Un juzgado de Madrid investiga al presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) en funciones, Miguel Cardenal, por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, revelación de secretos, falsedad en documento público e injurias y calumnias tras la querella formulada por el ex presidente de la Federación Española de Tenis José Luis Escañuela. La denuncia alcanza también a la ex directora general de Deportes del CSD, Ana Muñoz Merino.

En un auto fechado el pasado 13 de septiembre, al que ha tenido acceso El Independiente, el Juzgado de Instrucción 36 de Madrid admitió la querella interpuesta por Escañuela contra Cardenal el pasado mes de mayo por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, revelación de secretos y falsedad en documento público. Seis días después, tras declarar el ex mandamás del tenis, el magistrado Juan Antonio Toro Peña amplió los delitos a malversación de caudales públicos e injurias y calumnias y ha citado a los dos investigados (antes imputados) a declarar el próximo 19 de octubre.

Escañuela acusa al jefe del deporte español de haber incurrido en malversación al haber utilizado fondos del CSD -dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte- para pagar la indemnización por el despido de Gala León, capitana del equipo español de Copa Davis que sustituyó en septiembre de 2014 a Carlos Moyá y que fue destituida del cargo en vísperas de la eliminatoria que España disputó a Rusia en julio de 2015 en Vladivostok. Fue este organismo y no la Federación de Tenis el que habría sufragado el coste económico de su desvinculación contractual.

En su querella, el ex presidente del Tenis también adjuntaba un documento con el que trata de demostrar que Cardenal inducía las auditorías realizadas a la entidad que él presidió, según habría reconocido un directivo de la empresa.

El CSD difundió a través de su cuenta en Twitter que el TAD había suspendido a Escañuela

Escañuela también considera que el máximo responsable del deporte español ha cometido un delito de revelación de secretos al utilizar la cuenta oficial del CSD en la red social Twitter para dar a conocer que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) le había suspendido durante un mes -pese a tratarse de datos reservados- mientras ofrecía una conferencia de prensa el 24 de junio de 2015 junto a la vicepresidenta Olvida Aguilera y Gala León. El dirigente federativo convocó aquella comparecencia informativa para informar acerca de la inspección que iba a realizar en la sede de la Federación de Tenis el organismo estatal, que le acusaba de falta de colaboración en la entrega de documentación requerida.

Entre las pruebas solicitadas por el querellante y admitidas por el juez se incluye el envío de un oficio al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que, por su intervención delegada, informe de las partidas anuales destinadas desde 2013 a difusión y publicidad en los medios de comunicación por parte de todos los organismos adscritos a este departamento, entre ellos el CSD. Según Escañuela, Cardenal habría realizado inversiones publicitarias para garantizarse informaciones favorables.

¿Doble rasero con Sáez?

El juzgado también ha accedido a que el encargado del registro del CSD de Deportes certifique que el Comité de Auditoría, Seguimiento y Control de las cuentas de la Federación Española de Baloncesto (FEB) presentó el 27 de noviembre de 2015 una denuncia en la que se acusaba al entonces máximo responsable de esa organización, José Luis Sáez, de imputar gastos personales al presupuesto federativo. Con esta prueba, Escañuela pretende demostrar la “persecución” que ha sufrido de Cardenal a diferencia del trato que éste ha dado a Sáez tras recibir documentos que demostrarían cómo el anterior presidente del Baloncesto había hecho un uso indebido de los fondos federativos.

En este sentido, el Juzgado de Instrucción 36 de Madrid ha ordenado que se deduzca testimonio por la documentación aportada con la querella en relación a la Federación de Baloncesto y que se remita al decanato de los juzgados para poder abrir una pieza separada.

En declaraciones a este periódico, fuentes del CSD han calificado de “inconsistente”  la querella, que consideran “plagada de falsedades”. Las fuentes dijeron que existe “tranquilidad” y confianza en que el procedimiento terminará en archivo -como ocurrió con la denuncia interpuesta por el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar- y señalaron que es “consecuencia de la batalla por la transparencia y la buena gobernanza en las federaciones españolas” impulsadas por este organismo estatal. Miguel Cardenal es el primer alto cargo del Gobierno imputado en lo que va de legislatura.