La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez que investiga la macrocausa de los cursos de formación que dé carpetazo a la pieza política, la que afecta a 24 ex altos cargos de la Junta, al entender que la investigación que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «no ha identificado la red clientelar» ni «la estructura de un plan preconcebido» por parte de la Junta de Andalucía para favorecer el enriquecimiento de empresas afines al PSOE.

Así lo defiende el fiscal Fernando Soto en un escrito fechado el pasado 20 de septiembre, que dará pie a que la juez María Núñez Bolaños dicte un auto en los próximos días sobreseyendo esta pieza separada en la que están imputados el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, cuatro ex directores generales y nueve delegados provinciales de Empleo, y diez jefes de servicios. La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ya anticipó a finales del pasado mes de junio, en la recta final de la campaña electoral del 26-J, su intención de archivar la rama política del caso pese a que aún quedaban testigos relevantes por declarar y faltaba que se practicaran algunas diligencias a instancia de acusaciones.

El escrito coincide en el tiempo con la finalización del plazo para que los grupos políticos presentaran sus conclusiones en la comisión de investigación parlamentaria que, constituida el pasado mes de octubre, trata de depurar responsabilidades políticas por el fraude de la formación.

El fiscal reconoce que hay «indicios» de que se favoreció con las ayudas a determinadas empresas

El representante del Ministerio Público reconoce que la instrucción ha puesto de manifiesto «indicios» de que se favoreció a «una serie de personas y entidades» con el reparto de las ayudas millonarias para cursos de formación, pero «no se ha podido identificar la estructura de un plan preconcebido» para facilitar el enriquecimiento de aquéllas. Tampoco, dice el fiscal, ha quedado claramente definida cuál sería esa supuesta red clientelar cebada desde el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Entre otros argumentos, Soto se desmarca de la tesis que mantenía la instructora que abrió el caso (Mercedes Alaya) y rechaza que las resoluciones de exceptuación dictadas por varios consejeros de Empleo -con lo que empresas que no habían justificado ayudas podía optar a recibir subvenciones posteriores- sean constitutivas de un delito de prevaricación al «no superar el canon» que exige la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. «Podrían ser acertadas o no, nulas o no, incluso contraria a la ley, sobre todo la manera en que se hizo, pero desde luego no constitutiva de delito alguno. Responde a criterios interpretativos aceptables y razonados y conforme a la norma», razona.

Tampoco considera el fiscal que la labor de justificación y liquidación por parte de las delegaciones del SAE pueda ser calificada «negligente» de manera global de negligente. A este respecto, el representante del Ministerio Público recuerda que «el análisis jurídico-penal siempre es individualizado a una conducta concretada en una persona y por razón de unos hechos, no puede basarse en la eficacia, eficiencia o incluso legalidad u oportunidad de toda una administración valorado en su conjunto».

El Ministerio Público dice que la Junta fue «más diligente» de lo que le obligaba la norma

Soto también defiende que el resultado de la investigación impide sostener otro de los pilares en los que descansaba la imputación de los altos cargos: el ‘engaño’ a la Intervención mediante la certificación acreditativa de que la subvención se había destinado a las finalidad para la que se otorgó. Lejos de formular el menor reproche, asegura que la Administración autonómica «fue incluso más diligente que lo exigido por la norma» y no se limitaba a «un mero control formal».

En este contexto, el fiscal llama la atención sobre lo «complejo» e «ingente» de la labor supervisadora de las subvenciones concedidas, como demuestra el hecho de que a finales del pasado año quedaban aún por justificar 2.462 expedientes por valor de 539.255.259,28 euros.

El archivazo a la pieza política se producirá pese a la existencia de menoscabo de fondos públicos, como puso de manifiesto el interventor provincial de Huelva en el informe especial con que se fiscalizaron las ayudas gestionadas por la dirección provincial del SAE -realizados en las ocho provincias andaluzas- y como reconoce el fiscal al admitir que la Junta ha perdido ya el derecho a recuperar el dinero correspondiente a cinco expedientes.

La pieza política es una en las que se desgajó la macrocausa de la formación, en la que también se investigan las ayudas recibidas por los entramados empresariales controlados por el ex número dos del PSOE-A Rafael Velasco y José María Pérez González, los consorcios de formación, las subvenciones recibidas por el ex consejero andaluz Ángel Ojeda (incluidas las destinadas a la formación de los antiguos trabajadores de Delphi) y la relativa a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), integrada en el SAE desde mayo de 2011.

Reacciones políticas

Tras conocerse la petición de archivo, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, denunció la «falta de ética» del PP de Andalucía» e interpretó que «lo que ha venido a decir con claridad [el fiscal] es que algunos han hecho mucho daño, hicieron un gran montaje, una gran farsa y que el único objetivo que tenían era dañar a personas honestas y a sus familias».

Por su parte, el PP avanzó su intención de recurrir el archivo de la pieza política si finalmente lo acuerda la juez Núñez Bolaños. «Queda mucho por hablar, y mucho camino por recorrer y dilucidar en el ámbito de las instancias judiciales», ha declarado la portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo.