La condena a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos es un golpe terrible para Pedro Sánchez. El presidente ha defendido la inocencia de Álvaro García Ortiz sin ningún resquicio de duda. La última vez, y de forma machaconamente insistente, en una entrevista en El País ("El Fiscal General es inocente y aún más tras lo visto en el juicio", tituló el diario en su portada del 8 de noviembre) a la que nos hemos referido en esta columna. Pero el Tribunal Supremo (por cinco votos contra dos) ha dado su veredicto, que es el que vale, y ello obliga al Gobierno a nombrar un sustituto para ocupar la cúpula del Ministerio Público.

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El revés judicial no tiene precedentes, pero eso no significa que Sánchez se conforme y se limite a pasar página. No es propio de él. Tiene un plan, de eso no cabe la menor duda.

Frente a algunos dirigentes socialistas que despotricaban en privado contra la sentencia, con ocurrencias como que "demuestra que Franco no ha muerto", Félix Bolaños, ministro de Justicia, compareció ante los medios para transmitir que el Gobierno respeta el fallo, aunque no lo comparte. Pidió calma a los que se sienten decepcionados con la decisión del Supremo, pero sentenció que en España hay un estado de Derecho. Menos mal. Hasta el locuaz Óscar Puente puso punto en boca en X, cosa rara en él, lo que demuestra que el presidente puso firmes a sus huestes para que no se desmandaran.

Como he dicho, Sánchez no puede dejar en la estacada a García Ortiz. En definitiva, la condena le ha caído por filtrar un documento secreto con el fin de "ganar el relato", cosa que le importaba al presidente pero que a él debía de traerle al pairo. ¿Quién le animó en la noche de autos a incumplir la ley? Esa es una pregunta que ha quedado en el aire en este proceso y cuya respuesta seguramente estaría en ese móvil que fue concienzudamente borrado por el fiscal general. No había que dejar huellas. El inductor ha quedado impune.

Así que, una vez conocida la sentencia, el plan consiste en dar a García Ortiz la posibilidad de que sea él quien decida la persona que le suceda, que es como reconocerle que su leal manera de actuar se mantendrá. Fue lo que hizo Dolores Delgado con él mismo. En esa línea, hay dos candidatos con muchas posibilidades de ascender: María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del la Fiscalía del Supremo (que actuó en el juicio al Fiscal General como si fuera su abogada), y Diego Villafañe, fiscal jefe de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado. Villafañe, recordémoslo, fue el testigo que atribuyó el demoledor testimonio de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, a su animadversión hacia García Ortiz y hacia él mismo. Los dos, desde luego, han hecho méritos suficientes como para aspirar al cargo.

Recurso ante el Constitucional o indulto: son las dos vías que puede seguir el fiscal general para convertir la sentencia en papel mojado

Pero, además, Sánchez puede, y quiere, aplicar el indulto a García Ortiz. Algo complicado, ya que los indultos se suelen utilizar para que los condenados puedan salir de prisión. Pero, hete aquí que hay un precedente que el presidente estará muy gustoso de argumentar: el del juez Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación por el caso Sogecable e indultado por el gobierno de José María Aznar el 1 de diciembre de 2000. Si el indulto se produjera, García Ortiz podría ser repuesto como fiscal general.

La otra vía, naturalmente, es el recurso ante el Tribunal Constitucional, que el fiscal general podrá presentar en un plazo de 20 días después de conocido el texto de la sentencia y presentado un incidente de nulidad. El Constitucional, en el que Conde Pumpido impone su criterio apoyado en la "mayoría progresista", tendrá en su mano la capacidad de dejar en papel mojado la sentencia del Tribunal Supremo, si es que García Ortiz elige este camino para rehabilitarse.

El Supremo tiene que hilar fino en el texto de la sentencia que, insisto en ello, no sólo será histórica, sino que será mirada con lupa por Moncloa y por los juristas críticos con el fallo. La prudencia ha llevado a la Sala a comunicar el resultado de la deliberación mucho antes de lo esperado con el objetivo de evitar el riesgo de filtraciones. Cualquier imprudencia, por mínima que esta fuera, podría haber puesto en cuestión la decisión de los magistrados. Además, con la circunstancia añadida de los dos votos particulares (Ana Ferrer y Susana Polo), que añadirán argumentos a la polémica que se trasladará al debate político. No conoceremos el texto de la sentencia hasta dentro de un par de semanas. Para entonces, ya sabremos quién será el sustituto de García Ortiz y cual será el camino elegido por el Gobierno para revocar el fallo por la vía de los hechos.

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