La Comisión de Investigación aprobada este martes en pleno del Congreso sobre las escuchas del ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, podría caer en saco roto en caso de que se disolvieran las Cortes y se convocaran nuevas elecciones. Fuentes de Presidencia del Congreso señalan que, en ese escenario, la Comisión que investiga la actuación de Fernández Díaz no podría entrar en funcionamiento debido a lo ajustado de los plazos y que tendría ser solicitada y aprobada de nuevo para volver a constituirse una vez comenzada una hipotética XIII Legislatura.

Después de su aprobación, la Comisión tiene que constituirse: nombrar la Mesa y fijar presidente, vicepresidente, secretario, vocales y letrados; algo que podría extenderse durante diez días, señalan estas fuentes. Una vez constituido este órgano, el Reglamento del Congreso de los Diputados establece que se “elaborará un plan de trabajo” y nombrará las Ponencias. Un proceso que, si bien no está establecido por reglamento, llevaría una semana aproximadamente. A partir de ahí, «en caso de que lleguen a acuerdos» se fijaría una la lista de personas citadas a comparecer en Comisión, entre quienes figuraría el ministro de Interior en funciones.

La notificación a los interesados tendría que hacerse con 15 días de antelación, y se produciría a través de la Presidencia del Congreso. Con estos plazos, y en caso de que la Comisión comenzara a trabajar este mismo miércoles, la Comisión se constituiría en torno al 7 de octubre, tendría listo el plan de trabajo el 14, y la primera citación no podría producirse hasta el 28 del mismo mes, dos días antes de la disolución de las Cortes. El Reglamento de la Cámara, eso sí, contempla que, cuando el asunto tratado en Comisión sea «de urgente necesidad», puede reducirse el plazo para requerir la presencia de los investigados, aunque en ningún caso será menor a tres días.

Sin embargo, estas fuentes no creen que la Comisión lleve a cabo las citaciones dado el escenario de incertidumbre política, para evitar así que las comparecencias tengan que ser canceladas in extremis y que, en todo caso, la Comisión llegaría a constituirse sin que entrara en pleno funcionamiento. El único precedente de una Comisión de Investigación fue la que se llevó a cabo con motivo del 11-M, que se prolongó desde el 20 de mayo de 2004 al 30 de junio del año siguiente. Casi un año de investigación y más de medio centenar de comparecientes en un órgano que tiene un carácter marcadamente «excepcional».

Utilización «partidista» de medios públicos

Este martes, en el primer Pleno ordinario de la XII Legislatura, todos los grupos parlamentarios –a excepción del PP- han aprobado la constitución del órgano de investigación para tratar las grabaciones que salieron a la luz en junio en las que Fernández Díaz mantenía una conversación  con el ex director de la Oficina Antifraude Catalana, Daniel de Alfonso, en la que presuntamente  buscaron argumentos para minar a dirigentes independentistas.

La solicitud de creación de la Comisión fue presentada por el PSOE el 20 de julio para conocer la utilización «partidista» que el Ministerio del Interior ha hecho del aparato del Estado para «perseguir, acosar y difamar» a los adversarios políticos, ha señalado Antonio Hernando, portavoz parlamentario socialista, este martes.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, aseguró que la propuesta de constituir una Comisión de Investigación era «enormemente irresponsable», con la que el PSOE está haciendo, según Hernando, «el trabajo sucio» los independentistas catalanes.