Respira el PSOE, respira el gobierno. Pedro Sánchez "no era el número uno" de la trama, como, sin aportar datos, "con notable desahogo", como ha apuntado el Fiscal Anticorrupción en su alegato ante el tribunal, afirmó el comisionista Víctor de Aldama en su declaración la semana pasada.
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Sin embargo, la intervención de Alejandro Luzón debería preocupar y mucho al presidente y a los que durante años han mirado para otro lado, cuando no han colaborado en el encapsulamiento de la trama corrupta, como si fuera un tema menor, la historia de un ministro putero, un asistente espabilado y un empresario aprovechado.

No, ni mucho menos. Luzón -con funcionarios como él hay motivos para creer en el Estado de Derecho- ha entrado de lleno en lo que significa este caso, al que ha calificado de "corrupción organizada, continuada". Comportamientos como el del ex ministro José Luis Ábalos y su "sombra", Koldo García, no sólo dañan la libre competencia, sino que perturban "el normal funcionamiento de la administración pública". Esa "corrupción organizada" reduce la "confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas, que estos delincuentes pervierten".

Según el Fiscal Anticorrupción las "actuaciones que normalizan o minimizan estas conductas corruptas o descalifican a los que las persiguen" lo que provocan es una "deslegitimación del Estado de Derecho". Para concluir: "La corrupción política carcome nuestro sistema democrático y sólo una reacción contundente contra ella puede frenarla".

En este proceso -ya veremos lo que ocurre con la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre posible financiación irregular del PSOE- no han aparecido indicios que apunten al presidente del gobierno, más allá de la catarata de acusaciones que lanzó Aldama. Pero el Fiscal Anticorrupción no se limita en su alegato a señalar las pruebas que le llevan a pedir duras condenas para los acusados (Ábalos: 24 años de prisión), sino que sitúa a la organización criminal en su contexto. Y es ese contexto el que afecta de manera directa al presidente del gobierno, como responsable político del ecosistema que permite a un ministro actuar sin control, apoyándose en un subordinado que actúa en su nombre, para llevar a cabo sucios negocios con el único fin de enriquecerse o pagarse sus vicios.

Al igual que nadie cuestionaba a Koldo, porque se sabía que detrás estaba Ábalos; ante Ábalos todos se plegaban, porque detrás estaba el presidente del gobierno

Critica Luzón de las actuaciones de los poderes públicos "que minimizan las conductas corruptas o descalifican a quienes las persiguen". Aquí no está hablando de Ábalos, Koldo o Aldama. Se está refiriendo a los que desde sus puestos han intentado convertir este caso en poco más que un chascarrillo y en los que han cuestionado abiertamente a los funcionarios que han hecho su trabajo, en especial la UCO de la Guardia Civil.

Sin la aquiescencia de Sánchez ninguno de sus ministros, ningún dirigente socialista se hubiera atrevido a cuestionar la investigación de la UCO o a proteger a los que, desde puestos muy relevantes, se plegaron a los dictados de la trama. De forma muy especial, los ex presidentes de Baleares y de Canarias, que actuaron como cadena de trasmisión del ex ministro de Transportes, con Koldo como portavoz, para favorecer el negocio de Aldama sin poner ninguna pega.

Denuncia Luzón la "colonización de las empresas públicas por las distintas administraciones para aparcar a ex políticos" y para "el sustento de familiares". Sostiene el Fiscal Anticorrupción que es "el contexto cuasi colonial en el que está asumido que la mera sugerencia de un ministro, sus meros deseos, se convierten en órdenes ejecutivas". La trama dibuja una "corte servil hasta que, si hay suerte, aparece una empleada íntegra que alerte de lo que está sucediendo".

De ese contexto el responsable máximo es el presidente del gobierno. Al igual que a Koldo no se discutía nada, porque era la voz del ministro Ábalos; a Ábalos no se discutía nada porque era la voz del presidente, su número dos.

Esa "corte servil", tan útil para que la corrupción se nutra y se desarrolle, no sólo estuvo presente en el Ministerio de Transportes, o en Interior, o en los gobierno de algunas comunidades autónomas, sino, sobre todo, en el PSOE. Es ese servilismo el que le permitía a Koldo, sin ser cargo del partido, cobrar en efectivo los gastos en los que supuestamente incurría el ministro y, a la vez (qué importante es esto), secretario de Organización del PSOE.

Cuando al ex gerente del PSOE, Moreno Pavón -ahora en Enusa, otro caso de recolocación en virtud de favores y servicios prestados-, le preguntaron por el control de esos gastos, él, tranquilamente dijo que eso dependía de Ábalos y que a él no le controlaba nadie.

¿Puede sentirse el presidente del gobierno orgulloso de haber creado ese eco sistema favorecedor de la corrupción?. Pedro Sánchez es el responsable de haber creado la cultura del "puto amo", ese al que nadie puede poner un pero, porque es el que manda. El calificativo tiene mayor valor porque su autor es nada menos que el ministro Oscar Puente, amigo de Sánchez, y sustituto, ¡oh casualidad! de Ábalos al frente del ministerio con mayor presupuesto.

El presidente del gobierno, hay que recordarlo, justificó la expulsión de Ábalos del Grupo Socialista, en que, a pesar de no estar imputado -todavía- en el caso Koldo, él era responsable in vigilando. Pues bien, si fuera un poco coherente, después de lo que hemos visto en este proceso, después del alegato de Alejandro Luzón, a él no le quedaría otra salida que dimitir, que marcharse. Sin embargo, no lo hará, porque para eso le haría falta un punto de decencia.