La ausencia de Gobierno está empezando a causar un considerable atasco en la Fiscalía. Unos 30 puestos clave, entre ellos siete miembros del generalato del ministerio público (la junta de fiscales de sala), se encuentran en situación de interinos por haber vencido sus mandatos de cinco años. El órgano, que preside Consuelo Madrigal, no ha propuesto al Ejecutivo ningún nombramiento desde el pasado mes de noviembre por la convocatoria de las elecciones del 20-D. Fuentes fiscales, no obstante, aseguran que esta institución funciona con normalidad.

Madrigal ha seguido una regla no escrita en su departamento: esperar a que se produzcan los cambios de Gobierno antes de forzar al saliente a designar a los fiscales que son elegidos por el Consejo Fiscal de manera discrecional. Es el caso de fiscalías clave como Anticorrupción, cuyo actual jefe, Antonio Salinas, abandona su puesto el próximo 16 de octubre por jubilación; la de la Audiencia Nacional que dirige Javier Zaragoza, o Antidroga, que preside José Ramón Noreña.

El generalato de la carrera fiscal

Otros fiscales que siguen en sus puestos con el mandato vencido son cinco fiscales de sala, el de Medio Ambiente, Criminalidad Informática, Cooperación Penal Internacional, Extranjería y Seguridad Vial. En la misma situación se encuentran los fiscales jefes de los tribunales superiores de Justicia del País Vasco y de Andalucía, Juan Manuel Calpasoro y Jesús García Calderón, respectivamente.

La plaza de Anticorrupción puede provocar un juego de sillas en la Fiscalía

A estas plazas puede optar cualquier fiscal. El problema se planteará cuando finalmente haya Gobierno y se saquen a concurso dichas plazas. Lo normal es que los que han terminado su mandato pidan ser renovados en sus cargos, pero la vacante de Anticorrupción puede provocar que algunos fiscales de sala se planteen solicitar esta plaza, una de las más jugosas del ministerio público y que durante 13 años ha dirigido Salinas.

Ahora su puesto será ocupado por la teniente fiscal, Belén Suárez, que previsiblemente solicitará la jefatura y tendrá que competir con un fundador de esta fiscalía, Alejandro Luzón, que goza de una gran prestigio entre sus compañeros y en los organismos internacionales que luchan contra esta práctica.

Una propuesta imposible

No obstante, ha empezado a circular la posible candidatura de Zaragoza a Anticorrupción, e incluso algunos recuerdan que ya tuvo en mente un proyecto para unir esta fiscalía a la de la Audiencia Nacional. Una propuesta que fuentes fiscales descartan porque exigiría una reforma del estatuto del ministerio fiscal que, debido a la inestabilidad política, resulta muy difícil.

No obstante, fuentes del entorno de este fiscal niegan que Zaragoza tenga intención de abandonar la Audiencia Nacional, donde se ha rodeado de un equipo de su máxima confianza. Y es que tras la desaparición del terrorismo de ETA, esta fiscalía ha ido paulatinamente ampliando sus competencias y ha asumido causas por grandes delitos económicos como la investigación de los llamados papeles de Panamá, lo que ha generado malestar en Anticorrupción.

El futuro de la fiscal general

Por su parte, el futuro de Madrigal pende del calendario. Si no es renovada antes del próximo 16 de enero, no podrá ser reelegida cuando se elija nuevo Gobierno. No obstante, Madrigal seguirá en su puesto hasta que el nuevo Ejecutivo designe a su sucesor.

A pesar de ello, ya han empezado a circular candidatos a este cargo y el nombre del actual presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Grande Marlaska, cobra fuerza. Este magistrado ya intentó ocupar esta plaza cuando el PP ganó las elecciones en 2012, pero el cargo fue ocupado por Eduardo Torres Dulce, que renunció al mismo en enero de 2015.