Extremadura. Me pregunto por qué todos estos profesionales no se movilizan contra estos paracaidistas. Contra gente que no entró ahí por oposición, como Intxaurrondo, Ruiz o Cintora, que inundan de propaganda sus programas y sitúan a la corporación como cómplice de un Gobierno que ha alcanzado cotas de desvergüenza inimaginables.

Tal es así que ha convertido en anatema el que un periodista investigue o cuestione las actividades de Begoña Gómez, la presencia de Koldo García o de Víctor de Aldama en el entorno de José Luis Ábalos, el rescate de Air Europa, las conversaciones de un tipo del partido con un narco... o el motivo por el cual se están riendo de los españoles a la hora de hablar de una investigación vergonzosa sobre el apagón, con la que, evidentemente, quieren escurrir el bulto, como se deducía el viernes tras leer The Telegraph.

Habrá quien todavía se niegue a ver la realidad; el peso de la propaganda, la actitud altiva y soberbia de los portavoces gubernamentales con los periodistas que no cantan sus alabanzas; y la complacencia de una parte de la profesión que incluso se presta a colaborar en procesos judiciales -tras escribir infinidad de crónicas a favor- para echar una mano al Gobierno y a su entorno. Es todo tan escandaloso que debería alarmar a los ciudadanos; y no sólo retumbar, en forma de consigna, en su cabeza. El riesgo para la seguridad nacional son ellos.