Ciento cinco minutos

Se ha repetido que Pedro Sánchez pasó una hora en Ceuta. Fueron ciento cinco minutos, tiempo suficiente para cruzar el Tarajal, reunirse con las autoridades, leer una declaración y volver al avión. Tiempo suficiente, también, para ver. Al día siguiente, a las 13.07, aterrizó con su familia en Lanzarote. La secuencia no admite la explicación piadosa de la escala: fue a Ceuta, vio lo que había y decidió que aquello no justificaba alterar sus planes.

Lo que había era esto. En una ciudad de poco más de 80.000 habitantes habían entrado en unas horas decenas de miles de personas. Había muertos. Había comercios con la persiana echada, familias que no salían de casa, urgencias sometidas a una presión extraordinaria y un perímetro fronterizo que durante horas dejó de cumplir su función. El propio presidente llamó a aquello "ataque" y "violación de la integridad territorial de España". Pronunció las dos palabras y se marchó.

A partir de ahí, la crisis se gestionó por avión y por videoconferencia. Viajaron a Ceuta los titulares de Interior, Política Territorial, Juventud e Infancia, Exteriores, Defensa, Sanidad y Migraciones. Interior fue dos veces. El coordinador único que Juan Jesús Vivas reclamaba desde el primer día no se anunció hasta el 21 de agosto, tres semanas después del desbordamiento. Los cuatro espacios provisionales para 1.500 personas, el día 17, cuando centenares llevaban dos semanas durmiendo en playas, soportales y asentamientos levantados con lo que había.

Algunas visitas añadieron un agravio que nadie había pedido. Mónica García llegó diecisiete días después, negó el colapso sanitario y advirtió contra la xenofobia de relacionar inmigración, enfermedad y delincuencia. Vivas le respondió que Ceuta no necesitaba lecciones de humanidad. Elma Saiz preguntó si los dirigentes del Partido Popular acudían a colaborar o a fotografiarse con "agitadores". La ciudad pedía alojamientos y una cadena de mando. Recibió correcciones morales.

Vivas lleva más de veinticinco años gobernando Ceuta, un dato que desaconseja la hagiografía y deja abiertas todas las críticas que quieran hacérsele. Pero durante estas semanas ha hecho lo que los vecinos identifican sin necesidad de análisis: estar. Ha comparecido, ha recibido a cada ministro, ha subido el tono a medida que los compromisos no se convertían en recursos. Es la autoridad que con mayor constancia ha dado la cara.

Los sindicatos policiales han puesto cifras a lo que en Madrid se describe como despliegue. La sala del 091 recibe unas 200 llamadas diarias. De los 180 agentes de la Unidad de Intervención Policial, los turnos dejan operativos a unos 60. Los efectivos llegados de la península duermen en módulos militares, siete u ocho por estancia, sin aire acondicionado y con un solo ventilador, en agosto, en Ceuta. No reclaman gratitud. Reclaman alojamiento digno, relevos, órdenes claras y cobertura jurídica para el día en que un agente tenga que responder de lo que hizo a las cuatro de la madrugada en el Tarajal. Mientras el presidente dirigía la crisis por pantalla desde una residencia oficial, quienes la sostenían físicamente intentaban dormir de ocho en ocho.

La empatía política no es un gesto compungido ante las cámaras. Es permitir que el sufrimiento de los gobernados altere la agenda del gobernante. Sánchez no lo permitió

La palabra más difícil de explicar de todo el mes la pronunció el ministro del Interior. Grande-Marlaska agradeció la colaboración de Marruecos y describió a Rabat como socio absolutamente fiable. Albares sostuvo que había colaborado desde el primer momento. Saiz repitió la fórmula: socio fiable, ninguna amenaza para Ceuta ni para España.

Un Gobierno está obligado a hacer diplomacia, y la diplomacia consiste a menudo en no decir lo que se sabe. La dificultad aparece cuando para no decirlo hay que afirmar lo contrario. Si lo ocurrido el 30 de julio fue un ataque a la integridad territorial —y lo dijo el presidente—, alguien permitió el ataque. Ninguna red de tráfico de personas concentra a decenas de miles en un punto exacto del perímetro, en una franja de horas, sin que la gendarmería, las fuerzas auxiliares y los servicios de información del país vecino sepan lo que está ocurriendo. Una sentencia del Tribunal Supremo no desactiva por sí sola el control marroquí de la frontera. Cabe discutir si Rabat organizó la presión o se limitó a retirarse y mirar. Lo que no cabe es llamar fiable a quien hizo una de las dos cosas.

Vivas lo formuló sin exabruptos: Marruecos ha demostrado que no es fiable. Un aliado puede ser imprescindible y desleal al mismo tiempo; administrar esa combinación es la política exterior. Llamar fiable a quien no lo es no protege la relación. Solo documenta quién manda dentro de ella.

