El Tribunal Constitucional ha ganado tiempo antes de resolver si el Gobierno en funciones tiene que someterse al control del Congreso al dar un plazo de 10 días al Congreso y al Senado para que le remitan los documentos que ha solicitado el abogado del Estado en sus alegaciones para acreditar que, desde el inicio de la democracia, los Ejecutivos que no habían logrado el apoyo de las cámaras no comparecían en el Congreso.

A este plazo se añade otro de 10 días más para alegaciones, por lo que fuentes del alto tribunal calculan que los magistrados no empezarán a debatir esta cuestión hasta el pleno convocado a finales del mes de octubre.

Falta de legitimación

El abogado del Estado, en su escrito de alegaciones a la demanda presentada el pasado mes de junio por el Congreso de los Diputados (por la negativa del ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, de someterse al control de la cámara), pide a los magistrados que rechacen este recurso por «falta de legitimación» de la diputación permanente de la cámara baja «para plantear este conflicto».

Además, defiende que solo un Gobierno «en plenitud de funciones» puede ser objeto de control, pero no el que «ha obtenido la confianza de una cámara anterior», como ocurre en este caso en el que el PP no se presentó a la sesión de investidura en la anterior legislatura.

Para corroborar esta tesis, la Abogacía del Estado ha aportado numerosa documentación desde las primeras Cortes Constituyentes de 1979 para confirmar que «no hay precedentes» ni en el Congreso ni en el Senado de control a un Gobierno en funciones.

A  pesar de ello, los servicios jurídicos del Estado solicitan a los jueces que reclamen más documentación al Congreso y al Senado que no han podido aportar al no ser pública, como los acuerdos de la mesa de ambas cámaras sobre la suspensión de los plazos reglamentarios de las iniciativas que se trasladan al Gobierno hasta la investidura desde el 27 de marzo de 1996 hasta el 6 de abril del 2000.

Los magistrados en el pleno celebrado esta semana -empezó el martes y termina hoy- han accedido a las pretensiones del abogado del Estado y han pospuesto esta cuestión hasta un pleno de finales de octubre o primeros de noviembre, cuando ya se conozca si se han convocado las terceras elecciones por falta de acuerdo para investir a un presidente.

El futuro de Forcadell

Además, en este pleno los jueces han comenzado a estudiar la ponencia de la vicepresidenta de esta institución, Adela Asúa, sobre el recurso presentado por el Gobierno vasco contra la reforma de la ley del Tribunal Constitucional que amplía sus facultades contra las personas e instituciones que no acaten sus sentencias.

Fuentes del alto tribunal han explicado que la reforma cuenta con el apoyo del bloque conservador (siete jueces) y con la oposición de los progresistas. La discrepancia surge por la facultad que les concede la ley para suspender las funciones de los funcionarios que no cumplan sus sentencias.

Por ello, el debate se prolongará al siguiente pleno, que se celebrará dentro de 15 días. El futuro de la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, depende de la resolución de este recurso. El Gobierno ha pedido al alto tribunal que ponga en marcha la reforma de la ley que estudia el alto tribunal después de que Forcadell no acatara la decisión de los jueces de paralizar el pleno de la cámara catalana que puso en marcha el proceso de independencia el pasado mes de julio.