La situación de Manuel Llamas, teniente general y Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, es complicada. Tiene que declarar el próximo día 16 de julio ante el juez Pedraz investigado por dos graves delitos: prevaricación y obstrucción a la Justicia. Ambos delitos, cometidos en el ejercicio de su cargo. Interpretan, tanto el juez, como la Fiscalía Anticorrupción, que Llamas trató de intimidar, mediante la apertura de tres informaciones reservadas, al jefe de la UCO, Rafael Yuste, con el fin de que abortara las investigaciones que afectan al gobierno y a la familia del presidente.
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Llamas (67 años) está al final de su carrera, que ha sido, hasta ahora, ejemplar. Pasó por los GAR, el Servicio de Seguridad de su Majestad el Rey, el Servicio de Información en Navarra (en los tiempos duros de ETA) y también estuvo en la UCO, la unidad de élite de la Guardia Civil. Es abogado y doctor en Ciencias Políticas. Tiene, por tanto, una brillante hoja de servicios. Es lógico que lo esté pasando mal. No sólo por tener que ir a la Audiencia Nacional como investigado (y no en su función de Policía Judicial), sino porque fueron los testimonios de dos generales los que inclinaron al juez a seguir los criterios de la Fiscalía Anticorrupción.

Contamos hoy en El Independiente que algunos mandos de la Guardia Civil han hablado en los últimos días con Llamas para recomendarle que dimita antes de que llegue el día de su declaración. Como se sabe, las asociaciones de guardias civiles le han pedido que renuncie a su puesto, y el sentir general en la escala de mando coincide con lo que piensa la mayoría de los agentes.

Este fin de semana publicamos en este diario una carta del teniente general retirado Pedro Garrido Roca en la que afirmaba: "El DAO nada debe a ningún político que haya apoyado su nombramiento más allá del agradecimiento por haber reconocido los méritos acumulados durante su carrera profesional". Además, le recordaba a Llamas que un jefe del Cuerpo debe "ser ejemplo de conducta, defensor y protector de la actuación legal de sus subordinados y ser leal a la institución y a su misión, por encima de intereses pasajeros y puntuales". Le instaba, en definitiva, a "salvar el honor".

No fueron las cloacas las que utilizaron a la directora general de la Guardia Civil, sino que fue la directora general la que recurrió a las cloacas para desacreditar a la UCO

El argumentario de los que se han acercado a Llamas en estos últimos días es muy parecido. Lo hacen desde el respeto, y le piden que reflexione. Debe primar el honor de la Guardia Civil por encima de los intereses políticos que inspiran a la directora general, Mercedes González, también investigada por los mismos delitos; también citada el día 16 de julio ante el juez Pedraz.

Efectivamente, aunque los delitos son los mismos, los casos de Llamas y González no lo son. La directora general (periodista de profesión, como Leire Díez), es una persona del núcleo duro de Pedro Sánchez. Su currículum lo pone de relieve: fue secretaria general del PSOE de Madrid entre 2021 y 2025; delegada del Gobierno en Madrid entre 2021 y 2023; directora general de la Guardia Civil de marzo a junio de 2023, y, posteriormente, fue nombrada de nuevo directora general del Cuerpo en septiembre de 2024, hasta hoy.

Pongámonos en situación. ¿Qué es lo que más le preocupaba a Pedro Sánchez en 2024? ¿Qué fue lo que le llevó a dejar su puesto durante los cinco días de reflexión en abril de ese año?. Fueron los casos de corrupción que afectaban al partido, sí, pero, particularmente, las investigaciones que afectaban a su esposa y a su hermano. Y, ¿quién estaba investigando esos casos?: la UCO de la Guardia Civil.

No hay que ser mal pensado para deducir que la elección del puesto de máxima responsabilidad de la Guardia Civil no fue del ministro del Interior, sino del presidente del Gobierno. Mercedes González fue nombrada precisamente para eso: para que la UCO se pusiera de perfil en los casos que afectaban al presidente.

Por eso tampoco es extraño que echara mano de Leire Díez para que le pasara material contra la UCO. No es que las cloacas utilizaran a la directora general de la Guardia Civil para sus tejemanejes, es que fue la directora de la Guardia Civil la que recurrió a las cloacas para que le proporcionaran cualquier tipo de información para desacreditar a los agentes de la UCO; en especial, del teniente coronel Balas, jefe de las investigaciones citadas.

Esa es la clave de todo este asunto. Mercedes González contó con la colaboración del DAO para presionar a la UCO y cumplir así la misión que el presidente le había encomendado en la Guardia Civil. Pero, mientras que González sólo le debe obediencia a su jefe, que la impulsó a la secretaría general del PSOE en Madrid, y luego la ascendió a la cúpula de la Benemérita; Llamas tiene un deber con el Cuerpo.

Todavía está a tiempo de rectificar. Sopesar qué es lo que va a figurar al final de su hoja de servicios. Ni Sánchez, ni González, podrán pagarle nunca, de ninguna forma, el haberse prestado a un papel tan poco acorde con el uniforme que lleva puesto.

Lo que sabemos también es que la directora general, quizás queriendo poner la venda antes que la herida, le ha recomendado a Llamas seguir en su puesto, hacer oídos sordos a los que le piden que dimita. Sánchez ha dado la orden de "aguantar". No ceder ni una sola pieza. Cree el presidente que si cae Llamas, luego será la directora general, más tarde, el ministro Grande Marlaska,... y, al final, el agua le puede llegar al cuello a él mismo.

El manual de resistencia le sirvió a Sánchez para recuperar la secretaría general del PSOE. Fue un pulso de poder. A Lamas este manual no le sirve de nada; sobre todo, si contradice el Código Ético de la Guardia Civil, si esa resistencia es a costa del honor del Cuerpo.