Pumpido, al rescate de Montoro

Levitó ayer el ministro Oscar López a cuenta de la imputación del ex ministro Cristóbal Montoro por, presuntamente, haber beneficiado a empresas del sector gasista con cambios legislativos que se cocinaban en un despacho del que él formó parte. No fue el único que se tiró en plancha.

El ministro de Transporte, en su afán por restregarle al PP "su corrupción", recurrió en la red X a informaciones publicadas por Cristina de la Hoz en este periódico. Los equipos de prensa del gobierno trabajaron a destajo para empatar el partido de los trapos sucios, hasta ahora muy desfavorable para el PSOE.

Cuenta en su crónica Juanma Romero que en Moncloa han recibido como una bendición la imputación de Montoro, algo que no se esperaban. Entre eso y la violencia contra los inmigrantes en Torre Pacheco, el equipo de Pedro Sánchez cree que se llega al mes de agosto con la sensación en la opinión pública de que se ha superado la crisis que provocó la publicación del informe de la UCO, que propició la entrada en prisión de Santos Cerdán.

De ilusión también se vive. Sería esta la primera vez en la historia que un caso antiguo ensombrece un asunto de corrupción que está en plena investigación. De hecho, cuando salgan los próximos informes de la UCO y se publiquen los autos del juez del Supremo correspondientes de nada servirá agitar el escándalo de Montoro.

Cierto es que el ex ministro de Hacienda no era famoso por su simpatía. Ni siquiera en el PP. Más bien se le recuerda como un hombre al que su cargo transformó para mal en un ser engreído y un punto despótico. Sólo hay que oír lo que dicen de él en privado algunos ex ministros del gobierno de Rajoy, y en público otros, como Rodrigo Rato o dirigentes del PP como Esperanza Aguirre. Dejar cadáveres en el camino no es recomendable para nadie.

Los cambios normativos promovidos por Montoro fueron ratificados por el Congreso. Algo muy parecido a lo que sucedió con las conocidas transferencias de financiación que propiciaron el fraude en los ERE

El asunto por el que el juez de Tarragona Rubén Rus acusa a Montoro de haber impulsado cambios normativos "a demanda" a cambio de dinero, ha estado bajo secreto de sumario siete años. Un tiempo récord. Además, en este caso, la fiscal, Carmen García, tuvo un enfrentamiento con el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, por solicitar unas diligencias "improcedentes": el volcado de un correo que ella daba por hecho que era del ex ministro. El enfrentamiento llevó incluso a la convocatoria de una junta de fiscales, que se inclinó mayoritariamente por darle la razón a Luzón.

García, sin embargo, insistió, hasta que, finalmente, el juez Rus ha decidido imputar a Montoro y a otras 28 personas.

Parece evidente que durante el mandato del ministro Montoro se produjeron, al menos, dos modificaciones legislativas que presuntamente habrían beneficiado a las empresas que pasaron por el despacho Estudio Económico.

Pero, según algunas fuentes, el ex titular de Hacienda -que ya se ha dado de baja del PP, a petición del partido- podría echar mano de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE para eludir sus responsabilidades penales.

Recordemos que el Constitucional, en resoluciones de las que ahora se cumplen justo un año, declaró nulas las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla (que ahora ha recurrido ante el TJUE) y el Tribunal Supremo porque, en su opinión, estimaron erróneamente la existencia de delitos de prevaricación y malversación por haber participado los consejeros condenados en la elaboración de los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos que propiciaron las llamadas transferencias de financiación que provocaron el fraude masivo en los ERE de Andalucía. Según la ponente, Inmaculada Montalbán, no se puede considerar que meras propuestas de ley de presupuestos, sometidas a la decisión del Parlamento autonómico, puedan ser calificadas como "resoluciones" recaídas en "asunto administrativo".

Lo cual quiere decir que como las reformas que abrieron la puerta al fraude en los ERE -incluidas en el proyecto de ley de presupuestos- fueron aprobadas por el Parlamento andaluz, no se puede atribuir los delitos de prevaricación y malversación a los altos cargos que promovieron dichas reformas. Los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán quedaron exonerados de los delitos por los que fueron condenados.

Las fuentes consultadas señalan que, de prosperar el asunto, y en caso de condena, lo lógico sería llegar hasta el Constitucional porque, entienden, se estaría ante un caso similar al de los ERE: se trataría de cambios promovidos desde el gobierno- Montoro-, pero que fueron ratificados por el Congreso (algunos de los cuales siguen ahora vigentes). Actuaría así la cámara legislativa como una especie de cortafuegos para las responsabilidades de los miembros del Gobierno.

Se daría en este caso la paradoja de que una sentencia muy cuestionada no sólo por el PP, sino por un gran número de juristas, al margen, claro, de la Audiencia de Sevilla y del propio Tribunal Supremo, serviría ahora de tabla de salvación para que Montoro eludiera su presunta responsabilidad en unos cambios legales que favorecieron a empresas que pagaron previamente al despacho del que él fue uno de los fundadores.

Mira por donde, Conde Pumpido podría salir al rescate de Cristóbal Montoro. Cosas veredes...