Hay un documento de esta crisis que no veremos. En las embajadas de Madrid, el trabajo ordinario consiste en ordenar hechos como estos y remitir una valoración a la capital. La materia prima está a la vista: un jefe de Gobierno que califica los hechos de ataque y evita nombrar a quien lo permitió; que permanece ciento cinco minutos en la ciudad atacada; que empieza sus vacaciones al día siguiente. Un presidente autonómico que desmiente las cifras del Ejecutivo. Unos sindicatos policiales que denuncian abandono. Siete ministros antes de un coordinador. Y, al final, el agradecimiento de Madrid al país desde cuyo territorio se produjo la entrada. Los informes diplomáticos no hablan de bochorno. Miden capacidad de anticipación, cohesión interna, autoridad del presidente y fiabilidad como socio.

Los elogios que llegaron de Bruselas los primeros días —solidaridad, respuesta rápida— eran la cortesía de rutina que un socio dedica a otro mientras decide qué hacer. Lo sustantivo estaba en el resto del documento aprobado por los ministros de Interior el 4 de agosto: mejorar el conocimiento compartido de la situación, los sistemas de alerta temprana, la capacidad de anticipación y la coherencia de la comunicación en las crisis. El lenguaje diplomático no censura; enumera lo que ha faltado. Para entonces, 22 Estados habían reclamado una reunión urgente e Italia había restablecido controles en sus conexiones con España. Los hechos, no los comunicados, fueron la opinión de Europa.

El desprestigio internacional no consiste en un adjetivo desagradable en la prensa extranjera. Empieza cuando otro Gobierno deja de considerar suficiente la palabra de un presidente: comprueba las cifras por su cuenta, adopta medidas sin esperar una respuesta común, descuenta las promesas de la siguiente reunión. En Bruselas la credibilidad es una forma de poder, y cada dato desmentido, cada autoridad que contradice a otra y cada decisión que llega tarde gasta ese capital. Es este Gobierno el que ocupa el asiento de España en el Consejo Europeo. Cuando disminuye la confianza en su presidente, España no deja de ser un país importante; empieza a ser un país al que se escucha con reservas.

El informe redactado en Rabat puede ser más breve. Madrid llamó ataque a los hechos y no señaló a nadie. Agradeció la colaboración marroquí. Declaró fiable al socio. No convocó a la embajadora para pedir explicaciones. No alteró el calendario del presidente. La lección operativa es exacta: la presión sobre la frontera no eleva el coste para Marruecos; eleva la prudencia de España. Si esa es la conclusión, la próxima crisis llegará con la lección aprendida.

El Gobierno hizo cosas: la mayoría de quienes entraron fueron devueltos en los primeros días, se enviaron refuerzos, se atendió a miles de personas. Precisamente por eso la crítica debe ser más exigente que una consigna. Lo reprochable es la tardanza, la improvisación, las cifras que no coincidían, la negativa a nombrar a Marruecos y la ausencia del presidente cuando su presencia era, ella misma, un recurso del Estado.

Se dirá que hoy se gobierna desde cualquier sitio. Técnicamente es cierto. Políticamente, un presidente no es solo quien firma órdenes y convoca pantallas: en una crisis nacional es la forma en que un país demuestra dónde está mirando.

En una democracia con reflejos institucionales, mantener intactas las vacaciones después de calificar lo sucedido como ataque territorial habría tenido un coste político inmediato: la prensa exigiendo explicaciones diarias, el Parlamento reclamando su presencia, el presidente obligado a volver aunque solo fuera porque su ausencia se había convertido ya en parte de la crisis. Aquí se discutió si podía gobernar por videoconferencia, como si el problema fuera la calidad de la conexión.

La empatía política no es un gesto compungido ante las cámaras. Es permitir que el sufrimiento de los gobernados altere la agenda del gobernante. Sánchez no permitió que Ceuta alterara la suya. Ni el lugar, ni el calendario, ni el descanso previsto. El mensaje que recibieron quienes llevaban semanas viviendo dentro de la crisis es de una sencillez brutal: lo que les ocurre no ha entrado en la vida de quien los gobierna.
El trabajo ordinario del cargo consistía en aplazar el descanso, volver a Ceuta, instalar allí la dirección política de la crisis, comparecer junto a Vivas sin tratarlo como adversario y explicar a los españoles qué responsabilidad atribuía a Marruecos. No lo hizo.

Quedan dos anotaciones en el registro. El 31 de julio, ciento cinco minutos en la ciudad. El 1 de agosto, a las 13.07, Lanzarote. Entre una y otra, Ceuta siguió contando personas, camas, patrullas y días. Los informes de las embajadas no los leeremos. Las dos fechas, sí.