En el año 2007 la cifra de mujeres que según el Registro Central de Penados había sido condenada por algún delito era de 13.778; ocho años después la cifra es de 31.986, más del doble. La mujer gana peso entre los datos de la Estadística de Condenados que cada año publica el Instituto Nacional de Estadística con información procedente del Registro Central de Penados. Las mujeres suponen ya el 14,4% de las condenas registradas anualmente, aunque todavía están muy lejos de equipararse a los varones, que en 2015 sumaron 190.876 (85,6%). Si bien el INE no acusa el incremento de las mujeres a la crisis los años de su repunte coinciden con el periodo de la recesión.

Los delitos más frecuentes por los que fueron condenados, tanto hombres como mujeres, son los relacionados con la seguridad vial, que sumaron un tercio del total (el 31 por ciento). Les siguen los delitos de lesiones (12,8%) y los robos (10,2%). En total en 2015 se contabilizaron 222.862 adultos condenados por sentencia firme, un 1,8 por ciento más que en 2014.

En la población más joven, de 18 a 30 años, también se aprecia un aumento de condenados durante los años de recesión ya que pasaron de ser 71.061 condenados en 2007 a 97.000 en 2009. Un incremento que se ha moderado hasta la cifra de 86.063 en 2015, lo que es significativo teniendo en cuenta que este grupo de población más afectado por el desempleo. Entre los datos publicados por el INE destaca el de menores con condenas firmes, que también ha disminuido. Tras alcanzar en 2010 un máximo de 18.238 menores condenados la cifra se sitúa en 2015 en 13.981, una cantidad similar a los 13.631 de 2007.

Territorialmente Andalucía fue la comunidad autónoma en la que fueron inscritas más personas condenadas en el año 2015, con el 19,7% del total. En segundo y tercer lugar se situaron Cataluña (15,7%) y Comunidad Valenciana (12,3%). Cataluña fue la comunidad con más condenados extranjeros (22,9% del total) seguida de Comunidad de Madrid (16,2%) y Andalucía (12,8%).
Por su parte las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registraron las tasas de condenados inscritos por 1.000 habitantes más elevadas (24,6 y 21,0, respectivamente). Castilla y León (4,3), País Vasco (4,4) y Castilla-La Mancha (4,9) presentan las tasas más bajas.